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Intento de femicidio en Medicina: el agresor fue declarado imputable y va a prisión

La pericia psiquiátrica confirmó que el agresor era consciente de sus actos. Cumplirá 180 días de prisión preventiva.

Fachada del edificio central de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República en Montevideo.
La Justicia dispuso 180 días de prisión preventiva para el agresor de la estudiante de Medicina.

La Justicia uruguaya dio un paso decisivo en el caso que sacudió a la comunidad académica y a la opinión pública nacional. El agresor de la estudiante de la Facultad de Medicina fue declarado imputable y formalizado por homicidio muy especialmente agravado por femicidio en grado de tentativa. La resolución judicial se alcanzó tras confirmarse, mediante pericia psiquiátrica, que el joven comprendía plenamente la gravedad de sus actos al momento de atacar a su compañera de clase.

El dictamen judicial fijó una medida cautelar de 180 días de prisión preventiva mientras avanza el proceso penal. Por disposición de la sede, el imputado transcurrirá los primeros 30 días de reclusión internado en el Hospital Vilardebó bajo estricta supervisión antes de su traslado a un centro penitenciario definitivo.

Investigación exhaustiva y antecedentes de acoso

El avance de la causa fue posible gracias a un abordaje multidisciplinario llevado a cabo por la Dirección Departamental Especializada en Violencia Doméstica y de Género. El trabajo policial y pericial incluyó el relevamiento técnico en la escena del hecho, la extracción de datos de dispositivos móviles y la recolección de testimonios clave entre el alumnado y el entorno familiar de la víctima.

Dentro del material probatorio incorporado al expediente se suman las declaraciones de excompañeros del agresor en el liceo de Salinas. Esos testimonios ratificaron que el joven ya contaba con antecedentes de conductas de acoso en su etapa secundaria, lo que permitió a los investigadores reconstruir un patrón de conducta previo al ataque perpetrado en la casa de estudios.

Atención a la víctima y respuesta institucional

Mientras el proceso judicial sigue su curso, la joven estudiante se recupera bajo la modalidad de internación domiciliaria. El equipo médico y psicológico asignado mantiene un seguimiento permanente con contención emocional y asistencia psiquiátrica especializada para acompañar la evolución física y traumática tras la agresión sufrida.

El impacto del ataque generó una inmediata parálisis institucional. La Universidad de la República resolvió suspender las actividades lectivas presenciales en la Facultad de Medicina como medida de protesta, reflexión y revisión de los protocolos de seguridad y convivencia universitaria frente a situaciones de violencia de género.

Calificación jurídica y perspectiva de género

La tipificación penal elegida por la Fiscalía responde a criterios técnicos claros sobre la entidad del ataque. El fiscal Luis Pacheco fundamentó la formalización señalando que la entidad y localización de las lesiones provocadas demuestran una inequívoca intencionalidad de causar la muerte a la joven estudiante.

Asimismo, la Fiscalía imputó la agravante especial de femicidio al constatar elementos objetivos de odio, menosprecio y desprecio hacia la víctima por su condición de mujer. El inicio formal del proceso penal busca sentar un precedente claro frente a manifestaciones de violencia machista en ámbitos educativos y de formación profesional.

Un debate pendiente en la región

El caso ocurrido en Montevideo refleja una problemática persistente en toda América Latina, donde la violencia de género en entornos académicos y comunitarios continúa demandando respuestas oportunas de los sistemas de prevención y justicia. La visibilización de los antecedentes de acoso escolar y la rápida intervención pericial marcan la importancia de articular alertas tempranas en el sistema educativo.

La causa entra ahora en su fase de investigación acusatoria. Durante los seis meses de prisión preventiva dictados por la Justicia, la Fiscalía completará el acopio de pruebas con miras a la acusación final y la posterior solicitud de condena penitenciaria.

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