Escándalo en INAU: negligencia, fuga y muerte en Las Piedras

Las denuncias sobre el centro Los Tulipanes, en Las Piedras, plantean preguntas que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) todavía debe responder con claridad: qué controles ejerció, cómo actuó ante las salidas no autorizadas y qué medidas adoptó para proteger a los adolescentes. En el material periodístico se describen problemas de convivencia, atención y seguimiento. El organismo reconoció que investiga el funcionamiento del centro, aunque no detalló públicamente las conclusiones ni los plazos del proceso.

El informe de Todo se sabe reunió testimonios de extrabajadoras, funcionarios, vecinos y la madre de una adolescente que vivía en el hogar. La investigación se realizó después del siniestro fatal ocurrido en Las Piedras a fines de agosto, cuando tres adolescentes que habían salido sin autorización de un centro del INAU viajaban en el auto de un sargento del Ejército. El vehículo chocó a una motociclista de 60 años, que murió. La Justicia imputó al hombre por homicidio culposo y suministro agravado de estupefacientes.

El accidente no prueba por sí solo que el centro haya incumplido sus obligaciones. Pero expuso una situación de riesgo y puso el foco en cómo se detectan las ausencias, qué protocolos se activan y qué seguimiento reciben los adolescentes. En la entrevista incluida en el informe, el vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes, reconoció que existe responsabilidad institucional una vez constatada una salida no acordada y que el organismo debe revisar qué está ocurriendo.

Denuncias que requieren una respuesta verificable

Dos educadoras entrevistadas afirmaron que las salidas sin autorización eran frecuentes y que, según su relato, no siempre recibían respuesta de la dirección cuando llamaban durante situaciones de crisis. También cuestionaron la formación del personal, la atención de salud mental y algunas prácticas vinculadas a la administración de medicamentos. Son acusaciones graves. El informe recoge esos testimonios, pero no incorpora una revisión independiente de cada episodio ni documentación completa que permita confirmar todas las afirmaciones.

La madre de una de las adolescentes contó que llevaba tiempo preocupada por la situación de su hija y que había pedido que le avisaran cuando se fuera del centro o regresara. Según su relato, no siempre recibía esa información. También dijo que, después del accidente, tuvo dificultades para obtener datos claros sobre la atención médica de la joven. Para establecer qué ocurrió en cada instancia sería necesario contrastar su versión con los registros del hogar y del sistema de salud, que no aparecen en el material.

El informe también recoge acusaciones relacionadas con posibles situaciones de explotación sexual, consumo de drogas y vínculos con adultos. Por tratarse de adolescentes, esos señalamientos exigen especial cuidado: no corresponde presentarlos como hechos probados ni difundir detalles íntimos sobre su salud. En setiembre, la entonces presidenta del INAU, Claudia Romero, dijo que una de las jóvenes presentaba indicadores de consumo y de posible explotación sexual, y que el organismo había realizado una denuncia. Habló de indicadores de riesgo, no de una conclusión judicial sobre delitos.

Vecinos de la zona relataron gritos, peleas, golpes a puertas y ventanas, y movimiento durante la noche. Algunos dijeron que habían planteado sus inquietudes ante responsables del centro o ante la Policía. Sus testimonios describen el impacto en la convivencia barrial, pero no sustituyen una inspección ni una evaluación formal del servicio. Las quejas vecinales deben atenderse junto con la obligación de proteger la privacidad y los derechos de quienes viven en el hogar.

Qué respondió el INAU

Consultado por Todo se sabe, Fuentes dijo que la investigación administrativa estaba en el área jurídica. También afirmó que se habían realizado cambios en la estructura y las coordinaciones del centro, y que la dirección departamental de Canelones hacía un seguimiento más frecuente. Sin embargo, no enumeró las medidas ni explicó qué indicadores permitirían comprobar si la situación mejoró.

El vicepresidente recordó que los centros de protección no son establecimientos de reclusión y que funcionan bajo un modelo de puertas abiertas. La precisión importa: una salida no autorizada no se resuelve simplemente cerrando una puerta. Pero ese modelo no responde por sí solo a las preguntas sobre supervisión, reacción ante las ausencias, coordinación con las familias y capacidad de proteger a adolescentes expuestos a riesgos. La libertad de movimiento no elimina el deber de cuidado del organismo.

Fuentes también habló de la presión que enfrenta el sistema y mencionó que el INAU recibió más de 70.000 oficios judiciales en 2025, frente a unos 20.000 en 2020. En el informe, esas cifras aparecen como datos citados por el jerarca; no se adjuntan documentos que permitan verificarlas de forma independiente. Incluso si reflejan una sobrecarga del organismo, no aclaran qué ocurrió en Los Tulipanes ni qué controles recibió el centro.

Durante la entrevista, un coordinador del hogar declinó responder preguntas y planteó que debía seguirse un procedimiento formal con la cooperativa y el INAU. También señaló que filmar podía exponer a los adolescentes. Proteger su identidad es necesario; dar información institucional clara ante denuncias de esta gravedad también lo es. En el intercambio no hubo respuestas sobre los episodios señalados.

La investigación sigue abierta

El material menciona nuevas salidas no autorizadas posteriores al accidente, incluida una registrada el 5 de octubre. Fuentes dijo que el organismo seguía de cerca el centro y que podía cerrar o rescindir convenios si no obtenía las respuestas esperadas. Esa posibilidad no equivale a una decisión tomada ni permite afirmar que los problemas estén resueltos.

El INAU debería informar, dentro de los límites necesarios para preservar la identidad de los adolescentes, qué concluyó su investigación, qué acciones tomó y cómo evalúa su cumplimiento. También debe explicar qué canales tienen las familias y los trabajadores para alertar sobre situaciones de riesgo y qué seguimiento reciben esas comunicaciones.

Por otra parte, corresponde a Fiscalía y a los organismos competentes determinar si existieron delitos y quiénes serían responsables. Las denuncias recogidas por Todo se sabe no reemplazan esa investigación; tampoco deberían quedar diluidas en explicaciones generales sobre la crisis del sistema de protección.

Los testimonios describen un servicio bajo cuestionamiento. La respuesta del INAU reconoce preocupación y anuncia seguimiento, pero deja pendientes los detalles sobre controles y resultados. Para las familias, los trabajadores y el barrio, la diferencia entre una promesa y una mejora real dependerá de que se adopten medidas comprobables y se explique qué cambió en Los Tulipanes.