La menor tenía 15 años y era responsabilidad del Estado. No de sus padres, no de un familiar: del Estado uruguayo, a través del INAU. Y sin embargo, el 29 de abril salió de un centro del organismo y nadie la encontró durante más de un mes. Hasta que la Policía allanó una casa en el barrio Cerro del Marco de Rivera y la halló adentro, junto a un hombre de 38 años que tenía cocaína, pasta base, un revólver calibre 38 con el número serial suprimido, seis celulares y tres computadoras portátiles.
Que la menor haya dado positivo en marihuana tras el rescate no es un dato menor. Es el resumen de lo que ocurrió mientras el sistema que debía protegerla no actuó a tiempo.
Una adolescente bajo tutela del INAU estuvo más de treinta días desaparecida. Cuando apareció, lo hizo en el interior de una boca de drogas. El organismo no la había ubicado antes.
La investigación que el INAU no hizo primero
La fiscal de Rivera, Alejandra Domínguez, fue directa al explicar el origen del operativo: recibieron información de que una adolescente con salida no autorizada desde el 29 de abril podría estar en una vivienda usada como punto de venta de drogas. Fue la Policía, mediante tareas de inteligencia, quien obtuvo la orden de allanamiento y fue hasta la calle San Martín.
No fue el INAU quien encontró a la menor. Fue la Dirección de Investigaciones de Rivera.
Esa distinción importa. El INAU es el organismo encargado legalmente de la protección de los menores que tiene a cargo. Una adolescente de 15 años sin salida autorizada no es una situación administrativa: es una alerta de protección activa. Y la respuesta institucional no llegó por la vía que debería haber llegado.
«Se tuvo información de una adolescente que estaba con salida no autorizada de INAU con fecha 29 de abril, que podría estar en una casa que actuaría como punto de venta de drogas.»
— Fiscal Alejandra Domínguez, Rivera
Lo que encontraron adentro de la casa
El operativo policial en el barrio Cerro del Marco fue contundente en lo material. Se incautaron emboltorios con cocaína y pasta base, un revólver calibre 38 con número serial suprimido, municiones, seis teléfonos celulares y tres laptops. El perfil del operativo no deja lugar a dudas sobre la naturaleza del lugar: era una boca de drogas funcionando.
Elementos incautados en el allanamiento
- Revólver calibre 38 con signos suprimidos
- Cocaína y pasta base en emboltorios
- Municiones
- Seis teléfonos celulares
- Tres computadoras portátiles
- Adolescente de 15 años bajo tutela del INAU
La menor estaba con el imputado al momento del allanamiento. Los exámenes ordenados por la Fiscalía Semiespecializada de Tercer Turno arrojaron consumo positivo de marihuana. La justicia no tardó en actuar sobre lo que encontró: el Juzgado Especializado de Primer Turno ordenó al INAU trasladar de inmediato a la adolescente fuera del departamento de Rivera, con advertencia expresa de sanciones económicas diarias si no cumplía.
Dicho de otra manera: un juez tuvo que amenazar con multas al organismo estatal para que hiciera lo que debería haber hecho semanas antes.
La condena: cuatro años por tres delitos
El hombre, de 38 años, fue condenado como autor responsable de tres delitos en régimen de reiteración real: depósito de estupefacientes agravado por usar su vivienda como punto de almacenamiento, porte y tenencia de arma de fuego con serial suprimido, y retención de una persona menor de edad. La pena fue de cuatro años de penitenciaría.
Cuatro años. Para alguien que almacenaba drogas, tenía un arma ilegal y retuvo a una niña de 15 años bajo tutela estatal en ese contexto. La condena es la que es; la interpretación de si resulta suficiente quedará, como siempre, en el debate público.
El sistema que falló antes
Lo más incómodo de este caso no es la condena del imputado. Es lo que ocurrió antes de que la Policía llegara.
Una menor de 15 años, legalmente a cargo del INAU, desaparece el 29 de abril. Pasan días. Pasan semanas. No hay constancia pública de que el organismo haya movilizado recursos suficientes para encontrarla. Fue información policial —no del INAU— la que condujo al allanamiento del 31 de mayo.
En ese lapso, la adolescente estuvo en un entorno de narcotráfico, con un hombre adulto, y con acceso a sustancias. El sistema que debía protegerla no lo hizo. Y cuando la justicia la recuperó, le ordenó al mismo organismo que fallió que la trasladara, bajo amenaza de sanción.
No es un caso aislado ni una falla individual. Es un patrón que se repite en distintos departamentos del país: menores en situación de vulnerabilidad, bajo tutela formal del Estado, que terminan en circuitos de violencia o narcotráfico mientras la institucionalidad responde tarde, lento o no responde.
La condena del hombre de 38 años cierra una parte del expediente. La otra parte —la del Estado como garante fallido de esa niña— no tiene sentencia.
