Ley de Farmacias: el escudo que el Frente Amplio decidió ignorar por ideología
El Frente Amplio parece haber encontrado un agujero negro legal —o al menos así lo pretenden— para llevar adelante su agenda de apoyo al régimen cubano. En las últimas semanas, los comités de base y diversas sedes del PIT-CNT se han transformado en centros de acopio de remedios e insumos médicos. Bajo el lema de la solidaridad internacional, se recolectan desde antibióticos hasta materiales quirúrgicos. Sin embargo, esta movida choca de frente contra la Ley de Farmacias, una normativa que no fue escrita para ser interpretada según el color del carnet partidario de quien la lee.
La recolección de fármacos por fuera de los canales legales no es un tema menor ni un capricho burocrático. El Decreto-Ley 15.703 es clarísimo al respecto: la manipulación y distribución de productos terapéuticos es competencia exclusiva de establecimientos habilitados. El objetivo de la seguridad sanitaria es garantizar que lo que llega al paciente tenga trazabilidad, cadena de frío y un control profesional que un militante en un comité de base, por más buena voluntad que tenga, simplemente no puede ofrecer.
La peligrosa «farmacia» paralela del PIT-CNT y el oficialismo
Lo que está ocurriendo en locales como el de la calle Jackson es una violación flagrante a la normativa vigente. La central sindical uruguaya y la fuerza política de izquierda han montado una red de distribución que salta todos los controles del Ministerio de Salud Pública. ¿Quién asegura que esos medicamentos no perdieron efectividad? ¿Quién controla que no se estén enviando fármacos vencidos o mal conservados? La norma uruguaya es tajante: la dispensación solo puede hacerse a través de farmacias y droguerías autorizadas.
Este «vale todo» ideológico pone en duda la coherencia de quienes exigen regulaciones estrictas para todo el mundo, menos para sus propias brigadas. Mientras el ciudadano común debe cumplir con mil requisitos para habilitar un comercio, el Ministerio de Salud Pública parece ser un espectador de lujo ante una campaña que se promociona abiertamente en redes sociales. La solidaridad con Cuba no puede ser una patente de corso para poner en riesgo la salud pública o para ningunear las leyes que rigen para todos los uruguayos.
¿Dónde termina la ayuda y empieza la ilegalidad?
El argumento del «bloqueo» es el comodín eterno para justificar cualquier desprolijidad. Pero la realidad es que el Decreto-Ley 15.703 no contempla excepciones por razones políticas. Cualquier acopio de insumos médicos fuera de una farmacia habilitada es, técnicamente, una actividad ilegal. La pregunta que surge es obvia: ¿qué pasaría si un club de barrio o una ONG de otro signo político hiciera lo mismo? Seguramente, los mismos que hoy recolectan cajas de remedios estarían gritando en el Parlamento por la falta de control sanitario.
Riesgo de trazabilidad: No hay registro de dónde vienen ni cómo se guardaron esos remedios.
Falta de dirección técnica: Los comités de base no tienen un químico farmacéutico responsable.
Doble vara política: Exigir leyes para los demás y esquivarlas para la militancia propia.
Esta movida se da, además, en un contexto donde el sistema de salud local tiene sus propias urgencias. Resulta paradójico que se ponga tanto esfuerzo logístico en saltearse la normativa para enviar recursos afuera, mientras se critica la gestión interna de los medicamentos en los hospitales públicos. La prioridad, al parecer, es mantener viva la llama de la Revolución, aunque para eso haya que pisotear el marco jurídico nacional.
La omisión del MSP ante el avance de las «brigadas sanitarias»
Es llamativo el silencio de las autoridades ante este despliegue. El control de la distribución de fármacos es una de las tareas más sensibles del Estado uruguayo. Permitir que organizaciones civiles, partidos políticos o sindicatos manejen sustancias químicas medicinales sin control es abrir una puerta que después será muy difícil de cerrar. Si la seguridad sanitaria deja de ser una prioridad frente a la conveniencia política, entonces el sistema entero pierde su razón de ser.
La central obrera y el partido de izquierda deberían ser los primeros en respetar las leyes que protegen la salud de la población. En cambio, prefieren la foto de las cajas apiladas rumbo a La Habana antes que el cumplimiento de la norma. Es el triunfo del relato sobre la legalidad, una práctica que se está volviendo costumbre en ciertos sectores que se sienten por encima del bien y del mal.
Conclusión: Las reglas son para todos o para ninguno
Para cerrar, hay que recordar que las leyes no son sugerencias. La Ley de Farmacias existe para proteger a la gente, no para que un dirigente político decida cuándo se aplica y cuándo no. El Frente Amplio debe entender que la solidaridad no es un pase libre para la ilegalidad. Si realmente quieren ayudar, deberían hacerlo a través de los canales institucionales y no montando una estructura paralela que desafía toda lógica sanitaria.
El respeto por la institucionalidad se demuestra en los hechos, no en los discursos. Mientras se sigan llenando bolsos con medicamentos en los comités de base, la sensación de que hay uruguayos de primera y uruguayos de segunda —que deben cumplir la ley— seguirá creciendo. El cumplimiento de la Ley de Farmacias no es negociable, ni siquiera en nombre de la militancia internacional.
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