Uruguay Al Día
El Fideicomiso Salto fue el eje central de la sesión celebrada esta semana en la Junta Departamental, donde se aprobó el proyecto impulsado por el Ejecutivo departamental para refinanciar deudas y ejecutar obras en distintos puntos del departamento. Luego de la votación, que contó con el respaldo del oficialismo y de cuatro ediles del Frente Amplio, el edil del Partido Nacional Cristian Suárez brindó definiciones sobre el proceso, el quiebre interno en la oposición y las garantías planteadas para el uso de los recursos.
Según explicó Suárez, lo ocurrido en la Junta dejó en evidencia una división clara dentro del Frente Amplio. Indicó que una parte de esa fuerza política participó activamente del tratamiento del proyecto en la Comisión Integrada de Legislación y Hacienda, donde se analizaron los alcances del fideicomiso y se realizaron aportes sobre el destino de los fondos y los plazos del financiamiento. Esos ediles, señaló, fueron quienes finalmente acompañaron la iniciativa en el plenario.
El edil aclaró que desconoce si existieron negociaciones privadas entre sectores del Frente Amplio y el Ejecutivo, pero sostuvo que lo que quedó expuesto públicamente fue un Frente Amplio con posiciones diferentes frente al proyecto. También afirmó que, desde su punto de vista, el sector que se opuso no logró fundamentar con solidez su rechazo durante el debate.
Consultado sobre las garantías para evitar que el Fideicomiso Salto sea utilizado para cubrir desprolijidades de gestiones anteriores, Suárez señaló que la base del respaldo estuvo en la transparencia del Ejecutivo desde el inicio del proceso. Aseguró que hubo instancias de trabajo abiertas, acceso a la información y participación de los ediles, descartando que se haya tratado de un proyecto presentado sin diálogo previo.
En ese marco, destacó el aval del Tribunal de Cuentas a las proyecciones financieras elaboradas por el equipo económico de la Intendencia, encabezado por el economista Nicolás Rinaldi. Según explicó, ese informe fue clave para generar confianza, ya que evaluó la viabilidad del financiamiento y su incorporación al presupuesto departamental.
Respecto a la urgencia del instrumento financiero, Suárez explicó que la Intendencia se encontraba en una situación de equilibrio que, en la práctica, implicaba destinar los ingresos corrientes casi exclusivamente al pago de deudas. Señaló que ese escenario mantenía al departamento en una situación de estancamiento, sin capacidad para impulsar obras de magnitud.
En ese sentido, sostuvo que el fideicomiso fue planteado como una herramienta para generar un “shock de obras”, refinanciar pasivos y permitir un margen de acción mayor al Ejecutivo. Indicó que el monto y el plazo del financiamiento fueron definidos por el equipo técnico, teniendo en cuenta la durabilidad de las obras y de la maquinaria a adquirir, así como la necesidad de un mantenimiento sostenido en el tiempo.
Sobre el impacto del endeudamiento en la capacidad futura del departamento, Suárez explicó que, según las proyecciones presentadas, el nivel de endeudamiento se ubicaría en torno al 40%, un porcentaje que, de acuerdo a referencias internacionales, se encuentra por debajo de niveles considerados críticos. Añadió que la capacidad de pago está respaldada por los ingresos proyectados de la Intendencia y que solo una caída significativa de esos ingresos pondría en riesgo el cumplimiento del financiamiento.
El edil también respondió a las críticas sobre la falta de alternativas menos gravosas. Indicó que el Ejecutivo encomendó estudios externos para analizar la situación financiera y que, tras evaluar distintas opciones y experiencias de otros departamentos, se concluyó que el fideicomiso a largo plazo era el mecanismo más adecuado.
En cuanto a las obras previstas, Suárez señaló que, en una primera etapa, se priorizará el pago de deudas con empresas proveedoras. Posteriormente, se prevén intervenciones en avenidas del departamento, inversiones en infraestructura deportiva, la concreción de la piscina en Belén, mejoras en caminería rural y la compra de maquinaria. Aclaró que los fondos no se solicitarán en un solo tramo, sino en partidas sucesivas, con rendiciones de cuentas asociadas a cada etapa de ejecución.
Otro de los puntos destacados fue el compromiso del Ejecutivo de informar periódicamente a la Junta Departamental sobre el uso de los recursos. Además, recordó que, a propuesta de ediles del Frente Amplio, se creará una Comisión Especial integrada por representantes de distintos partidos y alcaldes, con el objetivo específico de fiscalizar el fideicomiso.
Finalmente, Suárez se refirió a la decisión de la Mesa Política Departamental del Frente Amplio de elevar al Tribunal de Conducta Política los antecedentes de los cuatro ediles que votaron a favor del proyecto. Calificó esa resolución como lamentable y sostuvo que atenta contra el diálogo democrático. A su entender, el episodio expone tensiones internas dentro de la oposición y diferencias en la forma de posicionarse frente al financiamiento y al rol de la Junta Departamental.