Presentan el primer Índice Multidimensional de Pobreza Energética en Perú
Cerca de 12,5 millones de peruanos, lo que equivale a aproximadamente el 38% de la población, viven en condición de pobreza energética, según los resultados del primer Índice Multidimensional de Pobreza Energética del Perú (IMPE Perú), dado a conocer este jueves por Promigas.
Principales carencias y metodología de medición
El informe identifica diversas privaciones en los hogares, que van desde la calidad del suministro eléctrico y la disponibilidad de combustibles para cocinar, hasta la falta de electrodomésticos, conectividad y servicios en el entorno familiar.
El IMPE Perú fue elaborado por Promigas en alianza con la Fundación Promigas, en colaboración con Inclusión SAS y con respaldo de Apoyo Consultoría. La metodología emplea información proveniente de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) correspondiente al año 2025 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Definición y alcance del índice
Una persona se considera en situación de pobreza energética cuando su vivienda presenta privaciones que afectan al menos el 30% de los 15 indicadores evaluados. En promedio, los hogares en esta situación presentan una intensidad de privaciones del 49,3%.
El índice distribuye las privaciones en cuatro dimensiones: acceso y calidad de la energía, con un peso del 40%; vivienda funcional y liberadora de tiempo, 25%; aprender y comunicarse, 25%; y territorio equipado para el bienestar, 10%.
Brechas regionales y diferencias según etnia
El estudio revela que la brecha es más acentuada en las zonas rurales, donde el 92,2% de su población vive en pobreza energética, en contraste con el 27% de las áreas urbanas. Sin embargo, la mayoría de las personas afectadas reside en ciudades, representando 7,4 millones frente a los 5,1 millones en zonas rurales.
En cuanto a la distribución regional, Huancavelica encabeza la incidencia con un 82,7%, seguida por Huánuco con un 82,4% y Loreto con un 79,9%. En el extremo opuesto, Lima reporta un 5,1%, Callao 6,3%, Ica 10,8%, y Arequipa 14,1%.
Además, las privaciones varían según la pertenencia étnica. La incidencia alcanza el 77,6% en la población indígena amazónica, 60,1% en la población quechua, y 59,2% en la aimara. Entre los afroperuanos, la tasa de privación llega al 50,3%, siendo significativamente menor en grupos mestizos y de raza blanca.
Factores y propuestas para la expansión del acceso energético
Uno de los factores con mayor incidencia en la privación de servicios básicos es la calidad del suministro eléctrico, donde el 35,5% de los peruanos vive en distritos con interrupciones frecuentes, en 1.283 localidades identificadas por Promigas.
Por otro lado, el acceso a combustibles adecuados para cocinar es otra vulnerabilidad importante, ya que el 22,8% de la población, cerca de 8 millones de personas, no cuenta con gas u otra fuente limpia. Entre quienes ya enfrentan pobreza energética, el 58% presenta privaciones relacionadas con el energético para cocinar y aproximadamente el 70% vive en distritos con problemas en el servicio eléctrico.
La exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, destacó que este índice amplía la visión sobre las necesidades de los hogares. “Si solo consideramos la pobreza monetaria, limitamos la percepción de la realidad, sin verificar si las personas pueden ejercer la vida que desean”, expresó durante la presentación.
El viceministro de Políticas y Evaluación Social, Carlos Humberto Salazar García, subrayó que la pobreza energética urbana puede quedar oculta a pesar de la cobertura formal de servicios, ya que tener un medidor de electricidad no implica que la vivienda no tenga otras deficiencias que aumentan los costos y el tiempo invertido en necesidades básicas.
Propuestas para reducir la pobreza energética y expansión del gas natural
Durante el evento, el presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas Payán, vinculó los resultados del índice con la necesidad de promover un acceso más rápido a energéticos adecuados. Rojas afirmó que cocinar con combustibles inadecuados, como la leña, no solo requiere tiempo y dinero, sino que también expone a los hogares a humos y riesgos para la salud.
Asimismo, destacó que la conexión al gas natural puede reducir gastos y liberar tiempo para las familias. Sin embargo, aclaró que los datos comparativos no permiten establecer una relación de causa y efecto entre la presencia del servicio y la reducción de la pobreza energética.
Promigas propuso elevar el tope de consumo fijado en la Ley 32315, publicada en abril de 2025, para facilitar la expansión del gas natural fuera de Lima. La ley, que inicialmente permitía un consumo máximo de 50,000 metros cúbicos mensuales, fue diseñada para reducir las diferencias de precios del gas entre Lima y las regiones, y plantea la necesidad de incluir industrias, comercios de alto consumo y estaciones de vehículo con gas natural en dichas redes.
El ejecutivo planteó retomar incentivos como Bonogas, financiado por el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), y avanzar con una tarifa nivelada que, aunque requiere de un esfuerzo conjunto del gobierno y el Congreso, permitiría acelerar la masificación del uso del gas natural en todo el país.





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