Bolivia formalizó ante Uruguay la solicitud de extradición del excura uruguayo Juan José Sant’Anna, requerido por denuncias de abuso sexual contra treinta menores del internado Ángel Gelmi, en Tapacarí. La documentación enviada por la fiscalía de Cochabamba sostiene que los hechos atribuidos al imputado se mantienen vigentes debido a la declaración de rebeldía dictada en 2011, la cual interrumpió los plazos de prescripción. El caso fue reactivado tras la difusión pública del paradero del acusado en la ciudad de Salto. La información oficial indica que las autoridades bolivianas pedirán pena máxima al excura salteño.

Sant’Anna fue detenido tras cumplirse una alerta roja de Interpol. Las autoridades uruguayas lo trasladaron a prisión preventiva mientras se analiza el pedido de extradición. El tribunal local informó que el caso continúa activo en Bolivia y que los elementos jurídicos presentados cumplen con los requisitos iniciales del proceso.

Argumentos técnicos presentados por la defensa en Uruguay

En la primera audiencia, la defensa del excura solicitó prisión domiciliaria con tobillera electrónica, argumentando residencia fija, ausencia de intención de fuga y estabilidad familiar. El tribunal rechazó el planteo. La defensa también requirió precisiones sobre las edades actuales de las víctimas y datos de nacimiento para evaluar eventuales prescripciones según la legislación boliviana. El juez aceptó solicitar esos datos para complementar el expediente.

La legislación boliviana establece diferencias relevantes respecto a los plazos de prescripción en delitos sexuales contra menores. La defensa sostiene que la ausencia de información actualizada sobre las edades podría incidir en el análisis técnico. Aun así, la fiscalía boliviana ratificó por escrito que pedirán pena máxima al excura salteño, aun en caso de recalificación del delito.

Detalles incluidos en la documentación boliviana

Los documentos enviados a Uruguay indican que los hechos investigados ocurrieron entre 2005 y 2007, período en el cual el internado Ángel Gelmi albergaba más de cien menores en condiciones de vulnerabilidad. La información detalla que psicólogos estatales constataron testimonios coincidentes de agresiones sexuales reiteradas. También se consigna que, antes de su salida de Bolivia, el excura fue trasladado temporalmente a una residencia religiosa mientras se realizaban indagatorias preliminares.

Los registros mencionan que Sant’Anna abandonó la residencia asignada el 3 de noviembre de 2007 y viajó a Uruguay días antes de la primera orden de aprehensión. La fiscalía boliviana sostiene que el acusado reconoció hechos ilícitos ante un delegado eclesiástico previo a su huida. Esto se incluye en los documentos entregados a Uruguay como respaldo procesal.

Postura institucional de Tapacarí y revisión del tipo penal

El municipio de Tapacarí comunicó que inicialmente no disponía de información actualizada sobre la causa, pero que posteriormente estudió la documentación. Las autoridades confirmaron su apoyo al planteo de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, organización que solicitó recalificar el delito de abuso deshonesto hacia violación. Esta recalificación habilitaría la pena máxima de treinta años. La fiscalía de Cochabamba evalúa el pedido y podría presentarlo en la primera etapa del juicio oral.

Los representantes de la organización afirman que los testimonios reflejan hechos compatibles con agresiones sexuales graves. Argumentan que en el momento de la imputación original, la figura penal aplicada no contemplaba adecuadamente la magnitud de los hechos denunciados. Las autoridades de Tapacarí informaron públicamente que pedirán pena máxima al excura salteño en caso de que se confirme la recalificación.

Contexto boliviano y antecedentes en investigaciones de abusos religiosos

El caso se reactivó en un escenario nacional marcado por investigaciones contra integrantes de instituciones religiosas. En Bolivia se registraron denuncias históricas relacionadas con internados y centros administrados por congregaciones. Las agrupaciones de víctimas insisten en que la falta de supervisión estatal facilitó la comisión de abusos durante décadas. La condena reciente contra dos religiosos españoles por encubrimiento generó presión adicional para avanzar en expedientes antiguos.

En el caso Sant’Anna, organizaciones civiles remarcan que el internado presentaba condiciones estructurales similares a otros donde se detectaron abusos: aislamiento geográfico, ausencia de controles externos y población infantil vulnerable. En ese contexto, sostienen que la decisión oficial de que pedirán pena máxima al excura salteño constituye un mensaje institucional relevante.

Estado actual y próximos plazos judiciales

El excura permanece en prisión preventiva en Uruguay mientras se aguardan las respuestas solicitadas a Bolivia. Si la documentación adicional llega dentro del plazo de 45 días, el tribunal convocará una nueva audiencia para evaluar la extradición. El juez indicó que, una vez recibida toda la información requerida, tomará una decisión definitiva sobre el traslado.

En Bolivia, la fiscalía y la Defensoría de la Niñez coordinan la preparación del juicio. Las autoridades afirman que el expediente incluye elementos suficientes para sostener la acusación y avanzar con la solicitud final. El pedido formal establece que pedirán pena máxima al excura salteño en función de la gravedad atribuida a los hechos.