Un castigo con trasfondo político
Uruguay asiste a un enfrentamiento sin precedentes entre la nueva jerarquía política del Ministerio de Defensa y la cúpula militar saliente. El excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, no se guardó nada al comparecer ante el Parlamento: aseguró que la ministra Sandra Lazo primero decidió que quería «cortarle la cabeza» y luego mandó a sus asesores a fabricar una justificación administrativa. Este escándalo en la Armada trasciende lo disciplinario para entrar en el terreno de las sospechas por el manejo de fondos públicos y las lealtades institucionales en el cambio de mando entre Lacalle Pou y Yamandú Orsi.
El eje del conflicto es una sanción de 30 días de arresto a rigor impuesta a Wilson poco después de que Orsi asumiera la presidencia. La acusación oficial dice que el marino mintió a sus superiores. Sin embargo, Wilson sostiene que se trata de una maniobra de distracción para ocultar las desprolijidades en el contrato con la empresa asturiana Cardama por la construcción de patrullas oceánicas, un negocio que desde el día uno ha estado bajo la lupa por sus constantes retrasos y dudas financieras.
Los 8 millones de dólares y la trama detrás del Escándalo en la Armada
El punto de quiebre ocurrió el 27 de febrero de 2025. En esa fecha se realizó una reunión de transición entre el ministro saliente, Armando Castaingdebat, y la actual titular, Sandra Lazo. Según el Ministerio, Wilson omitió informar que ya se habían validado los planos de la «cuaderna maestra» de los barcos de Cardama, lo que habilitaba un pago inmediato de 8 millones de dólares. Para Lazo, ese silencio fue una falta grave de lealtad. Para Wilson, fue simplemente cumplir órdenes.
El excomandante argumenta que tenía instrucciones estrictas de no discutir asuntos de «naturaleza política» con las autoridades entrantes si no era solicitado explícitamente. Yo no mentí, simplemente no se me preguntó y yo no podía violar las órdenes de mi superior jerárquico de ese momento», habría explicado Wilson. La contradicción surge porque la nota que autorizaba el pago salió de la Armada antes de la reunión, lo que para la administración de Lazo es una prueba irrefutable de que Wilson «jugó a dos puntas» para beneficiar a la empresa antes del cambio de mando.
Testimonios cruzados y la investigación ampliada
La justicia administrativa busca ahora determinar quién dice la verdad. Por un lado, el contralmirante José Ruiz ha dado versiones que parecen chocar con las de Wilson, lo que motivó que la ministra Lazo ampliara la investigación. El escándalo en la Armada se ha convertido en un laberinto de expedientes donde cada parte intenta salvar su responsabilidad en un contrato que huele mal. Wilson se defiende alegando que los adscriptos de la ministra actuaron como «inquisidores» con una sentencia ya redactada antes de escucharlo.
El impacto en la moral de las Fuerzas Armadas
Este enfrentamiento no solo desgasta la imagen del Ministerio, sino que envía un mensaje de inestabilidad a toda la fuerza. Que un comandante designado por el gobierno anterior sea sancionado con la pena máxima de arresto apenas pasa a retiro es visto por muchos dentro de las filas como una «purga» ideológica. Wilson insiste en que su lealtad fue siempre hacia la institución y que está siendo usado como chivo expiatorio para justificar las dudas que el Frente Amplio siempre tuvo sobre la compra de los buques a Cardama.
El Parlamento como campo de batalla
Con su comparecencia ante la comisión investigadora, Wilson busca limpiar su legajo y exponer lo que considera una gestión arbitraria de Lazo. El caso Cardama sigue siendo una herida abierta en la defensa nacional: 8 millones de dólares que volaron hacia España mientras en Uruguay los altos mandos se despedazan en acusaciones de mentiras y persecuciones. Lo que queda claro es que el escándalo en la Armada está lejos de terminar, y las consecuencias podrían alcanzar a figuras políticas de alto rango si se comprueba que la sanción a Wilson fue, efectivamente, una represalia política disfrazada de falta disciplinaria.
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