Marília Soares
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La cruda realidad del centro del país
El intendente Felipe Algorta no se guardó nada al analizar el presente de su departamento. En una declaración que sacudió la modorra política del interior, el jerarca reconoció que Durazno atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. Según su visión, el proceso de construcción de la planta UPM 2 funcionó como un imán que, tras el apagón de las obras, dejó un residuo social explosivo: aumento del consumo de drogas, desembarco de bandas organizadas y una violencia que la policía local ya no puede contener sola.
Para el jerarca municipal, el problema es una consecuencia directa del flujo migratorio descontrolado que atrajo la megainversión. Miles de personas llegaron de todos lados y, al quedarse sin el jornal de la celulosa, muchos terminaron engrosando las filas del narco o el consumo. El intendente fue tajante al describir que hoy en muchos barrios «andan a los tiros», rompiendo esa convivencia pacífica que era la marca registrada de los duraznenses antes de que las chimeneas de la planta empezaran a humear.
La llegada de la Guardia Republicana y el reclamo de Felipe Algorta
La presión de los vecinos y la voz de alerta del intendente obligaron al Ministerio del Interior a mover las piezas. Se confirmó la instalación de un destacamento de la Guardia Republicana en el departamento, una medida que el jefe comunal considera «importante» pero no definitiva. Para el intendente, la presencia de esta fuerza de élite es la única forma de enfrentar a delincuentes que hoy ostentan una capacidad de fuego superior a la del patrullaje convencional en las zonas periféricas de la capital.
[Image showing a police patrol car in a quiet street of Durazno, contrasting with the reports of violence mentioned by the official]
La justicia también estuvo en el ojo de la tormenta. Felipe Algorta admitió que las fiscalías locales tuvieron un desempeño errático que favoreció la impunidad en los últimos meses. Sin embargo, destacó que la fiscal general Mónica Ferrero ha mostrado una preocupación real por el tema, buscando aceitar los mecanismos para que los delincuentes capturados no entren por una puerta y salgan por la otra. Esta coordinación es lo que el intendente espera que «mueva la aguja» en una lucha que parece desigual.
Un fenómeno social que el Estado no supo prever
El análisis que hace Felipe Algorta pone el dedo en la llaga sobre cómo se gestionan los grandes proyectos en Uruguay. Se celebra la inversión millonaria, pero nadie planea qué pasa con la «población flotante» cuando las grúas se retiran. Durazno se convirtió en un centro logístico donde el narcotráfico encontró terreno fértil ante la falta de empleo genuino post-obra. Para el intendente, este deterioro social es el precio oculto de un desarrollo que no vino acompañado de un blindaje en seguridad.
El jerarca insiste en que las medidas adoptadas recientemente han logrado, al menos, evitar que la situación pase a mayores, pero el miedo persiste en las calles. Felipe Algorta entiende que recuperar la paz social llevará tiempo y requerirá mucho más que uniformes en las esquinas. El narco ya se instaló y sacarlo de Durazno será una tarea de largo aliento que marcará el resto de su gestión departamental, especialmente en un 2026 que arrancó con el pie izquierdo en materia de convivencia.
El futuro de Durazno bajo la lupa de Felipe Algorta
Con el despliegue de las fuerzas especiales en el horizonte, el panorama podría cambiar. La apuesta de Felipe Algorta es que el Estado recupere el territorio perdido frente a los transas que hoy manejan los barrios a fuerza de plomo. El intendente sabe que su capital político está en juego: si la Republicana no logra frenar los tiros, la sensación de abandono en el interior profundo se profundizará, dejando a la administración nacional en una posición muy incómoda de cara al cierre del año.
El relato de Algorta es un llamado de atención para todo el sistema político uruguayo. No basta con atraer dólares si no se protege al ciudadano de a pie. La realidad de Durazno hoy es el espejo de lo que puede pasar en cualquier rincón del país si el narcotráfico se adelanta a la gestión del Estado. Por ahora, los vecinos esperan que las palabras del intendente se transformen en acciones concretas y que el silencio vuelva a reinar en las noches duraznenses, lejos del estruendo de las armas.
¿Es lícito seguir promocionando a las papeleras como el gran motor del país si no se tiene un plan serio para evitar que sus secuelas sociales terminen alimentando al narcotráfico?