| Getting your Trinity Audio player ready... |
La justicia argentina pone la lupa sobre el manejo de Chiqui Tapia
La conducción del fútbol en la vecina orilla atraviesa sus horas más bajas tras conocerse una decisión judicial que sacude los cimientos de la calle Viamonte. El fiscal en lo penal económico, Claudio Navas Rial, imputó formalmente a Claudio “Chiqui” Tapia y a su mano derecha, Pablo Toviggino, por un presunto escándalo en la AFA relacionado con la retención ilegal de aportes jubilatorios. La investigación, que quedó radicada en el juzgado de Diego Amarante, apunta a una maniobra que habría afectado tanto a empleados directos de la entidad como a personal de diversos clubes argentinos.
Este nuevo escándalo en la AFA se centra en una deuda que superaría los 19.000 millones de pesos argentinos, cifra que refleja la magnitud del desajuste en las contribuciones a la seguridad social. Según la denuncia original presentada por la división de grandes contribuyentes del organismo recaudador, la asociación habría retenido los aportes de los salarios sin efectuar los depósitos correspondientes en los plazos legales. Esta conducta encuadra en figuras penales tributarias que prevén sanciones severas para los responsables de la administración.
Las ramificaciones del escándalo en la AFA y sus protagonistas
La imputación de Navas Rial no se limita únicamente al presidente de la entidad. El fiscal sostiene que, debido a la complejidad de la estructura económica del fútbol argentino, es imperativo investigar a otros dirigentes y empresarios que orbitan cerca del tesorero Pablo Toviggino. En este marco de escándalo en la AFA, nombres como el de Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo aparecen mencionados en el expediente, vinculados a un entramado de sociedades que la justicia busca descular para entender el destino de los fondos no declarados.
Resulta llamativo para los observadores locales que sea la primera vez que Tapia queda formalmente bajo la lupa penal por una causa de evasión previsional de esta escala. El escándalo en la AFA escala al punto de analizar la gestión de la clave fiscal de la institución, responsabilidad que recae directamente sobre el presidente. La justicia busca determinar si existió un plan deliberado para financiar otros proyectos o gastos de la entidad con el dinero que debería haber ido a parar a la caja jubilatoria de los trabajadores.
Mansiones y helicópteros en el trasfondo judicial
Mientras la causa previsional avanza, otros expedientes paralelos alimentan el clima de escándalo en la AFA. Una investigación sobre la adquisición de una propiedad de lujo en la zona de Pilar, supuestamente a través de testaferros de la dirigencia, sumó nuevas diligencias esta semana. El juez federal Marcelo Aguinsky ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad y el análisis de vuelos de helicópteros privados que habrían trasladado vehículos de alta gama y hasta caballos de raza hacia la estancia bajo sospecha.
Estas medidas probatorias intentan reconstruir los movimientos financieros de personas vinculadas a Toviggino. La empresa Flyzar, propietaria de aeronaves utilizadas habitualmente por la dirigencia, deberá entregar los listados de pasajeros de los últimos meses. Todo este ruido judicial configura un escándalo en la AFA que trasciende lo estrictamente deportivo y se mete de lleno en el terreno de la corrupción administrativa y el lavado de activos, afectando la imagen internacional del fútbol sudamericano.
El futuro de la dirigencia frente a la presión fiscal
La situación procesal de Tapia y Toviggino podría agravarse si se confirman las irregularidades en las otras dos causas que corren por carriles separados. La justicia argentina parece decidida a desarmar los mecanismos de financiamiento alternativo que han caracterizado a la presente gestión. Con un monto de evasión que asusta a cualquier contador, el escándalo en la AFA promete nuevos capítulos en el corto plazo, especialmente cuando empiecen a declarar los responsables de las áreas contables de los clubes involucrados.
En Uruguay, donde el fútbol también vive sus propias tensiones políticas, la caída en desgracia de figuras tan influyentes en la región es seguida con suma atención. La pregunta que queda flotando en el ambiente es si esta ofensiva judicial responde a un cambio de época en el control de las asociaciones civiles o si se trata de una batalla política aislada. Lo cierto es que, con deudas millonarias y propiedades de lujo bajo sospecha, la cúpula argentina enfrenta un partido que no se gana con goles, sino con transparencia.
¿Será este el comienzo del fin para el modelo de gestión personalista que ha imperado en el fútbol argentino durante la última década?
