El Gobierno de Argentina ha vetado este miércoles las leyes de financiamiento universitario y de emergencia sanitaria en la salud pediátrica, en el marco de la aversión del presidente, Javier Milei, a acometer inversiones no previstas dentro de su política de déficit cero.
«Cuando no existen los recursos suficientes para solventar los compromisos asumidos, la consecuencia inevitable es el deterioro del sistema que se dice proteger, la aceleración inflacionaria y el empobrecimiento de los mismos sectores que se proclama amparar», ha argumentado el Ejecutivo argentino en el veto a la ley de financiamiento universitario difundido en el Boletín Oficial.
Ante esta decisión, el Congreso podría insistir y devolver la ley al Gobierno, algo a lo que ha aludido el diputado de Democracia para Siempre Pablo Juliano, que, a través de una publicación en la red social X, ha advertido a Milei de que «sus trabas ideológicas no pueden cercenar el futuro de los argentinos».
«Como diputados tenemos la obligación de insistir en la ley de Financiamiento Universitario. Acceder a una educación de calidad es condición imprescindible para progresar como individuos y como sociedad», ha defendido.
Asimismo, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) ha anunciado un paro nacional de 24 horas este viernes en todos los centros universitarios de Argentina, según el comunicado publicado en su web.
En el mismo texto, la FEDUN ha anunciado una marcha del Frente Sindical Universitario, los estudiantes y la comunidad universitaria, «a realizarse el día que se trate el rechazo al veto en el congreso, para defender la ley».
«Hay un fuerte compromiso de los y las docentes por sostener la universidad pública, que sigue siendo de calidad, gracias al esfuerzo de todos los trabajadores», ha afirmado el secretario general de la federación, Daniel Ricci.
Asimismo, el Ejecutivo de Milei ha vetado la ley que declara la emergencia en los hospitales pediátricos como marco legal, durante un año, para la asignación de fondos y el uso de reservas a fin de acometer una remodelación salarial del personal público y la exención del impuesto a las ganancias en algunos intervalos salariales.
«Independientemente de lo que pudiere pretender algún sector de la política, este Gobierno nacional no realizará ninguna acción que comprometa el equilibrio fiscal», recoge el veto a la norma publicado también en el Boletín Oficial.
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