De la Triple Frontera a Uruguay: el recorrido de la red de Hezbollah en el continente

Esta semana un tribunal de París condenó a la empresa francesa Lafarge, una de las mayores fabricantes de cemento del mundo, por financiamiento del terrorismo. El caso puso en evidencia mecanismos que operan también en América Latina, donde Hezbollah en Uruguay es uno de los ejes monitoreados por los servicios de inteligencia regionales y extranjeros.

El ex director general de Lafarge, Bruno Lafont, recibió seis años de prisión con encarcelamiento inmediato, mientras otros siete directivos obtuvieron penas de entre 18 meses y siete años. La investigación judicial estableció que entre 2013 y 2014 la firma pagó comisiones a grupos jihadistas en Siria, entre ellos el Estado Islámico y organizaciones vinculadas a Al Qaeda, para mantener en funcionamiento sus fábricas en territorio en guerra.

Hezbollah nació en el Líbano en 1982, creado y financiado por Irán como brazo armado de la revolución islámica. Desde esa misma década, miembros de comunidades de origen libanés establecidas en la región comenzaron a tejer vínculos con la organización, con el objetivo de armar estructuras orientadas a generar recursos para sus actividades en Oriente Medio.

El punto de partida de la red se ubicó en la zona donde convergen Argentina, Brasil y Paraguay. Se trata de un espacio con escaso control aduanero, tráfico comercial intenso y comunidades de origen árabe instaladas hace varias generaciones, condiciones que facilitaron el despliegue de células operativas.

Para mediados de la década de 2000, informes de inteligencia regionales y estadounidenses estimaban la presencia de unas 460 personas vinculadas a Hezbollah organizadas en células en esa zona. Muchas de ellas contaban con actividades comerciales formales que funcionaban como fachada. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos catalogó a Assaf Barakat, propietario de un local de electrodomésticos en la zona, como uno de los miembros más influyentes del grupo en la región y presunto delegado para la Triple Frontera.

Las fuentes de ingresos identificadas combinan actividades ilegales y negocios aparentemente legales. Entre las primeras figuran el lavado de dinero, el narcotráfico, el contrabando de carbón, petróleo y diamantes, la falsificación de documentos y de billetes de curso legal. Entre las segundas, emprendimientos de construcción, importación y exportación de mercaderías, venta de electrodomésticos y bienes raíces.

Cálculos de organismos de seguridad regionales estiman que los grupos con nexos a Hezbollah en la Triple Frontera y zonas aledañas envían entre 300 y 500 millones de dólares anuales a organizaciones armadas en Oriente Medio.

En 2008 la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) lanzó la Operación Cassandra, una investigación encubierta que se extendió por siete años. El objetivo era mapear las redes de narcotráfico y sus conexiones con grupos armados.

Al cierre del operativo, los investigadores habían identificado a 22 figuras vinculadas al terrorismo islámico y a Irán, detectado estructuras de Hezbollah en siete países de la región y desarticulado a un grupo denominado “La Oficina”, dedicado al lavado de dinero proveniente del antiguo Cártel de Cali y con vínculos directos a la financiación de Hezbollah. Los datos del operativo indicaron que el circuito completo movilizaba hasta 1.000 millones de dólares anuales.

Los vínculos entre Hezbollah y el narcotráfico no se limitan a la zona sur del continente. Hay registros de acuerdos operativos con cárteles mexicanos, en los que el grupo libanés aporta conocimientos en construcción de túneles y manejo de explosivos, a cambio de acceso a rutas de tráfico y ganancias del negocio.

En 2021 fue arrestado en Guatemala un exalcalde del estado mexicano de Michoacán, quien declaró durante su interrogatorio que parte de la droga que gestionaba provenía de laboratorios administrados por Hezbollah. El asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022, mientras estaba de luna de miel en Colombia, sumó otro elemento: Estados Unidos pidió a Brasil la extradición de tres personas vinculadas a la red de Hezbollah en la Triple Frontera, acusadas de haber organizado el crimen.

En 2007, el entonces canciller venezolano Nicolás Maduro y el secretario general de Hezbollah, Hasan Nasrallah, firmaron un acuerdo en Damasco. El pacto, según informes de inteligencia occidentales, amparó actividades de narcotráfico, lavado de activos, suministro de armas, entrega de pasaportes y despliegue de células en territorio venezolano.

La Isla de Margarita se convirtió en el punto de convergencia de las tres principales células de la región, con base en Brasil, Argentina y Uruguay. Datos oficiales venezolanos indican que entre 2009 y 2019 se otorgaron más de 10.400 pasaportes a ciudadanos provenientes de Siria, el Líbano e Irán. Fuentes de la oposición venezolana elevan esa cifra a más de 20.000. Varios de esos documentos fueron utilizados por personas con vínculos a Hezbollah para ingresar a Estados Unidos.

Uruguay aparece en los informes regionales como uno de los puntos más sensibles del entramado. Su sistema financiero, su régimen de fronteras, la presencia de una comunidad de origen libanés consolidada y su ubicación geográfica explican que las células que operan en el país hayan sido objeto de monitoreo permanente por parte de los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros.

En el contexto actual, con el Líbano sumido en una crisis institucional y social, e Irán bajo ataques militares por parte de Israel, la red de Hezbollah en América Latina adquirió mayor relevancia estratégica. Las autoridades de varios países de la región mantienen activos los dispositivos de seguimiento de las estructuras identificadas, sin que hasta el momento se hayan anunciado nuevos operativos de envergadura.