Qué implican los convenios colectivos 2025 para sueldos y servicios municipales
Unos 655.000 trabajadores del sector privado quedaron con sus convenios colectivos vencidos al 30 de junio y desde entonces se negocian los ajustes que regirán hasta mediados de 2027. Las mesas de discusión que funcionan en el Ministerio de Trabajo registran encuentros iniciales, pero los avances son por ahora limitados y las partes aún no afinan propuestas concretas. Desde el gobierno esperan acelerar los acuerdos en octubre, mientras sindicatos y empleadores se preparan para rondas decisivas.
En la práctica, muchas mesas tuvieron apenas dos reuniones formales en las que las organizaciones laborales expusieron plataformas y los empleadores explicaron su postura general, sin entrar en contrapropuestas detalladas. El cronograma sugerido por la cartera laboral plantea un plazo de 90 días, aunque la experiencia indica que algunas negociaciones se estiran por más tiempo. El riesgo es que demoras prolongadas compliquen el pago de retroactivos con fecha a julio de 2025, tanto para empresas como para asalariados.
La Negociación Salarial presenta zonas de tensión particulares en sectores con alta exposición a ventas y tecnología. En supermercados, por ejemplo, el sindicato Fuecys reclama aumentos superiores a los lineamientos oficiales ante expectativas de crecimiento del rubro y mayor incorporación de tecnología. Desde la patronal sostienen que los lineamientos propuestos son “elevados” y que las mesas requerirán discusión más profunda antes de acercar posiciones.
Mesa de negociación en el Ministerio de Trabajo mientras avanzan las conversaciones por los convenios colectivos 2025. Foto: Gastón Britos / FocoUy
El esquema oficial clasifica los salarios en franjas y propone ajustes preferenciales para los ingresos más bajos; la primera franja —hasta $38.950 nominales— recibiría una suba nominal inicial del 7% y otra del 6,4% en el segundo año, con una proyección de crecimiento real del 4,2% en el plazo si se cumplen metas de inflación. Sin embargo, sindicatos advierten que ese piso no alcanza y exigen mayor mejora real, sobre todo en ramas con alta precariedad.
En la industria metalúrgica la tensión crece por la negativa a implementar el Fondo Social Metalúrgico (Fosmetal) en subgrupos como plásticos y electrónica, lo que generó malestar y amenazas de medidas en las mesas vinculadas. La incorporación de esos rubros al Fosmetal implicaría beneficios sanitarios y de cobertura para trabajadores que, hasta ahora, no los tienen. La respuesta patronal fue hasta ahora negativa y el sindicato evalúa profundizar medidas en caso de no obtener avances.
El sector doméstico negocia la creación de categorías laborales más específicas, con cinco divisiones propuestas que diferencian tareas como cuidado de personas, cocina y limpieza. La discusión quedó empantanada frente a la contrapropuesta de la patronal, que plantea una figura más acotada —“ama de llaves” o encargada— para ciertos hogares. El punto abre un debate sobre formalización laboral, protección y costos para empleadores.
En finanzas, en tanto, las conversaciones muestran mayor avance técnico y expectativa de cierre en semanas; allí la mayoría de los trabajadores se ubican en la franja media y superior de ingresos, por lo que las pautas oficiales proyectan un crecimiento real menor, del orden del 2% al cabo de dos años si se cumplen las metas macro. Desde AEBU plantean que las pautas no garantizan mejoras reales a menos que la inflación se comporte según lo previsto.
El Poder Ejecutivo, en su rol de árbitro, evalúa mesa por mesa la posibilidad de dar más tiempo donde haya acercamiento o decretar lineamientos finales si no hay consenso. En esta etapa, la coordinación entre partidas presupuestarias y la anticipación de eventuales retroactivos son los temas que condicionan las resoluciones. Para evitar desbordes, las partes deberán priorizar eficiencia en las reuniones y propuestas concretas que permitan cerrar acuerdos sin postergar pagos.