La nueva ley orgánica de la armada de México
El Senado mexicano ha tomado una decisión histórica al aprobar la nueva Ley Orgánica de la Armada de México. Este marco legal otorga a la fuerza naval un conjunto de nuevas competencias que incluyen importantes áreas como la ciberseguridad, la supervisión de aduanas y las labores de guardia costera. En este contexto, la ley establece derechos específicos de visita y persecución de embarcaciones extranjeras, una medida que busca fortalecer la soberanía y seguridad marítima del país.
Detalles de la aprobación y los grupos involucrados
La aprobación de esta ley fue lograda con un contundente apoyo, resultando en 72 votos a favor provenientes principalmente de la coalición que incluye a Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. El texto aprobado destaca la participación activa de la Armada en la seguridad de las aduanas marítimas y en la protección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una estrategia que busca mitigar riesgos en puntos clave del transporte y comercio del país.
La ley también se propone formalizar y armonizar las atribuciones de la Armada, integrando sus operaciones con las de la Guardia Nacional. Entre las tareas que se destacan, se encuentran la lucha contra el tráfico de drogas, hidrocarburos, armas y personas, así como la atención a delitos graves como feminicidios, secuestros y extorsiones. Esto se entiende como un refuerzo a las operaciones de seguridad pública en conjunto con otras instituciones del Estado.
Cambios significativos en la estructura operativa de la armada
Como parte de los cambios introducidos por esta nueva legislación, habrá una reestructuración significativa en la jerarquía naval. Se establece un nivel intermedio entre los altos mandos y las fuerzas operativas, lo que promete una mejora en la coordinación y efectividad de sus funciones. Al mismo tiempo, esta nueva normativa sustituye al Estado Mayor General de la Armada por una Jefatura de Operaciones Navales.
Este nuevo enfoque busca no solo modernizar la operatividad de la Armada, sino también garantizar la igualdad de género dentro de la institución. Por primera vez, se establece que el personal de la Armada podrá ejercer el mando en cualquier nivel sin distinción de género, marcando un avance hacia la inclusión y la equidad en las Fuerzas Armadas.
Perspectivas críticas y advertencias de militarización
A pesar del entusiasmo por parte de los aliados de la medida, ha surgido un fuerte debate en torno a las implicaciones que esta ley podría tener. Durante las discusiones parlamentarias, el senador de Morena y presidente de la Comisión de Marina, Carlos Lomelí, enfatizó que el propósito no es la militarización del país, sino la protección a través de la disciplina, la eficiencia y la transparencia. Argumenta que esta legislación no ampliará el poder de las armas, sino que fortalecerá el imperio de la ley y la administración del Estado en áreas cruciales como los mares y el ciberespacio de México.
Sin embargo, voces críticas desde la oposición han cuestionado estos argumentos. La senadora del Partido Acción Nacional, Gerardina Campuzano, advirtió que la legislación tiende a «domesticar» a la Armada, concentrando poder en una sola persona a través de la creación de una Jefatura que, según ella, no responde a méritos, sino a decisiones presidenciales. Su opinión se alinea con la percepción de que esta concentración de mando puede alejar a la institución de principios de profesionalización y responsabilidad.
Adicionalmente, desde el Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales expresó su preocupación por la asignación de funciones civiles a cargos militares. Criticó que el 90% del contenido de la nueva ley es casi idéntico al de la normativa vigente, lo que sugiere que no hay un verdadero avance hacia la modernización, sino un intento de justificar una mayor intervención militar en asuntos que tradicionalmente han sido civiles.
La representante del Partido Revolucionario Institucional, Carolina Viggiano, también se unió a las críticas al señalar que la ley busca consolidar un dominio militar sobre funciones civiles tales como la vigilancia marítima, aduanas y tareas policiales. Esta percepción alarma a sectores que ven en esta legislación un paso hacia la militarización de esferas que, en su opinión, deberían estar bajo el control civil, planteando un debate fundamental sobre el futuro de la seguridad y la gobernanza en México.
