Marília Soares
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El uniforme en el banquillo tras la redada en la frontera
El reciente Operativo en Rivera ha dejado al descubierto una realidad que, aunque se sospecha con frecuencia en las zonas de frontera, no deja de indignar cuando se confirma con pruebas arriba de la mesa. La Jefatura de Policía de Rivera, en una actuación que buscaba golpear bocas de venta de droga, terminó encontrando el enemigo en casa. Siete personas resultaron detenidas en una serie de allanamientos que vinculan directamente el tráfico de estupefacientes con el contrabando de cigarrillos y, lo que es sumamente crítico, con la participación activa de funcionarios encargados de velar por la ley.
La investigación que dio origen a esta Intervención en Rivera comenzó rastreando movimientos sospechosos de comercialización de sustancias ilícitas en barrios periféricos de la ciudad fronteriza. Sin embargo, a medida que los efectivos avanzaban en la inteligencia, los nombres que aparecían en las escuchas y vigilancias provocaron un sismo interno en el Ministerio del Interior. Entre los capturados se encuentra un funcionario policial en actividad y dos exfuncionarios que, lejos de honrar el retiro, utilizaban sus conocimientos y contactos para facilitar el ingreso de mercadería ilegal y el flujo de estupefacientes.
Hallazgos comprometedores durante el Operativo en Rivera
Lo incautado durante el procedimiento habla por sí solo de la promiscuidad entre el delito y la función pública. En las viviendas allanadas durante la acción policial, los agentes se toparon no solo con 3,4 gramos de cocaína y una importante flota de 14 teléfonos celulares, sino también con prendas de uniforme oficial y carnés policiales. Estos elementos sugieren que la banda utilizaba la investidura para circular con impunidad o, peor aún, para realizar «aprietes» y maniobras delictivas bajo una falsa apariencia de legalidad que engañaba a la población civil.
Además del material logístico, el botín económico recuperado en el procedimiento oficial es contundente y evidencia el volumen de negocio que manejaba esta red. Se hallaron más de 7.300 dólares, unos 136.000 pesos uruguayos y una suma no especificada de moneda argentina, lo que confirma la transnacionalidad de sus operaciones en la frontera. Nueve cajas con casi 450 cartones de cigarrillos en infracción aduanera completan el cuadro de una organización que diversificaba sus ingresos saltando entre el narcotráfico y el contrabando mayorista sin mayores reparos éticos.
La depuración necesaria tras el Operativo en Rivera
Este episodio vuelve a poner el foco en los controles internos de la Policía Nacional y en la vulnerabilidad de los efectivos que trabajan en zonas calientes como la frontera con Brasil. El Operativo de seguridad demuestra que la cercanía con el dinero fácil del contrabando es una tentación constante que erosiona la moral de la fuerza. Resulta doloroso para los buenos policías ver cómo un colega en actividad utiliza su chapa y su arma reglamentaria para cubrir las espaldas de narcos y contrabandistas, mientras el resto de la sociedad intenta sobrevivir a una crisis de seguridad sin precedentes.
La camioneta incautada en el Control en Rivera será ahora objeto de peritajes para determinar si fue utilizada en otros hechos delictivos o si servía para el traslado de sustancias hacia el sur del país. La fiscalía ya tomó cartas en el asunto y se espera que las declaraciones de los siete detenidos aporten datos sobre otros posibles cómplices que todavía caminan por las calles de Rivera luciendo un uniforme. La transparencia en estos casos es fundamental para no perder la poca confianza que le queda al ciudadano de a pie en las instituciones que deben protegerlo.
Un mensaje de firmeza o un parche más
Desde el Ministerio del Interior se ha intentado presentar este Operativo en Rivera como una muestra de autodepuración, bajo la premisa de que no se tolerarán «ovejas negras» en las filas. Sin embargo, la frecuencia con la que aparecen policías vinculados al crimen organizado en el norte del país sugiere que el problema es estructural y no casos aislados. El contrabando en la frontera ha dejado de ser una cuestión de «bolseros» para convertirse en una estructura compleja donde la logística del narcotráfico utiliza las mismas rutas y los mismos contactos oficiales que la mercadería ilegal tradicional.
El éxito del Operativo en Rivera se medirá no por la cantidad de cigarrillos o gramos de cocaína incautados, sino por la capacidad de la justicia para desmantelar la red de protección política o policial que permitía a estos sujetos operar a plena luz del día. La sociedad uruguaya demanda respuestas que vayan más allá de las fotos de los detenidos cabizbajos. Se necesita saber quiénes son los que, desde las oficinas o las comisarías, firman los permisos invisibles para que el delito fluya sin problemas por los departamentos fronterizos.
¿Es posible confiar en una estrategia de seguridad nacional cuando los mismos que deben aplicarla terminan siendo los protagonistas de las crónicas policiales por narcotráfico y corrupción?