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Multas de tránsito en Uruguay: admiten que son impagables

Tras años de asfixia impositiva, los intendentes admiten que los valores son impagables y buscan desesperadamente bajar los montos para poder seguir recaudando.

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Radar de control de velocidad en una avenida de Uruguay, símbolo de las multas de tránsito en Uruguay y la recaudación municipal.
Los radares ocultos: la máquina de facturar que ahora los intendentes quieren "suavizar" porque nadie puede pagar.
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Multas de tránsito en Uruguay: la hipocresía de los intendentes ante un sistema quebrado

Parece que finalmente la realidad les pegó un bife en la cara a los jefes comunales. El Congreso de Intendentes anunció con bombos y platillos la creación de una comisión para bajar el monto de las multas de tránsito en Uruguay. ¿El motivo? Según Nicolás Olivera, presidente del Congreso e intendente de Paysandú, hay que «adecuar valores para que sean multas pagables al bolsillo de un trabajador». Una confesión de parte que llega tarde y que huele más a desesperación por la caja vacía que a una verdadera preocupación por el bienestar de los uruguayos.

Durante años, las sanciones de tránsito funcionaron como una suerte de «impuesto al descuido», con valores que en muchos casos superaban el salario mínimo de un obrero. Hoy, con una morosidad que escala hasta las nubes en casi todos los departamentos, los intendentes se dan cuenta de que el sistema se les volvió en contra. Si la gente no puede pagar, no recauda nadie. Así de corta es la bocha. Lo que presentan como una medida de alivio social es, en realidad, un manotazo de ahogado para intentar cobrar algo de la deuda acumulada.

La demagogia detrás de las multas de tránsito en Uruguay

El argumento de Olivera de que esto servirá para «readecuar conductas que se cobran vidas» es, como mínimo, un insulto a la inteligencia. Si el objetivo fuera la seguridad vial, la fiscalización sería educativa y en tiempo real. Sin embargo, el propio Olivera admitió que hoy un conductor se entera tres meses después de que cometió una infracción. En ese tiempo, las Infracciones viales no educan a nadie; solo funcionan como una trampa cazabobos que acumula intereses en el SUCIVE mientras el ciudadano sigue manejando igual.

¿Cómo se explica que recién ahora se den cuenta de que el bolsillo del trabajador no aguanta más? La respuesta está en los balances municipales. Con la venta de autos en baja y el costo de vida por las nubes, las intendencias necesitan flujo de caja. Bajar las contravenciones de tránsito no es un gesto de humanidad, es una estrategia comercial: prefieren cobrar el 50% de algo que el 100% de nada. Es la admisión de que el sistema de multas actual es confiscatorio e inviable.

Una comisión para «limpiar» la cara de las intendencias

La comisión interna que estudiará la rebaja de las penalizaciones por faltas viales tiene un plazo breve. No necesitan mucho tiempo para saber que si le ponés una multa de 15.000 pesos a un tipo que gana 25.000, el tipo va a elegir darle de comer a los hijos antes que pagarle la multa a la intendencia. El fracaso del sistema es absoluto y la morosidad elevada es la prueba de que los uruguayos le dijeron basta a la voracidad fiscal camuflada de «seguridad vial».

  • Valores confiscatorios: Montos que no guardan relación con los ingresos reales de la gente.

  • Morosidad récord: La deuda en el SUCIVE es tan grande que el sistema está bloqueado.

  • Falta de notificación: Multas que llegan meses tarde y pierden su efecto correctivo.

  • Caja desesperada: Intendencias que necesitan recaudar lo que sea antes de que termine el mandato.

¿Bajará realmente la siniestralidad con las multas de tránsito en Uruguay?

Es difícil creerle a un Congreso de Intendentes que se ha pasado décadas usando el tránsito para tapar agujeros presupuestales. Si bajan las actas de infracción solo para mejorar el cobro, la seguridad vial seguirá siendo la última de las prioridades. Lo que se necesita es un cambio de paradigma, donde la tecnología sirva para prevenir y no solo para facturar por correo tres meses después.

Nicolás Olivera dice que deben ser «mejores gestores». La pregunta es por qué no lo fueron antes. El daño ya está hecho: miles de uruguayos tienen sus vehículos bloqueados por deudas de sanciones administrativas de tránsito que se volvieron impagables por los recargos y la burocracia. Ahora, ante el abismo, proponen una rebaja. A llorar al campito con el discurso de la «preocupación por la vida». La preocupación de los intendentes es la planilla de Excel, y hoy los números no les cierran por ningún lado.

Conclusión editorial

La medida de bajar las multas de tránsito en Uruguay es la confirmación de un fracaso. Los intendentes se cebaron con los radares y las cámaras, convirtieron las calles en un coto de caza y ahora que la presa se murió de hambre, quieren resucitarla bajando los precios. Es hora de que el ciudadano entienda que esta rebaja no es un regalo; es la admisión de que nos estuvieron cobrando de más durante años. Menos comisiones y más respeto por el laburante, que ya no aguanta que le metan la mano en el bolsillo en cada esquina.

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