En las calles de Marconi o Cerro Norte, la presencia policial es una moneda al aire: a veces es insuficiente, otras veces parece llegar tarde. Ahora, el gobierno ha decidido sumar un actor inesperado al tablero: los vehículos del Ejército. Pero el anuncio, hecho con la urgencia de quien intenta tapar el sol con un dedo, está dejando más interrogantes que certezas. ¿Quién manda en el Mamba? ¿Qué pasa si la situación se desboca y un soldado se ve obligado a disparar?
La escena es surrealista: ministerios discutiendo sobre quién paga el combustible mientras los barrios siguen bajo el control territorial de las bandas. El despliegue de los blindados Mamba MK7, diseñados para misiones de paz en el extranjero, hoy se reconfigura como el último recurso de un Ministerio del Interior que no logra contener la marea.
El caos operativo y el vacío legal de los Vehículos del Ejército
El gran elefante en la habitación es el armamento. Fuentes oficiales confirmaron que, a horas de iniciar el despliegue, todavía se discute si los militares que operarán los vehículos del Ejército llevarán armas. La idea parece sacada de una reunión de oficina sin calle: un conductor militar supervisado por un policía que quizás no sabe manejar el blindado, en una zona donde la vida se define en segundos.
La improvisación duele. Si el soldado va desarmado, es un blanco fácil; si va armado, el riesgo legal ante cualquier incidente es una bomba de tiempo que el propio Guido Manini Ríos ya se encargó de recordar. El «ya vimos esta película» del líder de Cabildo Abierto suena a advertencia premonitoria, una que parece no haber calado hondo en los despachos de la Plaza Independencia.
La Operación Dominio y un despliegue que genera rechazo
Desde el Ministerio del Interior, la ministra Sandra Lazo intenta bajar los decibeles asegurando que esto es solo «apoyo logístico». Es el eufemismo favorito de la política para decir que no saben bien cómo meter a los militares en tareas policiales sin que el Frente Amplio se les dé vuelta. Pero, ¿alguien cree realmente que entrar con un blindado militar a un barrio de Montevideo es solo «logística»?
La Digoe, con todo su despliegue y su aura de unidad de élite, ahora se ve obligada a coordinar con un Ejército que fue entrenado para la ONU, no para lidiar con el narcomenudeo en los pasajes de Marconi. La mezcla es explosiva. El entrenamiento internacional y los equipos donados por Estados Unidos terminan convertidos en una suerte de patrullero caro, esperando que el simple despliegue de metal disuada lo que la inteligencia policial no pudo prevenir.
¿Solución de fondo o show mediático?
El presidente Yamandú Orsi ha puesto su firma debajo de este plan, con la convicción de quien busca un impacto visual rápido antes que un cambio estructural. Se habla de pagos, de convenios entre ministerios y de horas de servicio, pero nada de eso le devuelve la paz al vecino que vive con rejas y miedo.
Mientras tanto, los vehículos del Ejército aguardan en sus hangares. Lo que debería ser una herramienta de último recurso para una fuerza de paz, terminará rodando sobre el pavimento desgastado de los barrios más postergados de la capital. El gobierno cree que ha encontrado la fórmula para ganar la guerra al crimen; la realidad, sin embargo, suele ser mucho más implacable que una reunión de coordinación entre mandos militares y policiales. La pregunta no es si entrarán, sino qué pasará cuando, inevitablemente, algo salga mal.
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