Menor asesinado por su padre: Autopsia revela torturas brutales

Crónica de una muerte anunciada y un Estado que no sirve para nada

A Jonathan lo mataron a golpes, pero el primer puñal se lo clavó el sistema mucho antes. El caso del menor asesinado por su padre en Flor de Maroñas no es solo la historia de un psicópata suelto en su propia casa; es la radiografía exacta de un Estado burocrático, inútil y cómplice por omisión, que recibe alertas rojas y decide mirar para el costado hasta que ya es demasiado tarde.

«Era muy inteligente y no se metía con nadie», dijo un compañero de la UTU, resumiendo la vida de un pibe de 15 años al que le robaron el futuro. La autopsia fue un cachetazo de realidad: el cuerpo estaba morado por una violencia prolongada en el tiempo. La fiscal Sabrina Flores fue gráfica y brutal durante la audiencia: las lesiones internas eran tantas que los forenses ni siquiera pudieron constatar dónde había empezado el sangrado masivo.

Lo molió a puñetazos, patadas y probablemente a rebencazos con un cable o cinturón. Después, como quien descarta basura, intentó esconder el cadáver tirándolo en una cuneta a metros de su casa. El hombre, un hurgador y feriante de 37 años, fue formalizado por homicidio especialmente agravado. Pero la verdadera pregunta que nos hacemos todos es: ¿dónde demonios estaban las instituciones que cobran sueldos millonarios para proteger a la infancia?

Las denuncias ignoradas: la complicidad burocrática

Acá no hay excusas de «no sabíamos». El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, admitió que la UTU a la que asistía el adolescente asesinado en Flor de Maroñas ya había presentado denuncias el año pasado por claras situaciones de violencia física. Se presentó en los lugares que se tenía que presentar, pero no tuvo la resolución que esperaba», declaró, lavándose las manos con un tecnicismo que da asco.

¿Qué hizo la Justicia cuando recibió la denuncia? Mandó a la policía a preguntarle a la madre, quien (presumiblemente también víctima de violencia intrafamiliar) dijo que el pibe se había golpeado «jugando al fútbol. Fin de la investigación. Cerraron la carpeta y se fueron a tomar mate.

Ningún fiscal se molestó en rascar un poco más. Nadie activó un protocolo serio. Desde el INAU declararon impunemente que no tenían registros del joven desde 2013, cuando dejó de ir a un CAIF, y que «no les llegó ninguna notificación». La desidia es total. Tenemos un Estado gigante que gasta fortunas en campañas de concientización, pero cuando una profesora denuncia que un alumno llega molido a palos, lo mandan de vuelta al matadero.

El entorno de silencio y la hipocresía social

Mientras el monstruo de 37 años espera en prisión preventiva (y su abogado ya pide pericias psiquiátricas para ver si lo zafa por inimputable), el foco también se pone sobre el entorno. La madre de la víctima fue linchada mediática y físicamente por vecinos, que le colgaron carteles de «asesina» y la agredieron, terminando ella internada.

Si bien su rol se está investigando, este comportamiento de turba enfurecida demuestra nuestra hipocresía como sociedad. Los mismos que hoy cuelgan carteles son, muchas veces, los que escuchan los gritos a través de la pared y no llaman al 911 «para no meterse en problemas de pareja.

La hermana pequeña de Jonathan, de nueve años, que estaba en la casa la noche del crimen, ahora está en un hogar del INAU. Esperemos que con ella el Estado no aplique la misma omisión criminal que tuvo con su hermano.

¿Quién paga por la inacción del Estado?

El dolor de los compañeros de Jonathan no se va a curar con un comunicado de prensa de la ANEP ni con una marcha barrial. El sistema de protección a la infancia en Uruguay está roto, saturado de burócratas de escritorio que le tienen pánico a intervenir en los barrios complejos.

A este adolescente no solo lo mató un padre violento. Lo mató un policía que creyó la excusa del partido de fútbol. Lo mató un fiscal que archivó la causa por comodidad. Lo mató un INAU ausente.

No podemos seguir tolerando que la inacción judicial cueste vidas. Es hora de exigir destituciones y responsabilidades penales para los funcionarios que no hacen su trabajo. Porque mientras no ruede ninguna cabeza en las oficinas públicas, el caso del menor asesinado por su padre solo será un expediente más en un cajón lleno de sangre.