El abogado penalista uruguayo cuestionó duramente al presidente de El Salvador durante una entrevista en Radio Sarandí. Sus declaraciones, realizadas en abril de 2026, volvieron a circular en Uruguay y reabrieron la discusión sobre la seguridad, la democracia y las denuncias de violaciones de derechos humanos en el país centroamericano.
El abogado penalista uruguayo Germán Aller protagonizó una fuerte controversia por sus declaraciones sobre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien calificó de dictador y acusó de representar intereses vinculados con grandes organizaciones del narcotráfico.
Las afirmaciones surgieron durante una entrevista concedida en abril de 2026 al programa Las cosas en su sitio, de Radio Sarandí, en Montevideo. Un fragmento de aquella conversación volvió a difundirse meses después, coincidiendo con la presencia en Uruguay del vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa.
El material recuperado llamó especialmente la atención por la contundencia de las expresiones del jurista, quien cuestionó tanto la concentración del poder político como las políticas de seguridad implementadas por el mandatario centroamericano.
Sin embargo, las acusaciones de Aller sobre presuntos vínculos de Bukele con el narcotráfico constituyen afirmaciones personales que no fueron acompañadas de pruebas concretas en el fragmento difundido. Por lo tanto, no corresponde presentarlas como hechos comprobados.
Germán Aller llamó dictador a Nayib Bukele
Durante la entrevista, Aller rechazó la idea de considerar democrático al gobierno salvadoreño y sostuvo que la concentración del poder resulta incompatible con los principios constitucionales.
El penalista fue categórico al expresar su posición:
«Este es un dictador con todas las letras».
Su cuestionamiento no se limitó a las decisiones de seguridad. También hizo referencia a la situación de personas privadas de libertad, los exiliados salvadoreños y las consecuencias institucionales de las medidas adoptadas por el gobierno.
Para Aller, los resultados favorables en materia de criminalidad no constituyen, por sí solos, una justificación para restringir derechos y garantías democráticas.
El abogado también manifestó su rechazo a los modelos políticos que, desde su perspectiva, subordinan las instituciones a la voluntad de una sola persona.
La democracia como eje de sus críticas
En otro tramo de la conversación, Aller defendió el sistema democrático aun reconociendo sus limitaciones.
El jurista sostuvo que la democracia debe protegerse de manera permanente y advirtió sobre los riesgos de respaldar formas autoritarias de gobierno únicamente por sus resultados inmediatos.
Sus observaciones estuvieron acompañadas por referencias a su propia experiencia durante la dictadura uruguaya.
También recordó el plebiscito constitucional de 1980 para señalar que el respaldo social no constituye necesariamente una garantía del carácter democrático de un proyecto político.
La acusación más controvertida: presuntos vínculos con el narcotráfico
El momento más polémico de la entrevista ocurrió cuando Germán Aller vinculó directamente al presidente salvadoreño con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
«Bukele representa uno de los grandes grupos de narcotráfico en el mundo», afirmó.
A continuación, sostuvo que la reducción de la violencia podría estar vinculada con la eliminación de organizaciones competidoras dentro del territorio salvadoreño.
«Entonces él lo que eliminó es la competencia», expresó.
Las declaraciones sorprendieron a los conductores del programa, quienes inmediatamente le pidieron que explicara el alcance de semejante acusación.
Ante la insistencia de los periodistas, Aller señaló que había vivido durante varios años en Centroamérica y afirmó conocer la realidad de la región.
No obstante, en el fragmento de la entrevista no identificó a ninguna organización criminal concreta ni presentó documentación que permitiera verificar la supuesta relación atribuida al mandatario.
Una acusación que debe distinguirse de los hechos comprobados
La gravedad de las expresiones del penalista exige una distinción fundamental.
Que Aller haya realizado públicamente esas afirmaciones no significa que exista una vinculación delictiva demostrada entre Nayib Bukele y las organizaciones mencionadas.
La entrevista constituye una fuente directa para informar sobre lo que el abogado dijo, pero no representa una prueba independiente de la acusación.
Por ese motivo, sus manifestaciones deben ser presentadas como declaraciones atribuidas al jurista, sin convertirlas en conclusiones propias del medio.
El modelo Bukele y la reducción de los homicidios en El Salvador
La polémica también volvió a poner bajo discusión uno de los principales argumentos utilizados por el gobierno salvadoreño para defender su política de seguridad: la fuerte disminución de los homicidios.
Durante el programa radial, los conductores comentaron las cifras divulgadas por las autoridades de El Salvador y analizaron las afirmaciones realizadas por el vicepresidente Félix Ulloa durante su visita a Uruguay.
Uno de los puntos discutidos fue la diferencia entre hablar de jornadas acumuladas sin homicidios y presentar esas jornadas como si hubieran ocurrido de manera consecutiva.
Los periodistas subrayaron la importancia de precisar ese aspecto para evitar interpretaciones equivocadas sobre las estadísticas oficiales.
Qué dicen las cifras oficiales de El Salvador
De acuerdo con la Fiscalía General de la República de El Salvador, durante 2024 se registraron 114 homicidios intencionales, mientras que en 2025 la cifra descendió a 82.
Los datos confirman una disminución significativa de los asesinatos registrados oficialmente en el país centroamericano.
La Fiscalía también informó que al cierre de 2025 se habían acumulado 1.102 jornadas sin homicidios desde el comienzo de la administración de Bukele. Esa cifra corresponde a un total acumulado y no a 1.102 días consecutivos.
Las autoridades salvadoreñas atribuyen buena parte de esos resultados al fortalecimiento de las operaciones de seguridad, las detenciones de integrantes de pandillas y el régimen de excepción implementado desde marzo de 2022.
No obstante, organizaciones defensoras de los derechos humanos han cuestionado las detenciones arbitrarias, las condiciones carcelarias y la suspensión de determinadas garantías legales.
Este escenario alimenta un debate que supera las fronteras salvadoreñas: hasta dónde puede avanzar un Estado en su lucha contra la delincuencia sin comprometer los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
La visita del vicepresidente Félix Ulloa reactivó el debate en Uruguay
Las declaraciones de Germán Aller volvieron a adquirir repercusión pública después de la presencia en Uruguay del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.
Durante su participación en medios uruguayos, el funcionario defendió los resultados del modelo de seguridad impulsado por Bukele y destacó la reducción de la criminalidad.
Sus intervenciones reactivaron las discusiones sobre la posibilidad de aplicar políticas similares en otros países de América Latina.
En ese contexto, el fragmento de la entrevista a Aller comenzó a circular nuevamente, a pesar de haber sido grabado varios meses antes.
Los conductores de Radio Sarandí señalaron que les había llamado la atención la renovada difusión del material, especialmente por la intensidad de las críticas formuladas por el penalista.
Uruguay ante el debate sobre las políticas de seguridad
La discusión sobre el modelo salvadoreño también tiene repercusiones en Uruguay, donde la inseguridad pública constituye uno de los asuntos permanentes de la agenda política.
Durante el programa se recordó que el presidente uruguayo Yamandú Orsi había planteado la posibilidad de estudiar experiencias internacionales en materia de seguridad, incluida la salvadoreña.
Sin embargo, analizar los resultados de una política extranjera no implica necesariamente respaldar la totalidad de sus mecanismos.
La controversia planteada por Aller se ubica precisamente en esa diferencia: evaluar los efectos de una estrategia contra el delito y, al mismo tiempo, examinar su compatibilidad con las instituciones democráticas y el respeto de las garantías individuales.
Las declaraciones de Aller reabren una discusión más amplia
La difusión de la entrevista dejó sobre la mesa dos cuestiones distintas.
Por un lado, los resultados de la política de seguridad del gobierno de Nayib Bukele, que las estadísticas oficiales presentan como una reducción considerable de los homicidios.
Por otro, las críticas a la concentración del poder, el funcionamiento del sistema de Justicia y las consecuencias del régimen de excepción sobre las libertades individuales.
A esos asuntos se sumaron las acusaciones realizadas por Germán Aller sobre supuestas relaciones entre el presidente salvadoreño y organizaciones del narcotráfico, afirmaciones que requieren evidencia independiente antes de ser consideradas hechos establecidos.
El debate también refleja la polarización que genera el modelo salvadoreño fuera de sus fronteras.
Mientras sus defensores destacan la recuperación del control territorial frente a las pandillas y la disminución de los asesinatos, sus críticos advierten sobre los riesgos institucionales y las denuncias de vulneraciones de derechos fundamentales.
La entrevista de Aller volvió a colocar esas diferencias en el centro de la discusión pública uruguaya, con un planteo que trasciende las cifras de criminalidad y alcanza a la relación entre seguridad, democracia y ejercicio del poder.
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