Giuseppe Rinaldi
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Crónica de un sistema que permite el ingreso de la muerte
La noticia golpea de nuevo pero no sorprende, y eso es lo más trágico de todo. La inseguridad en cárceles de Uruguay sumó un nuevo capítulo de sangre en la Unidad 10 del complejo penitenciario de Santiago Vázquez, el tristemente célebre ex Comcar. Un hombre de apenas 31 años, que cumplía condena por rapiñas y hurtos, terminó sus días apuñalado por su propio compañero de celda. Lo que indigna a la sociedad no es solo el desenlace fatal, sino la pregunta que nadie en el Ministerio del Interior parece querer responder con honestidad: ¿cómo es posible que un preso tenga un corte carcelario en su poder a pesar de los supuestos controles?
Este asesinato no es un hecho aislado, sino el síntoma de un organismo que está podrido desde las bases. La facilidad con la que los reclusos acceden a metales, los afilan y los transforman en armas letales bajo las narices de la guardia es una bofetada a cualquier protocolo de seguridad. Mientras las autoridades hablan de «humanización» y «rehabilitación», los pasillos de Santiago Vázquez siguen siendo tierra de nadie, donde el más fuerte o el más rápido con el corte decide quién vive y quién muere.
El fracaso de los controles y la proliferación de armas blancas
Resulta casi inverosímil que en un recinto de máxima vigilancia se hable de requisas constantes mientras los internos siguen portando puñales de fabricación casera o industrial. La inseguridad en cárceles de Uruguay se alimenta de esta porosidad en los controles, donde el metal entra o se transforma sin que nadie lo detecte —o lo que es peor, con alguien mirando para el costado—. El recluso asesinado recibió múltiples heridas y, aunque intentaron trasladarlo de urgencia a un hospital, la muerte le ganó la pulseada en el camino.
El atacante, que ya se encontraba tras las rejas, ahora enfrenta una nueva causa penal que simplemente se sumará a su historial. Sin embargo, para la familia de la víctima y para la opinión pública, la responsabilidad va más allá del agresor. La inseguridad en cárceles de Uruguay es responsabilidad directa del Estado, que tiene el deber de custodia sobre cada persona privada de libertad. Si el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) no puede garantizar que un preso no sea apuñalado mientras duerme en su celda, entonces el sistema ha fallado en su misión más básica: la preservación de la vida.
Una estadística de sangre que no para de crecer
No pasó ni un mes desde el último asesinato en el mismo penal. El pasado 13 de enero, otro hombre de 37 años perdió la vida de la misma forma: apuñalado. Esta recurrencia demuestra que la inseguridad en cárceles de Uruguay no es una racha de mala suerte, sino una constante administrativa. Santiago Vázquez se ha convertido en una caldera a presión donde la convivencia es un concepto teórico y la violencia es la moneda de cambio diaria. Los cortes carcelarios son moneda corriente y parecen ser el único objeto que nunca falta en las celdas del país.
¿Dónde están los escáneres, las cámaras y las requisas de las que tanto se alardea en las conferencias de prensa? La realidad de los módulos muestra una cara muy distinta, donde el personal es escaso y la infraestructura se cae a pedazos, facilitando que cualquier caño o trozo de metal se convierta en una herramienta de ejecución. La inseguridad en cárceles de Uruguay es, en definitiva, el reflejo de un sistema que se ha rendido ante la prepotencia de las bandas que operan desde adentro, dictando sus propias leyes ante la mirada impotente o cómplice de la gestión de turno.
La impunidad de las sombras tras los muros
El agresor será imputado, se le sumarán años de condena y el expediente se archivará, pero el problema de fondo quedará intacto. Mientras no exista una purga real y un control estricto sobre lo que sucede en el día a día de las unidades penitenciarias, la inseguridad en cárceles de Uruguay seguirá siendo el titular de cada semana. No se trata solo de construir más cárceles o de apilar más gente en celdas hacinadas; se trata de que el Estado recupere el territorio que hoy parece haberle entregado a los violentos.
La sociedad uruguaya asiste con resignación a este goteo de muertes intramuros, pero es necesario exigir rendición de cuentas. Cada corte carcelario que se encuentra en un módulo es una prueba del fracaso del Ministerio del Interior. Si la seguridad no empieza por casa —y para el Estado, las cárceles son su casa—, ¿qué podemos esperar para el resto de los ciudadanos que caminan por la calle? La vida de un preso, por más delitos que haya cometido, sigue estando bajo la guarda de la ley, y hoy esa ley parece haber sido cortada con la misma indiferencia que el arma que mató a este joven en Santiago Vázquez.
¿Qué tipo de controles reales existen hoy en nuestro sistema penitenciario si un interno puede fabricar o esconder un arma letal en su propia celda sin ser detectado?