Marília Soares
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El repentino «arrepentimiento» recaudador de los intendentes
Parece que el ruido de las redes sociales y el malestar palpable en cada estación de servicio finalmente llegó a los despachos municipales. Un grupo de intendentes del Partido Nacional, encabezado por el jefe comunal de Durazno, Felipe Algorta, salió a reconocer lo que el uruguayo de a pie sabe hace tiempo: las multas de tránsito en Uruguay alcanzaron niveles que rozan lo confiscatorio. Bajo la curiosa frase de que la situación «se fue de mambo», los jerarcas nacionalistas ahora buscan dar marcha atrás con los montos que ellos mismos, en gran medida, avalaron en el pasado.
La reunión de los jefes comunales blancos puso sobre la mesa un sistema que parece haber perdido su fin educativo para transformarse en una máquina de facturar. Las multas de tránsito en Uruguay no solo han aumentado en cantidad debido a la proliferación de radares en rutas nacionales y calles urbanas, sino que sus importes han escalado a cifras que, para muchos trabajadores, representan un sueldo entero. Este «sinceramiento» político ocurre en un momento donde la presión impositiva es uno de los temas centrales de la agenda pública.
El argumento de Algorta contra las multas de tránsito en Uruguay
Felipe Algorta fue tajante al señalar que los importes actuales son desproporcionados. «Las multas son de unas sumas bastante elevadas. Cada vez más», admitió el intendente duraznense. Según su visión, no se trata de eliminar los controles ni de apagar los radares —herramientas que defienden para la seguridad vial—, sino de que el castigo económico sea razonable. Sin embargo, resulta difícil separar esta postura de la realidad fiscal de las comunas, que han visto en las sanciones por manejar mal un alivio financiero importante para sus presupuestos.
El intendente aclaró que las intendencias «no hacen presupuestos en función de lo que van a recaudar», una afirmación que genera escepticismo en los sectores de la oposición y en las asociaciones de conductores. Si el objetivo es preventivo, el monto no debería ser la variable principal, pero la realidad de los castigos económicos por infracciones viales muestra que el golpe al bolsillo es hoy la única respuesta del Estado ante las infracciones. El planteo nacionalista busca ahora que el Congreso de Intendentes revise «rápidamente» estos valores para evitar un desgaste mayor ante la ciudadanía.
Christian Morel y el apoyo de los intendentes del este
La postura de Algorta no es un grito en el desierto. Christian Morel, intendente de Cerro Largo, también se sumó a este pedido de cordura financiera. Para estos jerarcas, el sistema de multas de tránsito en Uruguay ha generado una distorsión donde el ciudadano se siente perseguido más que protegido. La unificación de las multas a través del Sucive fue un paso hacia la transparencia, pero también dejó al descubierto las enormes diferencias de criterio y la voracidad de algunos montos que hoy se pretenden corregir.
Este grupo de nacionalistas llevará el tema al próximo plenario del Congreso de Intendentes, donde esperan encontrar eco en sus colegas de otros partidos. El problema es que una baja en el costo de romper las reglas de tránsito implicaría, necesariamente, un recorte en los ingresos previstos por las intendencias. ¿Están dispuestos los intendentes a renunciar a esa «caja» en favor de un alivio para el conductor? La discusión promete ser tensa, especialmente entre quienes defienden el rigor del sistema actual como única vía para bajar la siniestralidad.
¿Campaña electoral o verdadera empatía con el contribuyente?
Es inevitable leer este movimiento en clave política. Proponer una rebaja en las sanciones viales es, sin dudas, una medida popular que cae bien en el electorado. Tras años de implementación de radares que «saltan» por excesos mínimos de velocidad, el malestar es generalizado. Los intendentes blancos parecen haber tomado nota de que el límite social se ha alcanzado y que seguir defendiendo importes exorbitantes por multas de tránsito en Uruguay puede pasarles factura en las urnas más que en las cajas municipales.
La revisión de los precios deberá pasar por un análisis técnico que determine qué es «razonable» y qué es «excesivo. Mientras tanto, miles de uruguayos siguen recibiendo notificaciones por infracciones captadas por cámaras ocultas o mal señalizadas. El desafío del Partido Nacional será demostrar que este pedido es genuino y no solo una maniobra distractiva para calmar las aguas antes de los próximos comicios. La credibilidad del sistema de multas de tránsito en Uruguay depende de que el castigo vuelva a tener un sentido de justicia y no de mera recaudación fiscal.
¿Es este pedido de los intendentes una muestra de sentido común o simplemente se dieron cuenta de que la gente ya no aguanta más el acoso de los radares?