Impuesto a los agroquímicos: esa es la propuesta que ha generado una fuerte polémica en Uruguay durante septiembre de 2025. La iniciativa, impulsada por el Frente Amplio, busca aplicar un nuevo tributo a la importación y comercialización de productos agroquímicos, como fertilizantes, pesticidas y herbicidas. Este proyecto ha desatado un intenso debate nacional entre quienes defienden la necesidad de proteger el medio ambiente y los sectores agroindustriales que temen por su competitividad.
¿En qué consiste la propuesta?
El proyecto de ley, impulsado por el Frente Amplio, propone establecer un nuevo tributo a la importación y comercialización de agroquímicos en el país. El impuesto afectaría a una amplia gama de productos utilizados en la agricultura moderna, como fertilizantes, herbicidas, pesticidas y otros insumos químicos que actualmente son fundamentales para el rendimiento del sector agropecuario.
Según los legisladores que impulsan la medida, este impuesto cumpliría una doble función: por un lado, generar ingresos fiscales adicionales que podrían destinarse a programas de recuperación ambiental o promoción de prácticas agrícolas sostenibles; por otro lado, desincentivar el uso excesivo o irresponsable de agroquímicos, promoviendo alternativas más ecológicas.
La justificación principal está basada en la necesidad de incorporar el “costo ambiental” de los agroquímicos en su precio de mercado. Argumentan que hoy en día, los efectos negativos que estos productos generan sobre el suelo, el agua y la biodiversidad son absorbidos por toda la sociedad, lo cual consideran injusto.
Rechazo del sector agropecuario
Como era de esperarse, el sector agrícola ha reaccionado con fuerte oposición. Asociaciones rurales, productores y representantes del agro han expresado su preocupación por el impacto económico que este nuevo impuesto podría tener, especialmente en los pequeños y medianos productores. Uruguay depende en gran medida de sus exportaciones agropecuarias —como la soja, la carne, el arroz y los lácteos—, y muchos temen que el nuevo tributo afecte la competitividad del país en los mercados internacionales.
La Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Unión Rural del Uruguay (URU) han emitido comunicados denunciando la propuesta como una medida “ideológica” que carece de sustento técnico. Alegan que los agroquímicos no son un lujo sino una necesidad, y que su uso controlado es clave para mantener los niveles actuales de productividad.
También advierten que un encarecimiento de estos productos podría incentivar prácticas ilegales, como la importación de insumos sin control sanitario o el uso de sustancias no autorizadas, lo cual agravaría los riesgos para la salud y el medio ambiente.
Argumentos a favor: salud y medio ambiente
Por otro lado, diversas organizaciones ambientalistas y algunos académicos han expresado su apoyo al proyecto. Señalan que el uso extensivo de agroquímicos ha generado un impacto preocupante sobre los recursos naturales, en especial en la calidad del agua y la salud del suelo. También advierten sobre los riesgos para la salud humana, tanto de quienes trabajan en el campo como de las comunidades cercanas a las zonas de cultivo.
Los defensores del impuesto sostienen que actualmente el sistema productivo externaliza sus costos ambientales, lo cual termina generando daños que son asumidos por toda la sociedad. Al incluir esos costos dentro del precio del producto, mediante un impuesto, se promovería una transición hacia modelos de producción más sostenibles.
Además, algunos expertos señalan que los ingresos generados por el impuesto podrían utilizarse para financiar investigaciones en agricultura ecológica, subsidios para productores que adopten prácticas sostenibles y sistemas de monitoreo del impacto ambiental de los insumos agrícolas.
Un debate con implicancias políticas
La iniciativa ha desatado también un conflicto político. Uruguay se acerca a un año electoral y la propuesta ha sido interpretada como un movimiento estratégico del Frente Amplio para diferenciarse del oficialismo y captar a votantes ambientalmente comprometidos.
El gobierno, liderado por el Partido Nacional, ha manifestado su desacuerdo con la medida, calificándola de “antiproductiva”. Desde el oficialismo argumentan que no es momento de crear nuevos impuestos, menos aún cuando el país intenta recuperarse del impacto económico de eventos climáticos extremos y de la desaceleración global.
El presidente Luis Lacalle Pou no ha confirmado si vetaría la ley en caso de ser aprobada, pero miembros de su gabinete han manifestado preferencia por políticas de incentivo en lugar de medidas punitivas.
Impactos económicos posibles y alternativas
Los economistas se encuentran divididos respecto a los efectos que podría tener este impuesto. Algunos sostienen que podría producir una caída en la productividad agrícola, sobre todo si los productores no cuentan con alternativas viables para reemplazar los agroquímicos. Otros consideran que, si se acompaña con políticas de apoyo a la innovación y a la transición ecológica, podría incluso fortalecer a largo plazo la reputación de Uruguay como productor sostenible.
También se han propuesto alternativas al impuesto uniforme. Algunos plantean un sistema escalonado que grave de manera diferenciada los productos según su nivel de toxicidad o impacto ambiental. Otros sugieren aplicar el impuesto de manera gradual, permitiendo a los productores adaptarse progresivamente.
Una tendencia regional
El debate en Uruguay no es aislado. En otros países de América Latina, como Argentina, Brasil y Chile, se vienen discutiendo propuestas similares en relación al uso de agroquímicos. En muchos casos, la falta de regulación ha derivado en problemas ambientales graves, como la contaminación de ríos y la pérdida de biodiversidad.
Por eso, la propuesta uruguaya es observada con atención desde otras naciones de la región. De aprobarse, podría marcar un precedente y alentar medidas similares en países vecinos, especialmente en contextos donde la presión social por la sostenibilidad va en aumento.
Conclusión
El proyecto de ley para establecer un impuesto sobre los agroquímicos en Uruguay ha abierto un debate profundo sobre el modelo productivo, el rol del Estado en la regulación ambiental y el equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad. Mientras el sector agropecuario teme un golpe a su competitividad, los sectores ambientalistas y progresistas consideran que es una medida necesaria para proteger los recursos naturales del país.
La discusión continúa, y el resultado —sea la aprobación, modificación o rechazo del proyecto— marcará una hoja de ruta para el futuro de la política agraria en Uruguay. Más allá del resultado inmediato, lo cierto es que la sostenibilidad ambiental ha pasado a ocupar un lugar central en la agenda pública del país.
