Mientras el mundo celebra una distensión geopolítica histórica que ha desplomado el precio del petróleo crudo, el Gobierno de Orsi ignora esta realidad en Uruguay. La nafta Súper a $93,36 y el gasoil a $61,76 no son meras cifras en un surtidor; por el contrario, representan la prueba palpable de una gestión que prefiere la voracidad fiscal antes que el bienestar de su gente.
El Gobierno insiste en justificar lo injustificable. Hablan de «contexto internacional» como si los ciudadanos no tuvieran acceso a la información global. No obstante, la realidad es muy distinta: mientras el Brent y el WTI caen un 5% en los mercados, en el «paisito» el precio en surtidor sigue una línea ascendente. ¿Dónde quedó la promesa electoral de aliviar la carga al ciudadano? Ciertamente, ha quedado archivada junto a otras promesas de campaña que se disolvieron al tocar el poder.
El mecanismo de extracción fiscal del Gobierno de Orsi
La asimetría actual no es producto del azar. En realidad, es una arquitectura diseñada con precisión quirúrgica para alimentar al leviatán estatal. El sistema de control de hidrocarburos bajo la administración actual funciona bajo una lógica perversa: cuando el crudo sube, el golpe al bolsillo es instantáneo; en cambio, cuando baja, el Estado se queda con la diferencia. Mediante decretos mensuales, el Ejecutivo decide qué parte del alivio internacional llega a los hogares y qué parte se retiene para las arcas fiscales.
Es evidente que no es que no quede más remedio, sino que la prioridad es financiar un gasto público desmedido. El ajuste de junio de 2026, aplicado en pleno escenario de distensión global, confirma que la política energética ha sido despojada de cualquier fin social para convertirse en una herramienta de recaudación pura. Consecuentemente, es, en la práctica, un impuesto regresivo que castiga a quien produce, a quien transporta y a quien, simplemente, intenta llegar a fin de mes.
Políticas energéticas que asfixian al trabajador uruguayo
Por otra parte, el Ejecutivo parece vivir en una burbuja. Mientras el pequeño productor rural ve cómo sus costos de operativa se disparan, el gobierno se aferra al discurso de la «realidad internacional» para ocultar su propia incapacidad.
Esta política no es un accidente, sino una elección ideológica. Se prioriza el equilibrio presupuestario a costa de erosionar el poder adquisitivo de los uruguayos que trabajan. Al intervenir persistentemente en los precios, el Gobierno de Orsi no solo genera distorsiones innecesarias, sino que atenta contra la competitividad del país.
Por añadidura, el trabajador de a pie es quien termina pagando la cuenta de una administración que, lejos de ser el motor de desarrollo prometido, se ha convertido en un freno para la inversión. Bajo el mando actual, la política de combustibles dejó de ser un servicio para transformarse en un botín fiscal. Por lo tanto, la pregunta no es si el Ejecutivo sabe que el petróleo baja, sino hasta cuándo pensará que los ciudadanos seguirán creyendo en sus excusas.
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