El estigma de la vereda
En una reciente intervención mediática, el director nacional de la Policía, José Manuel Azambuya, puso sobre la mesa un tema que divide aguas en la opinión pública: la relación entre la indigencia y la criminalidad. Según el jerarca, existe una brecha significativa entre lo que el vecino siente al ver a una persona pernoctando en la vía pública y la realidad delictiva del país. Para Azambuya, el fenómeno se traduce principalmente en una «sensación» de desprotección, ya que, en términos legales, la mayoría de estos individuos no cuentan con antecedentes ni motivos de peso para terminar en una celda.
Esta visión desafía el malestar de miles de montevideanos y habitantes del interior que asocian la degradación del espacio público con un aumento del peligro. Sin embargo, desde la cúpula policial se sostiene que el hecho de que alguien habite la calle no lo convierte automáticamente en un criminal. Azambuya explicó que muchas de las intervenciones diarias terminan sin detenciones simplemente porque no hay un delito que perseguir, lo que deja a la fuerza de seguridad en una posición de asistencia o mediación más que de represión.
El rol de la percepción ante la Inseguridad en Uruguay
El director policial fue enfático al señalar que, si se intenta forzar un vínculo entre la mendicidad y el hampa, es probable que no se encuentre evidencia sólida en la gran mayoría de los casos. Esta «sensación» de la que habla Azambuya se alimenta de la fricción diaria en la convivencia urbana, donde el pedido de dinero o la ocupación de espacios comunes genera rechazo. Curiosamente, el jerarca destacó que el fenómeno tiene una doble cara: mientras algunos ciudadanos exigen mano dura, otros son quienes sostienen la permanencia de estas personas en la calle mediante propinas o comida.
Este escenario se da en el marco de la nueva «Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle» impulsada por el gobierno de Yamandú Orsi. El objetivo oficial es atacar las causas estructurales —como la falta de vivienda y empleo— en lugar de criminalizar la pobreza. No obstante, las cifras del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) son preocupantes. El ministro Gonzalo Civila confirmó un aumento del 19% en la demanda de asistencia para personas sin techo entre 2024 y 2025, lo que demuestra que, más allá de la percepción, el fenómeno social está en plena expansión y presiona los recursos del Estado.
Operativos de calle y la Ley de Faltas
Azambuya defendió la coordinación entre la Policía, el Mides y la Intendencia de Montevideo. El uso de la Ley de Faltas sigue siendo la herramienta principal para intentar despejar los espacios públicos, aunque sus resultados suelen ser efímeros. Para la Policía, el trabajo es de desgaste: retirar a las personas de la vía pública solo para que regresen pocas horas después, ya que la justicia no puede retener a alguien que no ha cometido un hurto o una rapiña, reforzando la idea de que la inseguridad en Uruguay tiene matices complejos de resolver.
Cifras de atención y desborde del sistema
El incremento en la atención brindada por el Mides alcanzó a más de 13.000 personas en el último año, lo que obligó a una expansión récord de las plazas disponibles en refugios, llegando a más de 8.200 cupos. Este despliegue, sin embargo, parece ser insuficiente para calmar la inquietud de los comerciantes y residentes de zonas céntricas, quienes sienten que la inseguridad en Uruguay está íntimamente ligada al deterioro de su entorno inmediato, independientemente de lo que dicten las estadísticas de arrestos.
El desafío político del gobierno de Orsi
Yamandú Orsi ha reconocido que las medidas aplicadas hasta ahora no han logrado revertir la situación de fondo. La estrategia de «Plan Invierno permanente» y las viviendas sociales buscan sacar a la población de la calle, pero el choque entre la realidad social y la paz vecinal sigue siendo el principal dolor de cabeza para Azambuya y su equipo. Mientras la Policía insista en que se trata de una «sensación», la brecha entre el discurso oficial y la vivencia en las veredas seguirá alimentando un debate que parece no tener un punto de encuentro en el corto plazo.
En definitiva, la inseguridad en Uruguay se encuentra en una encrucijada donde la policía pide no confundir vulnerabilidad con delincuencia, mientras la sociedad civil demanda recuperar un orden público que siente perdido.
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