Nueva polémica por datos de homicidios en Uruguay genera cruces en política

El baile de números que confunde a la ciudadanía

Homicidios en Uruguay. La discusión por la seguridad pública ha sumado un ingrediente que roza lo insólito: la falta de consenso sobre cuántas personas perdieron la vida violentamente el año pasado. Explicaron fuentes policiales a Uruguay Al Dia que la desconfianza interna crece mientras el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación presentan planillas que no se parecen. Según los datos oficiales de 2025, la cartera del Interior cerró el año con 369 hechos luctuosos, mientras que la Fiscalía elevó esa cifra a 386. Esa diferencia de 17 casos no es menor cuando hablamos de vidas humanas y de la sensación térmica de un país que se siente asediado por el crimen.

Esta brecha ha reavivado una polémica que parece no tener fin. Para el ciudadano de a pie, que el Estado tenga dos contadores distintos para los mismos muertos suena a una falta de seriedad alarmante. La oposición no tardó en saltar y cuestionar la transparencia de una gestión que, casualmente, siempre termina informando cifras más bajas que el organismo encargado de investigar los delitos. Los asesinatos son la métrica del fracaso o el éxito de cualquier política de seguridad, y este «desajuste» metodológico solo le echa leña al fuego de la incertidumbre.

Criterios técnicos o maquillaje de estadísticas

Diego Sanjurjo, el gerente del Área de Estadística del Ministerio, salió al cruce en sus redes sociales para intentar poner paños fríos con un informe conjunto. Según el jerarca, las discrepancias en los datos de los crímenes de sangre no son errores, sino «criterios técnicos distintos». Básicamente, lo que nos dicen es que la Fiscalía anota todo lo que entra como sospecha de asesinato, mientras que el Ministerio aplica un filtro internacional que excluye, por ejemplo, los casos de legítima defensa o las muertes causadas por la policía en intervenciones legales.

Sin embargo, esta explicación no termina de convencer a propios ni a extraños. Incluso dentro de la coalición de gobierno, el sector de Pedro Bordaberry ha mirado con lupa este informe. La pregunta que surge es obvia: ¿qué tan real es la baja en las muertes violentas si el criterio para contarlos depende de quién tiene la lapicera? Para muchos analistas, se está intentando imponer un «estándar estadístico» que maquilla la realidad delictiva, separando muertes violentas que en el día a día golpean por igual a la sociedad.

La Fiscalía y el Ministerio: dos mundos aparte

El informe conjunto detalla que para el año 2024 la diferencia fue aún mayor, con 399 víctimas para la Fiscalía contra 382 para el Interior. Esta inconsistencia sistemática en los delitos mortales demuestra que el sistema está roto. Mientras Fiscalía se encarga de las formalizaciones y el estado procesal, el Ministerio se queda con la potestad de la «referencia estadística», una decisión que le permite manejar el relato de la evolución delictiva a su conveniencia.

Lo cierto es que esta «finalidad institucional diferente» que alega Sanjurjo solo sirve para embarrar la cancha de un debate que debería ser sagrado. Si el objetivo es promover un debate informado, el primer paso sería que los organismos del Estado hablen el mismo idioma. Las ejecuciones no pueden ser interpretados a gusto del consumidor, porque detrás de cada número hay una familia destruida y un barrio que vive con miedo.

El costo político de una realidad que no cierra

Este choque de datos no es solo un tecnicismo; es un problema político de primer orden. La crisis de los homicidios en Uruguay requiere diagnósticos claros para aplicar soluciones efectivas. Si el Ministerio se empeña en mostrar una realidad más benevolente de la que registran los fiscales, las políticas de prevención se estarán diseñando sobre cimientos de barro. El desgaste de figuras como Sanjurjo, que recibe palos de todos los sectores, es la prueba de que este informe conjunto parece más un parche para salir del paso que una solución de fondo.

Hacia el futuro, queda el compromiso de unificar estas cifras, aunque el camino parece largo. Mientras tanto, el debate seguirá siendo una guerra de tuits y declaraciones cruzadas, lejos de la urgencia que demanda la calle. La seguridad se construye con confianza, y difícilmente se pueda confiar en un sistema que no sabe, o no quiere, ponerse de acuerdo en algo tan básico como contar las víctimas de la violencia.

¿Podemos confiar en los planes de seguridad si el propio Estado no logra unificar el criterio para contar los homicidios en Uruguay?