Uruguay Al Día
Justicia paralizada en Salto: silencio, acomodos y escándalos sin castigo
En Salto, donde el aire político está viciado desde hace años, las denuncias más serias parecen haberse topado con un muro de concreto: la parálisis judicial. Andrés Lima gobernó el departamento entre 2015 y 2025 con dos mandatos salpicados de observaciones, escándalos éticos y acusaciones formales que hoy reposan en el archivo polvoriento de la Fiscalía. Nadie ha sido imputado. Nadie ha declarado. Nadie parece apurado por saber la verdad.
Durante su gestión, Lima acumuló más de mil observaciones del Tribunal de Cuentas por contrataciones directas, reiteraciones de gastos y licitaciones truchas. Designó familiares, repitió acomodos, repartió terrenos y materiales a militantes con lógica electoral, y aun así no enfrenta cargos judiciales de ningún tipo.
A comienzos de 2024, un audio filtrado encendió todas las alarmas. Una referente política ligada a Lima ofrecía terrenos a cooperativas de vivienda a cambio de “militancia”. Nada sutil. “Están midiendo eso”, decía, en referencia a cuánta participación política demostraba cada grupo para recibir la adjudicación. ¿El resultado? Un comunicado del sector, una desvinculación política, y fin del asunto. Sin fiscales, sin jueces, sin indagatoria.
Ese mismo año, el diputado Rodrigo Albernaz presentó una denuncia penal con elementos contundentes: uso clientelar de recursos públicos, entrega de bienes municipales a militantes, y hasta acusaciones de operar como una red organizada para mantener poder. Más tarde, el edil Facundo Marziotte sumó nuevas pruebas: resoluciones y actas que mostraban cómo se entregaban terrenos de forma irregular a dirigentes frenteamplistas cercanos a Lima. ¿Qué pasó? Nada. La causa sigue sin fiscal asignado.
Es imposible no mirar hacia el otro lado del mostrador: la Justicia. ¿Cómo explicar que una intendencia denunciada por prácticas sistemáticas de clientelismo no haya generado ni una citación en cinco años? La Fiscalía de 2º Turno en Salto –a la que le fue derivado el caso Lima– no tomó declaración ni a denunciantes ni al exintendente. El expediente duerme. La ciudadanía observa. El sistema calla.
La crítica se vuelve inevitable. En un país que presume de institucionalidad, cuesta entender cómo la Fiscalía General de la Nación permite que un caso de presunto uso político de recursos del Estado no se mueva ni un centímetro. Y no se trata de falta de denuncias anónimas o trascendidos. Son escritos firmados, documentos oficiales, audios confirmados, repartos de materiales con nombres, fechas y testigos. ¿Dónde están las órdenes de investigación? ¿Quién controla al controlador?
Pero la omisión no es solo del sistema judicial. La oposición política, especialmente a nivel departamental, ha sido errática, fragmentada y en muchos casos funcional al status quo. En varias ocasiones, los ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado tuvieron la oportunidad de exigir auditorías o conformar comisiones investigadoras en la Junta Departamental. Sin embargo, las mayorías se diluyeron y las iniciativas naufragaron en negociaciones sin nervio ni convicción.
El resultado ha sido una suerte de pacto tácito de impunidad: el Frente Amplio defendiendo al intendente, la oposición sin fuerza real para investigar, y la Justicia mirando para otro lado. En el medio, los salteños, que ven cómo se despilfarran millones de pesos sin consecuencias, cómo se entregan cargos o terrenos a dedo, y cómo las promesas de transparencia quedan en slogans de campaña.
¿Es esto lo que nos queda como democracia? ¿Una Justicia que actúa con doble velocidad? Porque cuando una denuncia involucra al poder político local, las causas se encajonan; pero si un vecino ocupa un terreno o comete una falta menor, la respuesta judicial es rápida, implacable.
A la par de los silencios judiciales, Lima dejó la Intendencia en 2025 para asumir en MEVIR, un cargo otorgado desde el Poder Ejecutivo. Fue premiado, no cuestionado. Y las causas que podrían investigarlo, permanecen congeladas.
Es hora de preguntarse qué significa justicia en Salto. ¿Quién responde por los actos de gobierno que vulneran la confianza pública? ¿Cuánto tiempo más se puede sostener la ficción de que todo está en regla cuando los documentos, las grabaciones y las denuncias muestran lo contrario?
No se trata de persecuciones ni de revancha política. Se trata de verdad. Y esa, por ahora, sigue esperando a que alguien se anime a investigar.