El representante a la Cámara Heráclito Landinez, del Pacto Histórico, expresó su preocupación sobre la ley de sometimiento que el Gobierno de Abelardo de La Espriella presentará ante el Congreso de la República. Criticó las rebajas de penas, los beneficios penitenciarios y otras condiciones que se proponen para quienes se acojan al mecanismo.
Durante una entrevista con El Tiempo, Landinez detalló que la iniciativa plantea una reducción del 50% de las condenas y un descuento adicional del 20% para aquellos que trabajen o estudien. También mostró reticencias sobre la posibilidad de que los condenados cumplan sus penas en colonias agrícolas u otros tipos de establecimientos carcelarios.
Landinez cuestiona rebajas de penas del proyecto
Uno de los principales cuestionamientos del representante está relacionado con las diferencias entre las propuestas de campaña y las medidas incluidas en el proyecto de sometimiento. Landinez mencionó que, durante la campaña, se defendió la idea de no conceder rebajas de penas ni beneficios a los condenados. Contrario a esto, la iniciativa actual ofrece descuentos significativos en las condenas, incluyendo una rebaja inicial del 50% más un 20% adicional por actividades productivas o educativas.
Aparte de las rebajas, Landinez expresó inquietudes por la posibilidad de cumplir las condenas en colonias agrícolas o en establecimientos alternativos a las cárceles convencionales, aspectos que, según él, deben ser revisados en el proceso legislativo.
La utilización del término “actor armado” en la iniciativa
El representante destacó que la propuesta del gobierno utiliza el término “actor armado” para referirse a individuos que podrían entrar en procesos de negociación o sometimiento con el Estado. Landinez interpretó que esta expresión reconoce el conflicto armado y podría activar los protocolos adicionales de los Convenios de Ginebra.
No obstante, también cuestionó que el proyecto relacione las categorías de “actor armado” y “terrorista”, insistiendo en la importancia de mantener clara esta distinción acorde a las medidas de seguridad que el Gobierno plantea.
Defensa de una salida negociada al conflicto
Durante la entrevista, Landinez defendió la necesidad de mantener la puerta abierta a una salida negociada para el conflicto armado colombiano, a pesar de las críticas hacia la política de paz total. “A mediano o largo plazo, este país tiene que apostarle a una salida negociada al conflicto armado”, aseguró.
Mencionó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las disidencias de las FARC como organizaciones que aún ven la confrontación como una alternativa, subrayando que Colombia, tras más de 70 años de guerra, debe seguir buscando soluciones negociadas. Según Landinez, el debate se centra en determinar si la política gubernamental se enfocará solo en el sometimiento de grupos armados o si también promoverá procesos de paz negociados.
Cuestionamientos al Estatuto Antiterrorista
Landinez también cuestionó el Estatuto Antiterrorista que el Gobierno planea llevar al Congreso. Uno de sus principales reparos radica en que, según explicó, el proyecto conferiría al consejero de Seguridad Nacional la facultad de crear listas de personas y organizaciones consideradas terroristas. Subrayó que esta tarea debería ser exclusiva de la Rama Judicial, poniéndose en duda la legitimidad de que una entidad administrativa lo haga.
Además, expresó preocupación sobre la posibilidad de que las listas expedidas en Estados Unidos o Europa se trasladaran automáticamente a Colombia. Ejemplificó con la lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU., mostrando cómo el estatuto podría afectar a personas y organizaciones con vínculos indirectos con esas listas.
Finalmente, advirtió sobre las potenciales repercusiones de clasificar organizaciones terroristas para movimientos opositores, como el Pacto Histórico, apuntando a que el mecanismo podría utilizarse para atacar a adversarios políticos. Según la información, el Congreso discutirá tanto la ley de sometimiento como el Estatuto Antiterrorista en su proceso legislativo.
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