El brazo ejecutor de un sistema desigual
Lo que debería ser una tarea de ordenamiento y seguridad vial se ha convertido, bajo la gestión de la Intendencia de Canelones, en una verdadera emboscada para el trabajador. Un video recientemente difundido, que ha generado una ola de indignación nacional, captura el momento exacto en que un grupo de uniformados de la comuna rodea y bloquea a un conductor civil. No se trataba de un operativo contra el crimen organizado ni una detención por conducción peligrosa; era el asedio sistemático a un hombre que utilizaba su vehículo particular para trabajar.
Esta escena no es un hecho aislado, sino la manifestación física de una política institucional que parece haberle declarado la guerra al cuentapropismo. La prepotencia con la que actúan estos funcionarios públicos denota un respaldo político que prioriza la recaudación y el mantenimiento de viejos monopolios por sobre el derecho constitucional a la libertad de trabajo. El ciudadano, humillado en plena vía pública, se convierte en el rehén de una burocracia que ha decidido quién puede trabajar y quién no, basándose en intereses que nada tienen que ver con la seguridad del tránsito.
El doble rasero de los Inspectores de Canelones y la impunidad en dos ruedas
La contradicción de la Intendencia es tan flagrante que resulta ofensiva para cualquier contribuyente. Mientras los inspectores de Canelones despliegan operativos tipo comando para detectar un coche de Uber o una aplicación de transporte, las arterias principales del departamento se han transformado en pistas de carreras para hordas de motociclistas. Estas bandas circulan sin luces, sin cascos, con matrículas adulteradas o directamente sin ellas, realizando maniobras suicidas que ponen en riesgo la vida de familias enteras. Ante este caos, la respuesta oficial es el silencio o la ausencia total de fiscalización.
¿Por qué se ensañan con el padre de familia que tiene los papeles al día y usa su auto para sobrevivir, pero miran para otro lado ante el descontrol motorizado? La respuesta parece hallarse en la comodidad del blanco fácil. Es mucho más rentable y menos riesgoso acosar a un trabajador desarmado de influencias que enfrentar el problema de la inseguridad vial real. Esta selectividad delictiva no es inoperancia; es una decisión política de una comuna que ha decidido proteger los privilegios de sectores corporativos, como el lobby de los taxistas del Aeropuerto de Carrasco, eliminando cualquier competencia que amenace sus acuerdos de poder.
El trabajador independiente bajo el mazo de la extorsión
El impacto humano de estas acciones es devastador. En un Uruguay donde el empleo formal se vuelve un bien escaso, el automóvil se ha convertido en el último recurso de supervivencia para miles de hogares. Sin embargo, en Canelones, poseer un vehículo y querer usarlo para brindar un servicio es motivo de castigo. Los inspectores actúan como soldados de una estructura que prefiere ver a la gente en la miseria antes que permitir la modernización del transporte. El acoso constante busca quebrar la voluntad del laburante, recordándole a cada paso que, si no pertenece al «club» de los habilitados por la casta departamental, su presencia en la calle es ilegal.
Silencio en la Torre Comunal: complicidad e hipocresía
Ante la viralización de las pruebas, el silencio de la intendenta y sus directores de tránsito es ensordecedor. No hay comunicados pidiendo disculpas ni investigaciones internas sobre la prepotencia de sus subordinados. Este mutismo confirma que el comportamiento de los inspectores de Canelones es exactamente el que se espera de ellos desde la cúpula: actuar como recaudadores de multas y guardianes de monopolios disfrazados de «orden». La hipocresía de hablar de seguridad vial mientras se permite el anarquismo de las motos y se asfixia al Uber es una mancha que ninguna campaña de relaciones públicas podrá borrar.
El hartazgo ciudadano y el reclamo de libertad
La reacción del pueblo canario y de los uruguayos en general es un grito de «basta. La sociedad ha identificado a estos funcionarios no como servidores del orden, sino como obstáculos para el desarrollo personal y la libertad económica. La Intendencia de Canelones se ha convertido en una máquina de impedir, en un aparato de extorsión legal que utiliza el uniforme para amedrentar al débil mientras se arrodilla ante los lobbies poderosos. Ya no es un tema de tránsito; es una lucha por la dignidad del trabajo en un país que, en Canelones, parece haberle dado la espalda a su gente para defender el bolsillo de unos pocos privilegiados.
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