Marília Soares
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La situación en el Hospital Salto ha pasado de ser una preocupación logística a convertirse en una crisis humanitaria que el sistema de salud pública no logra, o no quiere, resolver. Este domingo, las quejas de los usuarios volvieron a desbordar las redes y las redacciones, señalando un panorama desolador en la puerta de emergencia. Pacientes con cuadros de descompensación física deben aguardar entre cuatro y seis horas para ser atendidos por un personal que, según los propios denunciantes, es escaso y se encuentra visiblemente superado por la demanda estival.
Lo que ocurre en el Hospital de Salto no es nuevo, pero la saña con la que se trata al usuario ha alcanzado niveles intolerables. Quienes se atreven a levantar la voz para reclamar por un derecho básico, como es la asistencia médica en tiempo y forma, aseguran ser víctimas de maltratos y represalias por parte de los funcionarios de turno. El reclamo se extiende también al personal de seguridad privada, a quienes se acusa de actuar con una prepotencia que nada tiene que ver con el cuidado de la salud de un pueblo que sostiene el sistema con sus impuestos.
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Promesas que se lleva el viento del verano
Resulta difícil no sentir una profunda indignación al recordar las palabras de la directora del Hospital Salto, Gabriela González. El pasado 29 de diciembre, aprovechando el brillo de las cámaras y la visita de la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, para la inauguración de un tomógrafo, se prometió solemnemente «mejorar los tiempos de atención. Sin embargo, parece que la sensibilidad social de las autoridades duró lo que dura un flash fotográfico. Con la llegada de enero y el inicio de las licencias veraniegas, la gestión del nosocomio dejó a la deriva a miles de salteños que dependen exclusivamente de ASSE.
Esta desidia en el Hospital Salto adquiere un tono macabro si se tiene en cuenta el antecedente de Jonatan Núñez. El joven de 32 años, cuya muerte conmovió al departamento tras exponer en redes la falta de atención, parece haber sido olvidado por la cúpula administrativa. La promesa de cambio se dio en un contexto de presión social máxima, pero la realidad de este domingo confirma que el compromiso fue apenas una maniobra de relaciones públicas para calmar las aguas tras una tragedia evitable.
Una gestión que administra el silencio y la espera
El problema de fondo en el Hospital Salto no es solo la falta de recursos, sino una cultura institucional que parece castigar al que sufre. Las denuncias recibidas coinciden en un punto crítico: cuando el paciente se identifica para formalizar su queja, la atención se vuelve todavía más lenta o directamente hostil. Este tipo de prácticas, propias de un sistema autoritario y no de una democracia moderna, revelan una falla moral en la dirección del centro asistencial, que permite que sus subordinados actúen con impunidad frente a la vulnerabilidad ajena.
La emergencia del Hospital Salto es hoy un reflejo de lo peor del centralismo y la burocracia estatal. Mientras se anuncian grandes inversiones en tecnología, como el tomógrafo, lo más elemental —que es tener médicos en puerta y un trato humano— brilla por su ausencia. El argumento de las «licencias de enero» es una excusa pobre para una institución que debe garantizar servicios esenciales las 24 horas del día, los 365 días del año. No se puede poner en pausa la salud de la población porque los cuadros directivos decidieron que las mejoras «quedan para después de marzo.
El derecho a la salud bajo sospecha
La comunidad salteña observa con impotencia cómo el Hospital de Salto se convierte en un lugar al que se teme ir. El maltrato sistemático y las esperas que rozan lo criminal son el resultado de una gestión que ha perdido la brújula y el contacto con la realidad del barro. La dirección del hospital no puede seguir amparándose en el silencio mientras afuera la gente se descompone en una sala de espera sin aire y bajo el asedio de personal de seguridad que olvida su rol de servicio.
En definitiva, lo que se vive en el Hospital Salto es una cachetada a la dignidad del usuario de ASSE. Si las autoridades no son capaces de cumplir con lo que firmaron y prometieron hace apenas unas semanas, deberían dar un paso al costado. La salud no es un favor que el Estado le hace al ciudadano; es una obligación que se paga muy caro y que, en Salto, se está entregando en cuentagotas y con una cuota extra de desprecio.
¿Cuántas tragedias más como la de Jonatan Núñez necesita la dirección del hospital para entender que seis horas de espera en una emergencia no son un «inconveniente», sino una condena?