Fracaso del sistema: la ley de faltas en Uruguay apenas logra condenas

La ley de faltas en Uruguay, aprobada originalmente en 2013 como una herramienta para combatir las incivilidades y delitos menores, se encuentra hoy en el centro de una tormenta parlamentaria. Lo que nació como un instrumento innovador para sancionar conductas que afectan la convivencia, como arrojar residuos o infracciones en el tránsito, ha caído en una inoperancia que alimenta la sensación de impunidad en las calles. La preocupación no solo habita en las bancadas de los partidos, sino que ha llegado al despacho de la Fiscalía General de la Nación, donde admiten que la estructura actual de la norma es, en los hechos, impracticable.

Según datos recientes, la transgresión de las normas de tránsito representa más del 90% de los expedientes iniciados bajo el amparo de la ley de faltas en Uruguay. Sin embargo, la brecha entre el inicio de un asunto judicial y su conclusión con una sentencia efectiva es alarmante. El debate se ha instalado con fuerza en la Comisión de Transporte de la Cámara de Representantes, donde legisladores y jerarcas de la Unasev buscan una salida legal que permita «cerrar el círculo» punitivo y devolverle la autoridad perdida a la normativa nacional.

Un sistema judicial que archiva más de lo que sanciona

El diagnóstico de la Suprema Corte de Justicia sobre la aplicación de la legislación menor en Uruguay es demoledor. Si bien los asuntos iniciados pasaron de poco más de 10.000 en 2014 a casi 19.000 en 2024, la efectividad del proceso ha caído en picada. De los casos concluidos en los últimos años, una cifra ínfima termina en sentencia definitiva, mientras que la mayoría absoluta se resuelve mediante la clausura del caso, el sobreseimiento o la prescripción del hecho. Esta realidad técnica demuestra que el sistema está procesando expedientes que, por falta de tiempo o recursos, terminan en la nada.

Uno de los puntos ciegos de el régimen de faltas en Uruguay es su desfasaje con el actual Código del Proceso Penal (CPP). La normativa fue redactada bajo la lógica del viejo sistema inquisitivo, lo que genera fricciones constantes en las audiencias actuales. La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, señaló que la escasez de recursos humanos obliga a los fiscales a priorizar delitos de mayor gravedad, dejando las faltas en un segundo o tercer plano de importancia. La dificultad para que los fiscales comparezcan físicamente a las audiencias de faltas es, hoy por hoy, el principal cuello de botella del sistema.

Iniciativas parlamentarias para rescatar la normativa

Frente a este escenario, los diputados han comenzado a mover sus fichas para reformular la normativa sobre faltas en Uruguay. El diputado Pablo Inthamoussu, exdirector de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, lidera la visión de que el cambio es «un hecho» y busca un diálogo fluido con el Poder Ejecutivo para que la reforma sea integral. Por su parte, desde la coalición oficialista surgen propuestas que buscan «ingenio» ante la falta de presupuesto, como el proyecto del diputado colorado Mauricio Viera, que propone permitir que la actuación fiscal sea por escrito, liberando al magistrado de la carga horaria que implica la presencialidad.

Otra de las patas de esta reforma busca atacar la «viveza criolla» en el tránsito. El diputado nacionalista Pedro Jisdonian presentó un proyecto para incluir específicamente en la ley de faltas en Uruguay la circulación con matrículas ilegibles, adulteradas o, directamente, sin placas. Según el legislador, ocultar la identidad del vehículo es una declaración de intención de no cumplir con las normas, y el sistema actual no tiene herramientas contundentes para castigar esta conducta que ha crecido de la mano con un mercado de motos que el gobierno considera «desregulado.

El desafío de las motos y el trabajo comunitario

La estadística es clara: la conducción de vehículos sin autorización correspondiente, delito previsto en el artículo 365 del Código Penal y vinculado a la ley de faltas en Uruguay, creció más de un 700% en la última década. El 90% de los vehículos incautados en estos procedimientos son motos, conducidas mayoritariamente por hombres con una media de edad de 32 años. La preocupación oficial radica en que, a pesar de las incautaciones, la sanción educativa o reparadora, como el trabajo comunitario, ha bajado su frecuencia de aplicación, debilitando el mensaje de responsabilidad ciudadana.

La reformulación de la ley de faltas en Uruguay no solo es una necesidad jurídica, sino un imperativo de seguridad vial. Si el sistema no logra sancionar eficazmente a quien conduce alcoholizado, sin licencia o a exceso de velocidad, la ley se convierte en un simple papel decorativo. La Unasev prevé una ronda de conversaciones intensas para unificar los proyectos de la oposición y el gobierno antes de fin de año, buscando que el 2026 sea el año en que la convivencia en las calles recupere su marco legal efectivo.