Gonzalo Sualina
El debate por el fideicomiso Salto sumó en las últimas horas un capítulo inesperado. El edil frenteamplista independiente Mario Furtado aseguró que existen indicios de que el intendente Carlos Albisu viajó a Montevideo para reunirse con el exintendente Andrés Lima, con el objetivo de obtener los votos del Frente Amplio que la coalición de gobierno no logró asegurar dentro de su propia interna.
Según Furtado, los hechos que se acumularon en las últimas jornadas “van confirmando” que hubo movimientos coordinados tras la caída del fideicomiso en la Junta Departamental. La herramienta financiera —una línea de crédito de largo plazo— debía ser votada por los ediles, pero no obtuvo los apoyos necesarios y el expediente fue retirado.
Para Furtado, la secuencia es clara: Albisu viajó a Montevideo, y poco después Lima convocó a sus ediles para reuniones urgentes, primero ayer y luego hoy, intentando revertir una decisión tomada por la fuerza política a nivel departamental. El edil plantea que la rapidez de los hechos deja entrever que existió comunicación previa y que ambos líderes ya manejaban escenarios antes de que la Junta rechazara la propuesta.
Furtado sostiene que hay operadores trabajando en favor del acuerdo y que existiría un entendimiento previo entre Albisu y Lima desde antes de las elecciones. Ese acuerdo, según su interpretación, incluía compromisos que una de las partes no habría cumplido en tiempo y forma. El edil mencionó como antecedentes el voto a las directrices departamentales y la entrega del hotel municipal, que se habrían concretado, y plantea que quedaba pendiente el apoyo a una línea de crédito. En ese marco, el fideicomiso aparece ahora como el paso que faltaba.
El edil señala además que existen presiones de distintos sectores. Por un lado, menciona a empresarios que habrían financiado campañas y que tendrían interés en que el proyecto avanzara. Por otro, al propio intendente Albisu, preocupado por el desgaste de su gestión. Sobre Lima, afirma que podría estar condicionado por situaciones de su pasada administración, que lo llevarían a buscar entendimientos o resguardos políticos en el presente.
En relación a la legitimidad de negociar votos, Furtado reconoce que en democracia los acuerdos entre partidos son parte natural de la actividad política. Sin embargo, observa que el problema central no es la negociación en sí, sino el contexto particular de este caso: la coalición de Albisu no pudo ordenar a sus propios ediles. Para el edil frenteamplista, recurrir al Frente Amplio para obtener los apoyos necesarios revela una fractura interna que vuelve más sensibles las negociaciones externas.
Según explicó, la coalición oficialista daba por descontados algunos votos —incluyendo ediles que venían mostrando una postura incierta—, pero se encontró con la negativa de sectores que finalmente no acompañaron. A eso se suma el caso de Malaquina, dirigente colorado que, según Furtado, sufrió un “ninguneo” sistemático. Señala que al dirigente no le contestaban el teléfono desde hacía semanas y que su postura crítica sobre la línea de crédito habría provocado tensiones internas que culminaron en su alejamiento reciente de la actividad política.
Furtado también mencionó que hubo presiones hacia ediles para respaldar el fideicomiso. Aseguró que en una reunión se planteó que quienes no acompañaran podrían perder direcciones y cargos, lo que habría generado un clima de tensión dentro de la coalición departamental.
Respecto al Frente Amplio, sostiene que la fuerza política definió no acompañar el fideicomiso tal como estaba planteado, y que cualquier giro que contradiga esa decisión podría originar problemas internos. Reconoce que existen dos ediles que venían dialogando con el oficialismo, pero afirma que los demás mantienen la postura definida por el plenario departamental. Sobre Lima, considera que un eventual apoyo podría interpretarse como una ruptura del acuerdo político interno.
Consultado sobre si la negociación puede leerse como un pacto político encubierto entre Lima y Albisu, Furtado respondió que “totalmente”. Y al ser interrogado sobre la posibilidad de un intercambio detrás de escena —alguna concesión o beneficio político—, señaló que lo que se observa es un esquema en el cual un voto favorable podría significar “dejar pasar algunas cosas del final del gobierno pasado”.
Sobre las consecuencias en el Frente Amplio, sostuvo que una decisión que contradiga la resolución del plenario podría generar sanciones internas, ya que los ediles están mandatados a no votar el fideicomiso. Furtado manifestó que no desea que se llegue a esa situación, pero reconoció que las presiones son fuertes.
Asimismo, expresó preocupación por el efecto que estas negociaciones pueden tener en la confianza de la ciudadanía. Asegura que algunos dirigentes que tienen cargos nacionales “no han acompañado” y que los ediles han quedado aislados en la discusión local. Considera que esta situación puede afectar la percepción del trabajo territorial del Frente Amplio en Salto.
Finalmente, Furtado plantea que si el fideicomiso termina aprobándose, será “gracias a Lima y a Felipe Carballo”, a quienes identifica como las figuras que han operado para que la iniciativa del intendente prospere. En caso contrario, entiende que será una señal de que las presiones no lograron torcer la decisión del plenario departamental.