Una maniobra financiera descubierta en el corazón del sistema bursátil uruguayo terminó con la intervención de la corredora de bolsa Pérez Marexiano.
El Banco Central del Uruguay (BCU) decidió suspenderla de manera preventiva luego de comprobar graves irregularidades en su operativa y una presunta estafa encabezada por un exempleado que habría defraudado a inversores, amigos y hasta familiares.
Una intervención que sacude al mercado financiero
El BCU actuó con rapidez tras identificar un patrón de operaciones no autorizadas vinculadas a Ignacio González Palumbo, un corredor que actuaba sin vínculo formal con la empresa. Según el informe oficial, González manejaba cuentas de clientes, emitía estados financieros falsos y ejecutaba inversiones sin control.
El regulador señaló que la empresa permitió movimientos de fondos entre cuentas de distintos clientes, ocultó información relevante y no aplicó controles adecuados de prevención de lavado de activos.
El modus operandi del corredor denunciado
González Palumbo, de 38 años, utilizaba su experiencia en inversiones para generar confianza. Entregaba informes falsos con supuestos rendimientos positivos, mientras desviaba los fondos. Su vida pública, marcada por autos de lujo, vacaciones en Punta del Este y noches de casino, contrastaba con el engaño financiero que mantenía oculto.
Las víctimas comenzaron a sospechar cuando solicitaron retirar su dinero y no recibieron respuesta. El esquema colapsó y dejó al descubierto un fraude millonario. Una de las damnificadas fue Vivianne Yafe, jubilada y exescribana, quien declaró haber sido estafada por alguien de su entorno familiar.
El impacto legal y económico
El 17 de octubre de 2025, la Justicia uruguaya prorrogó por seis meses las medidas cautelares contra González Palumbo, quien tiene prohibido salir del país mientras avanza la investigación a cargo de la fiscal Sandra Fleitas.
La corredora Pérez Marexiano enfrenta sanciones y una posible revocación de licencia por incumplir las normas que rigen la intermediación bursátil. Los expertos señalan que este caso marca un antes y un después en el control del sistema financiero nacional.
El rol del Banco Central del Uruguay
El organismo enfatizó la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y recordó que las firmas intermediarias deben garantizar transparencia total. En su resolución, el BCU destacó que “la falta de contratos formales, controles internos y registros adecuados permitió las irregularidades detectadas”.
Además, advirtió sobre la responsabilidad de las empresas en evitar que operadores externos gestionen fondos de terceros sin autorización.
El daño reputacional
Más allá del perjuicio económico, el caso golpea la confianza del público en el sistema bursátil uruguayo. Para el economista Ricardo Puentes, “la transparencia es el activo más valioso del mercado financiero. Cuando se pierde, todo el sistema se resiente”.
El escándalo afecta no solo a los damnificados, sino también a otras corredoras que ahora enfrentan mayores exigencias regulatorias y una inevitable pérdida de credibilidad temporal.
El caso Pérez Marexiano expone los riesgos de una supervisión laxa en el mercado financiero. El fraude de González Palumbo, más allá de sus lujos y apariencias, revela la importancia de una vigilancia constante y de la educación financiera para prevenir futuras estafas.
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