Impuesto en Montevideo: parece ser la respuesta recurrente de una administración que, lejos de ajustar sus propios gastos, opta por hurgar una vez más en los bolsillos de los vecinos. En esta oportunidad, el proyecto de presupuesto quinquenal presentado por el intendente Mario Bergara ha encendido las alarmas al incluir una medida recaudatoria sin precedentes: un recargo del 100% en la contribución inmobiliaria para aquellas viviendas que la comuna considere «deshabitadas». Esta iniciativa no es otra cosa que un nuevo golpe fiscal disfrazado de política urbana, que castiga el derecho a la propiedad privada bajo criterios de fiscalización sumamente cuestionables.
La justificación oficial detrás de este impuesto en Montevideo se apoya en la necesidad de dinamizar el stock de viviendas y evitar el deterioro de ciertas zonas. Sin embargo, para el contribuyente de a pie, la medida suena a una voracidad fiscal que no da tregua. Bajo esta nueva normativa, si una propiedad permanece vacía durante un año civil, el propietario deberá pagar el doble de lo que ya abona por concepto de contribución, sumando una presión económica asfixiante en un contexto donde los costos de mantenimiento y las tarifas públicas ya son de por sí elevados.
La fiscalización de UTE y OSE para el impuesto en Montevideo
Lo que hace especialmente polémico a esta normativa tributaria en Montevideo es el método que la Intendencia pretende utilizar para determinar si una casa está habitada o no. Según el proyecto, se cruzará información con los entes públicos; si los consumos de energía eléctrica (UTE) o agua (OSE) son inferiores al 98% del promedio histórico de la propiedad, se asumirá que la finca está vacía. Es decir, la comuna se mete en el contador de luz de los ciudadanos para decidir cuánto más deben tributar, ignorando situaciones personales, sucesiones inconclusas o simples procesos de refacción.
Este nivel de intromisión para justificar el impuesto en Montevideo genera dudas legales y éticas profundas. ¿Qué sucede si un propietario decide ahorrar energía o si la casa está en sucesión y no puede ser ocupada? La respuesta de la administración parece ser la misma de siempre: cobrar primero y preguntar después. La propuesta prevé que este recargo se aplique a fincas ubicadas en zonas urbanas y suburbanas, lo que abarca a la gran mayoría del padrón inmobiliario capitalino, dejando a pocos a salvo de esta nueva «guillotina» fiscal.
Presupuesto quinquenal y el nuevo impuesto en Montevideo
El documento presentado por Bergara ante la Junta Departamental pone énfasis en la movilidad y el desarrollo ambiental, pero lo que realmente resalta entre líneas es la necesidad de caja. Esta política fiscal en Montevideo a las viviendas deshabitadas aparece como una fuente de ingresos «fresca» para financiar un aparato municipal que muchos consideran sobredimensionado. Mientras la Intendencia fiscaliza el uso del aire acondicionado en los ómnibus o lanza planes de bacheo que nunca parecen ser suficientes, se asegura de que ningún inmueble escape a su radar recaudatorio.
La aplicación de este sistema impositivo en Montevideo podría generar un efecto rebote peligroso. En lugar de incentivar el alquiler o la venta, podría empujar a los propietarios a realizar consumos artificiales de agua y luz solo para evitar la multa, lo que contradice cualquier discurso de eficiencia energética que la propia comuna o el Gobierno Nacional intenten promover. Es una medida que parece ignorar la realidad económica de muchos montevideanos que mantienen propiedades como único ahorro tras toda una vida de trabajo.
Un escenario de asfixia con el impuesto en Montevideo
No es novedad que el sistema impositivo local sea uno de los más pesados de la región. Sin embargo, esta carga impositiva en Montevideoo cruza una frontera peligrosa al duplicar un tributo por el simple hecho de que una propiedad no esté en uso. Para la oposición y diversos analistas, esto representa una expropiación encubierta de la rentabilidad inmobiliaria. Se exprime al propietario desde todos los ángulos: tasa general, tarifa de saneamiento, contribución inmobiliaria y ahora, este recargo por «desuso».
La discusión en la Junta Departamental promete ser ardua. El oficialismo cuenta con los votos, pero el malestar social es palpable. Este gravamen en Montevideo se percibe como una penalización a la inversión privada y un desincentivo para la recuperación de fincas antiguas. En una ciudad que ya sufre de altos costos de vida, sumar una carga de esta magnitud parece ser la receta ideal para que más familias opten por mudarse a Canelones o San José, buscando un alivio que la capital ya no ofrece.
¿Hasta dónde llegará la creatividad recaudatoria de la Intendencia antes de que el mercado inmobiliario y el bolsillo del ciudadano digan basta frente a tanto impuesto en Montevideo?
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