El Gobierno de Uruguay puso en marcha el convenio entre Interior y Defensa. Blindados del Ejército serán parte de la estrategia para zonas críticas, con militares habilitados a portar armas de reglamento.
La decisión ya es un hecho administrativo. El presidente Yamandú Orsi firmó este viernes la resolución que autoriza el despliegue de logística castrense en el patrullaje de las áreas más sensibles de Montevideo. La medida, que marca un hito en la gestión de seguridad pública, busca contener la escalada delictiva mediante una mayor presencia estatal.
El despliegue de los blindados
El plan contempla la puesta en servicio de hasta 12 vehículos blindados, incluyendo modelos Mamba MK7, conocidos por su capacidad de protección en terrenos hostiles. Según lo detallado por el ministro del Interior, Carlos Negro, si bien la prioridad es que los móviles sean operados por policías capacitados, se abre la puerta para que efectivos del Ejército actúen como conductores.
La tensión ya no se oculta: el despliegue militar en la calle divide las aguas políticas.
«De ninguna manera puede aceptarse la palabra militarización», aclaró Negro, buscando bajar los decibeles de la controversia. Desde el oficialismo sostienen que se trata simplemente de optimizar recursos del Estado para garantizar que los vecinos de barrios vulnerables puedan ejercer sus derechos en un entorno seguro.
Armas y respaldo legal: el punto de conflicto
La resolución no solo define el uso de los vehículos, sino que despeja una de las mayores incógnitas: el porte de armas de los militares asignados. Al ser consultado sobre este punto, el ministro Negro fue tajante al recordar que el efectivo mantiene su estatus militar y, por tanto, el derecho a portar su arma de reglamento.
El conflicto político empieza a escalar mientras se ajustan los detalles operativos.
El hecho de que el militar pueda utilizar su arma ante una amenaza real a su integridad física añade una capa de complejidad al operativo. Sin embargo, el Gobierno insiste en que todo el procedimiento quedará estrictamente bajo el mando y la dirección de la Policía Nacional.
¿Estrategia operativa o atajo administrativo?
El uso de múltiples modelos de blindados —más allá de los complejos Mamba— responde a una lectura estratégica. Al diversificar la flota, el Ejecutivo evita que el convenio deba pasar por el filtro parlamentario, sorteando así posibles demoras y un desgaste legislativo innecesario ante la oposición.
En el Gobierno crece la preocupación por la reacción de los sindicatos y los sectores críticos.
La normativa vigente, citando la Ley Orgánica Militar y el Código Civil, es la base en la que el Ejecutivo se apoya para blindar el acuerdo. Con esta jugada, Orsi intenta demostrar determinación en su política de seguridad, apostando por un despliegue que combina la logística del Ejército con la autoridad policial, en un terreno donde la disuasión es hoy la herramienta principal.