Giuseppe Rinaldi
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La burocracia del Hospital de Salto contra la desesperación de un padre
La salud pública en el interior profundo parece haber olvidado su razón de ser: el paciente. En la madrugada de este sábado 27 de diciembre, el Hospital de Salto volvió a ser escenario de un episodio que desnuda la precariedad de un sistema que cruje bajo el peso de la ineficiencia. Un padre, cuya paciencia se agotó tras horas de ver a su hija sufrir en una sala de espera sin recibir respuestas claras, explotó contra el personal. Lo que en cualquier país normal sería un llamado de atención sobre la falta de recursos, aquí terminó con el usuario denunciado penalmente por quienes, en teoría, debían asistirlo.
Es la historia de siempre en el Hospital de Salto. El reloj marca las horas, el dolor no espera y la ventanilla de atención parece blindada contra la empatía. Según el parte de la Jefatura de Policía local, el hombre arremetió con insultos y amenazas de muerte, un exabrupto que, si bien es condenable desde las formas, es el síntoma inequívoco de un sistema de salud que maltrata al ciudadano mediante la desidia. Para ASSE, es más sencillo radicar una denuncia por desacato que gestionar una guardia que no obligue a los padres a perder los estribos por la salud de sus hijos.
El castigo a la protesta en el Hospital de Salto
La respuesta del ente público ante la disconformidad fue inmediata y corporativista. El funcionario de turno, sintiéndose «amenazado» por un ciudadano desbordado por la angustia, no tardó en llamar a las fuerzas de seguridad para judicializar un conflicto que nació de la propia inoperancia del centro. En el Hospital de Salto, la celeridad que falta para un diagnóstico aparece mágicamente cuando se trata de defender el statu quo burocrático. La Fiscalía de turno ya dispuso medidas concretas contra el hombre, mientras que las falencias estructurales de la emergencia siguen intactas, esperando a la próxima víctima de la espera.
Resulta casi irónico que el Hospital de Salto actúe con tanta firmeza legal contra quienes pagan sus impuestos para sostener un servicio que falla sistemáticamente. La Policía sostiene que continúa con las averiguaciones, pero todos en el departamento saben lo que se vive puertas adentro de ese nosocomio: falta de especialistas, esperas de madrugada que parecen eternas y un trato que muchas veces dista de ser humanizado. ¿Es el usuario el violento o es la desatención del Estado una forma de violencia institucional institucionalizada?
ASSE y la desconexión con la realidad de Salto
Este incidente no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una gestión que prefiere los expedientes a las camillas. En el Hospital de Salto, los reclamos por demoras en la atención médica son moneda corriente, pero la respuesta suele ser el silencio o, como en este caso, la criminalización de la protesta. El individuo, mayor de edad y sin margen de maniobra ante una hija que necesitaba auxilio, se convirtió en el «indagado», mientras que los responsables de que la emergencia funcione a ritmo de tortuga permanecen cómodos tras sus escritorios, amparados por los fueros de la función pública.
La salud pública uruguaya, y específicamente la del litoral, necesita una autocrítica profunda. No se puede pretender que un padre mantenga la compostura de un monje tibetano cuando ve que la salud de lo que más quiere en el mundo depende de un sistema que parece trabajar a reglamento. El Hospital de Salto debe entender que su prestigio no se recupera denunciando a los vecinos de la ciudad, sino agilizando los procesos y tratando a los pacientes como seres humanos y no como números molestos que interrumpen la quietud de una guardia.
Una justicia que mira el dedo y no la Luna
La intervención de la Fiscalía en este caso parece seguir la lógica del formalismo más frío. Al ser enterada la autoridad judicial, se dispusieron medidas contra el padre, pero ¿quién investiga al Hospital de Salto por la demora que originó el conflicto? La balanza siempre parece inclinarse a favor del ente estatal, dejando al usuario en una situación de indefensión total: si se queda callado, su hija no es atendida; si grita, termina en la comisaría. Es la trampa perfecta de un sistema que se auto protege para no tener que mejorar.
Mientras las autoridades policiales continúan con las averiguaciones del caso, la comunidad salteña sigue acumulando anécdotas de terror sobre las noches de guardia en el nosocomio local. El Hospital de Salto hoy tiene un expediente nuevo, pero sigue teniendo las mismas salas de espera llenas de gente indignada. La violencia nunca es el camino, pero la negligencia administrativa es el combustible que la enciende. En un Uruguay que se jacta de su sistema de salud, episodios como este nos recuerdan que, en el interior, la realidad es mucho más cruda y menos solidaria de lo que dicen los discursos oficiales.
¿Hasta cuándo el sistema público va a seguir usando la justicia para tapar su propia incapacidad de brindar un servicio digno y a tiempo a los uruguayos?