Denuncia por herencia y retiros sospechosos
Denuncia por herencia es el concepto que atraviesa un caso que ha generado preocupación jurídica, tensión familiar y un inesperado giro económico en Durazno. La situación comenzó cuando un hombre descubrió que cerca de 300.000 dólares, correspondientes a una herencia recibida tras la muerte de su tío, habían sido transferidos a la cuenta bancaria de un familiar que actuaba como gestor administrativo del fallecido. El movimiento ocurrió el mismo día del deceso, lo que incrementó las sospechas y desencadenó una denuncia penal que todavía espera la asignación de un fiscal para investigar el hecho.
El abogado del denunciante, Sergio De Souza, señaló que la víctima es heredero testamentario de una importante cantidad de bienes, entre ellos hectáreas de campo, una población significativa de vacunos y una cuantiosa cuenta bancaria en dólares. El patrimonio heredado formaba parte de una planificación previa del testador, por lo que cualquier maniobra realizada fuera del marco legal implica un riesgo grave de apropiación indebida. Esta combinación de tierras, ganado y activos financieros convierte el caso en uno de los más sensibles en materia de sucesiones recientes en la región.
Para De Souza, la preocupación central radica en el momento exacto en que se realizaron las transferencias. El abogado explicó que el mismo día del fallecimiento se detectó que el familiar a cargo realizó retiros y movimientos bancarios que no solo no estaban autorizados, sino que también superaron los límites permitidos por la entidad financiera. Según relató, hubo transacciones por 12.000 dólares que excedieron claramente el monto habilitado, lo que refuerza la sospecha de que se actuó con conocimiento técnico y aprovechando el acceso previo a la cuenta del fallecido.
Denuncia por herencia y manejo administrativo previo
Otro elemento clave es que la persona denunciada actuaba como gestor administrativo del difunto, una posición que implica confianza, acceso a documentos y manejo de recursos. En ese contexto, cada movimiento bancario adquiere relevancia jurídica, dado que un gestor no puede apropiarse de bienes ajenos, incluso si los administra. Para la defensa, esta condición agrava el caso porque combina oportunidad, conocimiento de saldos y uso directo de accesos bancarios, factores que suelen considerarse en investigaciones de fraude.
La denuncia ya fue presentada, pero hasta el momento no hay un fiscal designado en Durazno para llevar adelante la investigación. La ausencia de asignación genera inquietud porque mientras no haya un responsable a cargo del caso, no se pueden solicitar pericias, tomar declaraciones ni avanzar con diligencias fundamentales. Esta demora ha llevado a que el abogado se reuniera con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, con el objetivo de buscar una respuesta institucional que permita dar curso inmediato al expediente.
El denunciante sostiene que la urgencia es doble: por un lado, necesita que el caso avance para determinar responsabilidades y, por otro, debe evitar que el dinero heredado desaparezca por completo. En ese sentido, el banco tomó una primera medida: bloqueó la cuenta hasta el 30 de noviembre. Esta resolución intenta evitar nuevos movimientos mientras se esclarece lo ocurrido, pero su naturaleza temporal obliga a que la Fiscalía actúe antes de que venza el plazo bancario.
El caso también se inscribe en un contexto más amplio de conflictos familiares vinculados a herencias, donde el acceso a datos bancarios o la cercanía con el fallecido se convierten en puntos de fricción. La falta de supervisión inmediata en el día del deceso permitió que se realizaran maniobras que hoy están bajo sospecha. Este tipo de situaciones suele abrir debates sobre la necesidad de fortalecer controles administrativos y protocolos sucesorios para evitar que figuras como la del gestor se transformen en oportunidades para irregularidades.
Denuncia por herencia y bloqueo bancario temporal
Por ahora, la víctima aguarda una resolución institucional que permita activar la investigación. La defensa insiste en que los hechos son claros: hubo retiros, hubo transferencias y hubo un aprovechamiento del momento crítico del fallecimiento. Lo que resta determinar es la responsabilidad penal de quien actuó en nombre propio utilizando fondos ajenos. Mientras tanto, la comunidad jurídica observa el caso como un ejemplo más de las tensiones que surgen cuando la muerte de una persona coincide con disputas por el manejo de bienes que deberían pasar, sin irregularidades, a sus legítimos herederos.
El banco ya hizo lo que podía. Ahora la pregunta es inevitable: ¿cuánto más puede avanzar este caso si la Fiscalía sigue sin asignar un responsable para investigar una denuncia que involucra cientos de miles de dólares?