Inicio de un paro nacional en el Poder Judicial de la Federación
Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) comenzaron este viernes 6 de noviembre un paro nacional que afecta al menos 22 sedes distribuidas en más de 16 estados del país. La protesta se realiza en respuesta a un esquema de evaluación de desempeño publicado el jueves pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual, según los afectados, podría derivar en la baja definitiva de quienes no aprueben el examen. Este movimiento representa potencialmente la segunda interrupción significativa del servicio judicial federal desde el año 2024.
Desarrollo y alcance de las protestas
El paro no se inició de manera simultánea en todas las sedes. La primera en poner en marcha la movilización fue Morelos, donde más de mil trabajadores cerraron las sedes en Cuernavaca y Xochitepec desde el mediodía del jueves. En la Ciudad de México, empleados del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro y del Edificio Prisma se sumaron a partir de la medianoche. Se espera que el resto de los estados refuerce la protesta a partir de las 9:00 horas de este viernes.
Este movimiento comprende a aproximadamente 32 mil secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales que laboran en más de 900 tribunales y juzgados federales en todo el territorio nacional. Los estados en los que se ha confirmado el paro son Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero (Chilpancingo), Hidalgo (Pachuca), Jalisco, Michoacán (Morelia), Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca (capital y Salina Cruz), Puebla, Estado de México (Toluca), Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. En la Ciudad de México, el cierre abarca cuatro edificios: San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma.
Motivaciones y críticas principales
El argumento central de los trabajadores es que el esquema de evaluación no mide el desempeño de manera objetiva. Aunque el examen de conocimientos representa solo el 40 % de la calificación total, el 60 % restante se compone de otros criterios, como la valoración del titular del juzgado (22.5 %), la evaluación de compañeros (7.5 %), reportes institucionales (10 %), además de otros parámetros relacionados con productividad y comportamiento.
Asimismo, los manifestantes señalan que el principal problema radica en que los jueces y magistrados que califican a sus empleados en muchos casos llegaron a esos cargos mediante elección judicial por voto popular y con poco tiempo en funciones. “¿Qué libertad tendrá un trabajador para decirle a su superior que está equivocado jurídicamente si sabe que posteriormente esa opinión puede influir en su evaluación?”, cuestionaron empleados en redes sociales.
El Sindicato de Trabajadores del PJF exhortó a sus miembros a no inscribirse en el proceso. La Unión Nacional de Trabajadores del PJF advirtió que otorgar esa facultad de calificación a los juzgadores podría convertir a estos en “instrumentos de presión, represalia o persecución laboral”.
Detalles del proceso de evaluación y sus implicaciones
El acuerdo publicado el jueves por el Órgano de Administración Judicial establece que la evaluación de diciembre será de carácter diagnóstico, con el fin de “identificar áreas de oportunidad y fortalezas para diseñar programas de capacitación” antes de las evaluaciones ordinarias. La autoridad sostiene que, en esta primera fase, no habrá consecuencias inmediatas respecto a la continuidad del personal.
No obstante, el propio documento establece un sistema de calificaciones con efectos concretos. Quienes obtengan entre 90 y 100 puntos serán considerados “sobresalientes” y recibirán una constancia de permanencia por dos años. Quienes alcancen entre 80 y 89 puntos serán calificados como “satisfactorios” y también tendrán la misma constancia. Los resultados de 70 a 79 puntos serán considerados “regulares”, mientras que de 60 a 69 —“suficiente”— también les otorgarán una constancia por un año, con la obligación de participar en “acciones de fortalecimiento”.
Por otra parte, quienes obtengan 59 puntos o menos serán clasificados como “insuficientes” y solo podrán solicitar, en una sola ocasión, un examen extraordinario. En caso de no solicitarlo, no aprobarlo o que no se les autorice, serán dados de baja automáticamente de la institución. El calendario oficial establece que el temario será publicado los días 17 y 18 de noviembre, con los exámenes para secretarios programados para el 4 de diciembre, los de actuarios para el 8, y los de oficiales para los días 14 y 15 del mismo mes. Los resultados se analizarán entre enero y marzo de 2027.
Críticas sobre el tiempo y las condiciones del proceso
Los trabajadores también han manifestado su preocupación por el corto plazo de preparación: solo disponen de dos semanas entre la publicación del temario y la fecha de los primeros exámenes, mientras continúan con su carga laboral habitual. Este hecho ha generado inquietudes respecto a la equidad y la viabilidad de prepararse adecuadamente para las pruebas, además de cuestionamientos sobre las condiciones en las que se llevará a cabo esta evaluación y el impacto que podría tener en la estabilidad laboral del personal judicial.
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