Los museos de arte moderno de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín y Tolima, junto con el Museo Rayo de Roldanillo, han expresado su preocupación por la retirada de obras y objetos de las exposiciones abiertas al público del Museo Nacional. En un comunicado conjunto, estas instituciones subrayan que las decisiones sobre las piezas no deben dictarse por afinidades políticas y reclaman que cualquier modificación de los relatos museográficos sea respaldada por investigación, argumentos curatoriales y diálogo público.
Reacciones de los museos y el pronunciamiento del presidente
“Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, ni imponer una versión que suprima las demás”, afirmaron las instituciones en el texto dirigido a la ciudadanía colombiana y a la ministra de Cultura. El pronunciamiento surge tras la retirada de al menos 30 obras del Museo Nacional en Bogotá, incluidas afiches de las campañas presidenciales de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, candidatos de izquierda asesinados a principios de la década de 1990.
La decisión fue anticipada por declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella durante su primera visita oficial al Ministerio de Cultura. En esa ocasión, el mandatario instruyó retirar de los espacios públicos piezas que, según él, constituían una apología del terrorismo. “Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos. No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que hemos venido a enfrentar. No acepto la apología del terrorismo. En este Gobierno se acabó”, manifestó el presidente.
Impacto en la memoria histórica y su representación
Junto a la sala ‘Hacers sociedad’, también fueron removidas obras de la sala ‘Memoria y Nación’ del Museo Nacional de Colombia en Bogotá. En su declaración, las seis instituciones enfatizaron que los museos tienen la responsabilidad de ofrecer una imagen completa de la historia colombiana, incluidas las experiencias que puedan ser controvertidas o incómodas. Subrayaron que las obras de arte y los objetos de memoria son fundamentales para reconocer las experiencias, las luchas y las vidas que conforman el país.
“Retirarlos de la mirada pública empobrece nuestra capacidad de comprendernos como sociedad”, afirman los firmantes. El documento sostiene que la memoria histórica es fragmentaria y se construye a partir de experiencias variadas, silencios, desacuerdos y transformaciones. Bajo esta perspectiva, las instituciones insisten en que su función es establecer relaciones entre diferentes versiones del pasado y crear espacios para que se expresen múltiples miradas.
Propuesta de diálogo y revisión
Los museos también reconocen que sus relatos son incompletos y esperan que se los revise cuando sea necesario. Sin embargo, aseguran que las modificaciones deben llevarse a cabo mediante procesos de investigación, incorporación de nuevas voces y diálogo con las comunidades y personas representadas en las piezas. “Si una interpretación resulta insuficiente, corresponde complejizarla, hacer visibles sus límites y ponerla en conversación con otras experiencias”, señala el pronunciamiento.
Las instituciones defienden que las narrativas museográficas deben revisarse, pero insisten en que los cambios deben estar fundamentados en investigaciones, argumentos curatoriales y diálogo público, sin imponer una interpretación única de la historia. En este sentido, exhortaron a la ministra de Cultura a garantizar la autonomía profesional de los museos y fomentar una revisión pública y fundamentada de las decisiones tomadas, con la participación de los equipos curatoriales y las comunidades vinculadas con los objetos retirados.
Manifestaciones y discusión pública
La declaración también advierte que imponer una versión única de la historia mediante el silenciamiento de obras, experiencias o comunidades, constituye una forma de violencia. Según los firmantes, los museos contribuyen a la paz y la reconciliación al permitir que las diferencias se expresen y establezcan relaciones. Durante su mandato, el entonces presidente Gustavo Petro reconoció el sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural de la Nación.
El retiro de las piezas se inscribe en una discusión sobre la representación de figuras y símbolos vinculados con la historia política reciente de Colombia. Durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, el Ministerio de Cultura, entonces encabezado por Juan David Correa, declaró patrimonio cultural de la Nación el sombrero que Carlos Pizarro usó durante la firma del acuerdo de paz entre el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco. Ese objeto formó parte de una serie de símbolos promovidos durante la administración anterior, incluyendo la espada de Simón Bolívar, una bandera de la guerra de Independencia y la sotana del sacerdote Camilo Torres.
La retirada de las obras que integran el Museo Nacional de Colombia ha generado controversia. Tanto es así que durante la tarde y noche del sábado 17 de octubre, más de 500 personas se reunieron allí para protestar en defensa de la preservación y conservación de la memoria histórica del país. También se pudo observar la presencia de integrantes de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi), creada en el gobierno de De la Espriella, quienes resguardaban las instalaciones.
Entre los convocantes de la manifestación estuvo la exsenadora María José Pizarro, quien en su cuenta de X hizo un llamado a las 12:30 p. m. para exigir al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que garantizara el carácter pacífico de la jornada. A la protesta asistieron el exministro de Cultura Juan David Correa, las exministras Patricia Ariza y Susana Muhamad, así como colectivos feministas e integrantes de organizaciones de la población Lgbtiq+.
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