Marília Soares
En la esquina de la Avenida Manuel Patulé y calle Juan Antonio Lavalleja, en pleno corazón del barrio Salto Nuevo, el concepto de justicia parece haberse desdibujado por completo. Lo que empezó como un acto de caridad por parte de una comerciante de 47 años, terminó en un episodio de violencia que la Fiscalía resolvió archivar bajo el paraguas del estado de necesidad en Uruguay. La mujer, que intentó defender el fruto de su trabajo, recibió un golpe con un objeto contundente en la cabeza por parte de un sujeto de 58 años al que ella misma le había obsequiado galletas minutos antes.
Sin embargo, para la magistrada actuante de la Fiscalía de 4º Turno de Salto, la violencia física parece ser un detalle secundario frente al hambre del agresor. Al invocar el estado de necesidad , legislado en el artículo 27 del Código Penal, la Justicia decidió que el robo de unas empanadas justifica la agresión a una ciudadana que estaba cumpliendo con su jornada laboral. El delincuente, capturado a los pocos metros por la Policía, recuperó la libertad casi de inmediato, dejando a la víctima con una lesión en el cráneo y una sensación de desprotección absoluta.
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El polémico artículo 27 y el estado de necesidad en Uruguay
La aplicación del estado de necesidad en Uruguay en casos de delitos violentos abre un debate jurídico y ético peligroso para la convivencia social. El Código Penal establece esta figura cuando alguien comete un mal para evitar otro mayor e inminente, en este caso, el hambre. Pero, ¿dónde queda el límite cuando ese «mal» incluye partirle la cabeza a una mujer que está detrás de un mostrador? El mensaje que se envía desde la sede judicial salteña es alarmante: la necesidad económica parece ser una carta blanca para ejercer violencia sobre terceros.
Los vecinos de Salto Nuevo no salen de su asombro ante la celeridad con la que el agresor volvió a la calle. Si bien es cierto que el objeto del robo era alimento, la tipificación de rapiña implica el uso de violencia o amenazas, algo que en este caso quedó probado con el parte médico de la comerciante. Al banalizar el golpe contundente como un accesorio del hambre, el estado de necesidad en Uruguay se transforma en una herramienta de impunidad que desampara a quienes sostienen la economía barrial frente a la delincuencia.
La desprotección del comerciante bajo el estado de necesidad en Uruguay
Este fallo sienta un precedente nefasto para los almaceneros y pequeños emprendedores de todo el país. El comerciante ya no solo debe cuidarse de las bandas organizadas, sino también de aquellos que, amparados en el estado de necesidad, pueden entrar a su local, servirse lo que quieran y agredirlos físicamente sin enfrentar consecuencias penales. La almacenera agredida en Salto Nuevo opuso resistencia, un instinto natural de quien cuida lo suyo, y pagó con sangre una decisión judicial que prioriza el bienestar del victimario por sobre la integridad de la víctima.
La pregunta que resuena en las redes sociales y en las charlas de boliche es clara: ¿qué pasará la próxima vez que alguien tenga hambre? Si el sistema convalida que un golpe en la cabeza es «necesario» para llevarse una empanada, el tejido social está en riesgo de romperse definitivamente. La aplicación del estado de necesidad en Uruguay no debería ser una vía rápida para liberar violentos, sino una excepción técnica que jamás debería validar el daño físico a un trabajador.
Consecuencias sociales del fallo por estado de necesidad en Uruguay
La indignación en el norte del país es total, y no es para menos. La Policía de Salto actuó con rapidez, detuvo al sujeto a escasos metros y presentó las pruebas, pero la puerta giratoria de la Fiscalía funcionó a la perfección gracias a la interpretación del artículo 27. Este uso del estado de necesidad en Uruguay desincentiva la denuncia y, lo que es peor, fomenta que los comerciantes empiecen a tomar medidas por mano propia ante la convicción de que la Justicia no los respalda.
Mientras la víctima se recupera de la lesión en su cabeza, el agresor camina libre por las mismas calles donde cometió la rapiña. El sistema judicial uruguayo parece haber perdido la brújula moral, confundiendo la asistencia social con la permisividad delictiva. El estado de necesidad en Uruguay es una figura que requiere una revisión urgente si va a ser utilizada para perdonar agresiones físicas en contextos de robo, porque hoy fue una empanada y un golpe, pero mañana el resultado puede ser trágico.
¿En qué momento decidimos como sociedad que el hambre de un agresor vale más que la vida y la integridad física de una mujer que trabaja dignamente para ganarse el pan?