Gremio de jueces en conflicto: tensión creciente y advertencia de paralización total del sistema judicial
El gremio de jueces en conflicto formalizó este sábado un mensaje directo al gobierno: abrir un ámbito de negociación salarial en un plazo máximo de treinta días. La decisión surgió de una asamblea de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), que votó una moción donde se declara en conflicto y anuncia medidas progresivas que podrían culminar en la paralización completa de los servicios judiciales, con guardia gremial para casos estrictamente urgentes.
La resolución, propuesta por los magistrados Beatriz Larrieu, Laura Sunhary, Xenia Pedrozo, Valentina Rivadavia y Germán Olivera, marca el inicio de una escalada gremial que trasciende el marco coyuntural de la ley de presupuesto. Según el texto aprobado, la crisis salarial responde a un deterioro persistente en las remuneraciones, que afecta directamente la independencia judicial y el valor real del trabajo que realizan los jueces en todo el país.
Un reclamo que trasciende la coyuntura presupuestal
La AMU afirma que el conflicto actual no puede leerse únicamente como una reacción al debate presupuestal. Plantea, en cambio, un problema de fondo: la falta de un sistema de remuneración justo, proporcional al esfuerzo y alineado con las responsabilidades de la función jurisdiccional. En su análisis, la organización sostiene que el deterioro salarial impacta en la calidad del sistema republicano y en la credibilidad institucional.
La asamblea resolvió además colocar el problema salarial “en el centro de la comunicación gremial”, como parte de una estrategia para sensibilizar a la opinión pública y a los poderes del Estado. Los magistrados sostienen que el volumen de trabajo, el aumento de demandas sociales y la complejidad de los casos requieren adecuaciones salariales que reflejen la importancia de la función judicial como uno de los pilares del sistema democrático.
Exigencia al gobierno: abrir una negociación en treinta días
El gremio de jueces en conflicto exige que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo establezcan, dentro del plazo fijado, un ámbito de negociación específico. El objetivo es construir un sistema salarial integral que atienda la relevancia de la función judicial y la sobrecarga que enfrentan magistradas y magistrados en todo el territorio.
La moción sostiene que el diálogo institucional es indispensable para evitar la profundización del conflicto y restablecer condiciones laborales que garanticen independencia, profesionalismo y estabilidad. La AMU advierte que el problema salarial arrastra más de una década de reclamos sin resolución definitiva.
Primeras medidas: visibilización sin afectar el servicio
En la primera etapa, los jueces adoptarán medidas de impacto simbólico y comunicacional, pero sin alterar la actividad procesal. Entre ellas:
Informar al inicio de cada audiencia que existe un conflicto salarial en curso, explicando sus causas de forma breve y respetuosa.
Registrar en fotos y videos las condiciones materiales de los juzgados, con el fin de divulgar la realidad laboral del Poder Judicial, siempre respetando la privacidad de quienes no autoricen difusión.
Realizar asambleas en horario laboral para visibilizar la situación.
Aplicar estrictamente los plazos legales, sin tomar medidas de eficiencia procesal, como acortar etapas o adelantar actuaciones.
Estas acciones buscan instalar el reclamo en la esfera pública sin comprometer derechos fundamentales ni el acceso inmediato a la Justicia.
Segunda etapa: medidas que sí distorsionarán el funcionamiento
Si el gobierno no responde dentro del plazo solicitado, se activará una segunda fase que sí afectará el normal funcionamiento del sistema judicial. Entre las medidas previstas:
Suspender audiencias por medios electrónicos, lo cual incrementará tiempos de gestión.
Finalizar prácticas de eficiencia adoptadas para agilizar procesos en beneficio de terceros.
Establecer un día fijo por semana para firmar protocolos de escribanos en el interior del país, con intervalos que podrían ampliarse hasta su suspensión completa.
Reprogramar o postergar audiencias no urgentes, garantizando aviso anticipado a todas las partes.
Paralizar actividades que no impliquen riesgo inmediato para derechos fundamentales o procesos urgentes.
Estas acciones buscan generar presión institucional sin poner en riesgo situaciones críticas.
Última instancia: paralización total con guardia gremial
La AMU advierte que, en caso de no existir avances concretos, se llegará a la fase más severa del conflicto: la paralización total de actividades, con excepción de una guardia gremial destinada a atender asuntos estrictamente urgentes o que comprometan derechos fundamentales.
De concretarse, esta etapa tendría un fuerte impacto en el Poder Judicial, afectando procesos civiles, penales, laborales y de familia, y generando una situación sin precedentes en los últimos años.
¿Hay margen real para evitar una crisis institucional en el Poder Judicial?
La intensidad del reclamo y la claridad de las advertencias dejan una pregunta abierta: ¿podrá el gobierno abrir un diálogo capaz de evitar que este gremio de jueces en conflicto avance hacia una paralización total del sistema judicial, o el país se encamina a una crisis institucional de mayor escala?