Un debate que cruza la cordillera para instalarse en el MTSS
La discusión sobre la reducción del tiempo de trabajo ha dejado de ser una consigna de campaña para transformarse en un eje central de la agenda del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Tras los anuncios del Frente Amplio sobre la meta de las 40 horas, el Poder Ejecutivo ha comenzado a desandar un camino de análisis técnico donde la jornada laboral en Uruguay es el centro de todas las miradas. El foco está puesto ahora en la experiencia de Chile, un espejo regional que, aunque con matices institucionales profundos, ofrece una hoja de ruta sobre cómo implementar cambios sin desestabilizar el mercado de empleo.
En las próximas semanas, el Consejo Superior Tripartito recibirá a autoridades del Ministerio de Trabajo chileno para profundizar en el proceso que el gobierno de Gabriel Boric inició hace casi dos años. Aquella reforma, que plantea una reducción gradual de 45 a 40 horas hacia el 2028, sirve de insumo para pensar un nuevo régimen laboral en Uruguay. Fabio Bertranou, director adjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina, advierte que el interés local no radica en una copia textual, sino en extraer lecciones sobre el diseño de la política y el diálogo social necesario para su implementación.
El peso de la tradición y los desafíos estructurales
Uruguay corre con una ventaja histórica que es, a la vez, un marco de referencia ineludible: la ley de las ocho horas de 1915. Fuimos pioneros a nivel mundial, pero hoy ese estándar de 48 horas semanales comienza a verse como un esquema del siglo pasado frente a las transformaciones tecnológicas y demográficas actuales. Sin embargo, modificar el horario de trabajo no es una tarea sencilla debido a la heterogeneidad de nuestro tejido productivo, compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas que miran con recelo cualquier aumento en los costos operativos.
Bertranou observa que el promedio efectivo de horas trabajadas en el país ya es inferior a las 48 horas legales, gracias a las excepciones pactadas en diversos convenios colectivos. Esto implica que un cambio en la normativa no impactaría de forma masiva en todos los sectores, pero sí generaría un efecto considerable en el sector formal asalariado. La discusión sobre la Organización de la jornada debe, por tanto, equilibrar la búsqueda de bienestar y salud del trabajador con la sostenibilidad de las empresas, especialmente en aquellas ramas de actividad donde los márgenes de maniobra son más estrechos.
Productividad: el nudo gordiano del acuerdo
Uno de los mayores temores del sector empleador radica en la productividad. La evidencia internacional sugiere que no existe una relación automática entre trabajar menos y producir más; todo depende del contexto institucional y de la capacidad de reorganización de cada empresa. Para que la reducción del Marco laboral vigente sea exitosa, la OIT insiste en que la gradualidad es la pieza maestra del tablero. Una implementación unilateral podría disparar los costos y generar tensiones innecesarias, mientras que una reforma consensuada permite a las empresas adaptar sus ciclos productivos.
Desde la subsecretaría de Trabajo, se han esbozado dos caminos posibles para esta reforma: una ley que fije nuevos topes generales o una «ley marco» que habilite a las distintas ramas de actividad a negociar sus propios márgenes. Esta última opción parece ser la más afín a la «gimnasia» uruguaya de los Consejos de Salarios. Al ser la jornada laboral en Uruguay un tema estructural y de largo plazo, el involucramiento temprano de las cámaras empresariales y los sindicatos es vital para que las mejoras en la calidad del empleo se articulen con el crecimiento económico indispensable para el país.
Diferencias clave entre el modelo chileno y el uruguayo
A diferencia de Chile, donde la cobertura de la negociación colectiva apenas roza el 20%, Uruguay cuenta con una tradición sólida de diálogo tripartito que alcanza a la gran mayoría de los trabajadores. En el país trasandino, la ley fue el motor principal para establecer un piso de igualdad, dado el bajo nivel de sindicalización. En cambio, para redefinir la jornada laboral en Uruguay, el escenario es mucho más propicio para acuerdos sectoriales que reconozcan las particularidades de cada rubro, desde el comercio hasta la industria pesada o los servicios tecnológicos.
El desafío adicional para Uruguay es que el punto de partida es de 48 horas, mientras que Chile inició su reducción desde las 45 horas en 2005. Este escalón superior implica que el ajuste requerido para llegar a las 40 horas será mayor y, por ende, requerirá de una ingeniería política y económica más fina. El seguimiento de la OIT sobre el caso chileno hasta ahora arroja resultados positivos: no se han visto efectos negativos en el empleo y la satisfacción general es alta, incluso con empresas que adoptaron las 40 horas de forma voluntaria por una cuestión de prestigio reputacional.
¿Podrá Uruguay transformar su centenaria tradición laboral en un modelo de flexibilidad y productividad que beneficie tanto a empresas como a laburantes?
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