Ley 18.033: la grieta moral que premia la militancia y castiga el sudor del laburante

En el Uruguay de los «derechos», parece que algunos ciudadanos nacen con más beneficios que otros, especialmente si tienen el carné de militante colgado del cuello. La Ley 18.033 se ha transformado, con el paso de las décadas, en una bofetada constante para el trabajador privado que ve cómo sus impuestos se esfuman en financiar jubilaciones de oro para una casta protegida. Mientras el discurso oficial se llena la boca hablando de igualdad, la realidad en los cajeros del BPS muestra una fractura obscena: jubilados de primera, amparados por la Norma, y jubilados de segunda que sobreviven con migajas.

Esta normativa, parida en 2006 como una supuesta «reparación», ha mutado en una herramienta de transferencia de riqueza desde el bolsillo del empleado común hacia quienes supieron capitalizar políticamente su pasado mediante el reglamento. No estamos hablando de monedas; estamos hablando de montos que insultan la inteligencia de cualquier uruguayo de a pie. En un país donde la mínima no llega a cubrir una canasta básica digna, sostener la vigencia de la legislación es, por lo menos, una provocación a la paz social y a la ética del trabajo.

El contraste obsceno entre el aporte real y la Ley 18.033

Es hora de llamar a las cosas por su nombre: el mandato creó un sistema de castas previsional que divide al país. Por un lado, tenés al comerciante, al peón rural o a la empleada doméstica que aportaron cada vintén durante 30 o 40 años para terminar cobrando una jubilación que apenas les permite elegir entre los remedios o la comida. Por el otro, este régimen especial de la Ordenanza que otorga pensiones que superan los 80.000 o 100.000 pesos uruguayos a personas que, en muchos casos, ni siquiera residen en el país.

La lógica de este beneficio extraordinario del Estatuto rompe cualquier criterio de equidad contributiva que deba regir en una democracia. El mensaje que el sistema político le manda a los jóvenes es devastador: no te esfuerces por aportar, no te mates laburando en blanco, porque al final del camino, lo que realmente vale es el amparo de la normativa vigente. Esta normativa ha institucionalizado la idea de que el Estado es una vaca lechera para quienes ostentan una narrativa histórica conveniente, mientras el resto de la sociedad se hunde pagando tarifas de primer mundo.

El silencio cómplice sobre la polémica Ley 18.033

Lo que más ruido hace en este escenario es la mudez de la supuesta oposición política frente a el marco legal. Nadie se anima a meterle el diente a este sistema de pensiones por miedo al carpetazo o al mote de «facho» que el progresismo reparte con tanta ligereza. Existe un pacto de caballeros para no tocar los privilegios de la disposición oficial, porque saben que es un avispero que toca a muchos de los suyos. El miedo a ser políticamente incorrecto sobre el mandato estatal está saliendo carísimo: nos cuesta escuelas que se caen a pedazos.

Cuestionar estos beneficios no es negar la historia, es tener sentido común en un país envejecido que no aguanta más presión fiscal por la Ley 18.033. Cada peso que se va en una pensión vitalicia y hereditaria de este régimen especial es un peso que se le roba al niño que nace en la pobreza. La Ley 18.033 no es justicia social; es un seguro de vida para una elite que se autopercibe moralmente superior y cree que el resto del Uruguay debe mantener su estándar de vida.

Un sistema insostenible que castiga la decencia mediante la Ley 18.033

La pregunta que queda flotando es si el Uruguay productivo va a seguir agachando la cabeza ante la Ley 18.033 y su estafa ética. No podemos permitir que el pasado se convierta en un negocio financiero para unos pocos a través de la Ley. Esta norma debe ser revisada de forma urgente, eliminando su carácter hereditario y ajustando los montos a la realidad del país. Si queremos un futuro próspero, hay que dejar de premiar la excepción política que representa la regla jurídicay empezar a valorar la regla del esfuerzo.

El descreimiento en la política no cae del cielo; nace de ver estas injusticias consagradas por el estatuto aprobado. Si trabajar y cumplir no garantiza una vejez digna, pero la ordenanza sí te asegura la heladera llena, entonces el contrato social está roto. El país no falla por falta de recursos, falla porque los recursos se usan para aceitar los privilegios de quienes usan al cuerpo normativo como escudo. Esta normativa es el síntoma de una enfermedad institucional que nos está carcomiendo la moral como sociedad.

¿Será que algún día aparecerá un líder con el coraje suficiente para derogar la Ley 18.033 y decirle a esta casta que el banquete se terminó?