La Procuraduría General de la Nación ha presentado cargos contra Omar Quesada Rueda, agente de tránsito de Girón, Santander, en medio de una investigación por presuntas irregularidades en un procedimiento vial. El organismo de control ha calificado de manera provisional la conducta del funcionario como una falta gravísima a título de dolo, sugiriendo que los actos investigados podrían haber sido cometidos intencionalmente.
La investigación disciplinaria se inició a raíz de una denuncia realizada por una conductora. Según los elementos evaluados por la Procuraduría, se alega que el agente pidió dinero para no inmovilizar su vehículo. Tras imponer una infracción, Quesada Rueda supuestamente propuso retirar la medida a cambio de favores sexuales. “La propuesta habría sido rechazada por la ciudadana, quien luego informó de los hechos a las autoridades”, explicó el organismo.
La Procuraduría abrió el caso para determinar si el agente de tránsito abusó de su cargo para obtener beneficios personales y si incumplió con sus deberes como funcionario público. Se centra en un supuesto cobro para evitar la inmovilización de un vehículo y en una presunta solicitud de favores sexuales posterior a la imposición de una multa. El pliego de cargos permite que el expediente avance a las etapas siguientes del procedimiento disciplinario, durante las cuales se revisarán las pruebas y otros elementos recopilados.
“Con base en los elementos recabados durante la actuación, el Ministerio Público calificó provisionalmente la conducta asignada a Quesada Rueda para la vigencia 2025 como una falta gravísima a título de dolo”, concluyó la Procuraduría. La decisión de la entidad de control no constituye una sanción ni define la responsabilidad del investigado. El agente deberá contar con las garantías necesarias durante el proceso.
Por otro lado, la Procuraduría ha sancionado a Édgar Alonso Galvis Acosta con suspensión e inhabilidad por tres meses tras un incidente en el que mostró un arma traumática durante un procedimiento vial en Floridablanca, Santander. La entidad concluyó que el entonces agente de tránsito actuó al margen de sus funciones y puso en riesgo a los ciudadanos. Esta medida responde a una decisión de primera instancia de la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, que determinó que el funcionario cometió una falta grave a título de dolo al actuar conscientemente y de forma voluntaria fuera de los protocolos establecidos.
El incidente se produjo en 2021, cuando Galvis Acosta estaba adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, en el barrio Lagos II. Mientras realizaba un procedimiento para imponer un comparendo a los ocupantes de un vehículo, surgió una discusión verbal que alteró el desarrollo habitual del procedimiento administrativo. La Procuraduría estableció que Galvis Acosta se apartó del comportamiento técnico propio de un agente de tránsito y, posteriormente, extrajo un arma traumática frente a los ciudadanos.
Para el organismo disciplinario, la exhibición del arma fue una conducta desproporcionada, ya que no contaba con respaldo legal dentro de las competencias de un funcionario encargado de regular la movilidad. La entidad calificó el comportamiento como una vía de hecho, argumentando que el agente recurrió a una medida intimidatoria indebidamente. La conclusión disciplinaria destacó que los agentes de movilidad no están facultados para utilizar mecanismos de este tipo durante procedimientos administrativos y que la función de imponer un comparendo no justifica el abandono de los protocolos ni el uso de armas ante una discusión.
La sanción fue impuesta a Édgar Alonso Galvis Acosta, quien se desempeñaba como agente de tránsito en el momento de los hechos. La decisión evaluó tanto el uso del arma traumática como el incumplimiento de sus funciones. La investigación describió que la confrontación surgió mientras el agente tramitaba la infracción de tránsito. En ese contexto, la respuesta del funcionario fue considerada un exceso de sus atribuciones.
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