Marília Soares
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El nuevo esquema del financiamiento al PIT-CNT
La llegada del 2026 trajo consigo la puesta en marcha de disposiciones presupuestales que han generado un fuerte malestar en el sector productivo y en los contribuyentes independientes. El Financiamiento al PIT-CNT ha dado un salto cuantitativo este 1° de enero, alcanzando la cifra de un millón de pesos anuales. Este monto se compone de una partida base de 400.000 pesos que ya se venía ejecutando, a la que ahora se le suma un refuerzo de 600.000 pesos planificado en la última Ley de Presupuesto Quinquenal.
Este flujo de dinero público hacia la central sindical se encuentra blindado legalmente bajo el artículo 574 de dicha norma, dentro del inciso de «Subsidios y Subvenciones» del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Lo que resulta más irritante para el ciudadano de a pie es que este recurso económico para el PIT-CNT sale directamente de Rentas Generales; es decir, se financia con el IVA, el IRPF y cada tributo que los uruguayos pagan con esfuerzo diario para sostener un Estado que, supuestamente, debería priorizar lo esencial.
La burocracia sindical y el uso de los fondos públicos
Mientras la administración de Yamandú Orsi y Carolina Cosse sostiene un discurso de austeridad en áreas críticas como la seguridad ciudadana o el sistema de Justicia, los recursos para Fondos destinados al PIT-CNT parecen ser intocables. Para muchos analistas, este subsidio no es más que un mecanismo para mantener aceitada a una estructura sindical que funciona como un brazo político del oficialismo. Resulta paradójico que se destine un millón de pesos anuales a una organización que, por decisión propia de sus cabecillas, se niega a obtener personería jurídica para eludir ciertos controles.
En lugar de que este apoyo financiero al PIT-CNT se vuelque a la reconversión laboral de trabajadores que pierden su empleo o a programas de capacitación técnica, el dinero termina en el Instituto Cuesta Duarte. Si bien este instituto posee personería legal, en los hechos opera como la oficina técnica de la central, sirviendo de soporte para una casta que goza de licencias sindicales permanentes y beneficios que el trabajador común del sector privado jamás llegará a conocer.
Un contraste ético frente a la crisis del sector privado
El subsidio al PIT-CNT se consolida en un momento delicado para la economía nacional, con empresas medianas y pequeñas que luchan por no bajar la cortina frente a la presión fiscal. Resulta éticamente cuestionable que el gobierno decida entregarle esta «ayuda extra» en bandeja a una burocracia que no rinde cuentas claras sobre el destino final de cada peso. La central obrera, que suele ser muy vocal a la hora de exigir transparencia en el sector empresarial, parece no tener la misma vara cuando se trata del dinero que le regala el Estado.
Además, el mensaje político es devastador para el asalariado que no se siente representado por la central. El contribuyente uruguayo está obligado a sostener el aporte monetarios al PIT-CNT incluso si discrepa profundamente con las posturas ideológicas de sus dirigentes, quienes frecuentemente manifiestan su apoyo a regímenes autoritarios en la región. Esta transferencia forzosa de riqueza desde el sector productivo hacia la cúpula sindical es una práctica que erosiona la confianza en la gestión de los recursos públicos.
La falta de rendición de cuentas en el subsidio sindical
Lo más preocupante de este escenario es la falta de mecanismos de control social sobre el Financiamiento al PIT-CNT. Al ser una partida otorgada bajo el concepto de subvención, la discrecionalidad en su uso es amplia. Mientras el país enfrenta desafíos demográficos y de competitividad, el Estado opta por engordar a una burocracia que ha demostrado ser más eficiente en la agitación política que en la generación de soluciones reales para el mundo del trabajo moderno.
En definitiva, la decisión de mantener y aumentar el Financiamiento al PIT-CNT deja en claro cuáles son las prioridades reales del gobierno del Frente Amplio. No se trata de fortalecer el trabajo, sino de blindar a los aliados. La ciudadanía observa con escepticismo cómo se dilapidan recursos que podrían estar salvando vidas en los hospitales o mejorando la vigilancia en los barrios más castigados por la delincuencia.
¿Es tolerable que en un Uruguay con necesidades básicas insatisfechas se destine un millón de pesos anuales de Rentas Generales para sostener la estructura de una central sindical que no rinde cuentas?