La República del Paraguay atraviesa horas institucionales de extrema tensión en el marco de la grave crisis desatada por el colapso y posterior intervención del Ueno Bank, una entidad financiera con millones de cuentas congeladas que paralizó el sistema económico del país. Pese a haber presentado su renuncia a la Presidencia de la República, el mandatario Santiago Peña se encuentra bajo la lupa del Congreso, el cual decidió no aceptar su dimisión de inmediato y avanzar firmemente con el proceso de juicio político.
En una jornada clave desarrollada este viernes, el pleno del Senado paraguayo rechazó de forma contundente —con 39 votos en contra— la solicitud de una prórroga de 72 horas presentada por la defensa de Peña para preparar los alegatos. Ante la negativa legislativa, los letrados del mandatario, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, se presentaron en el recinto parlamentario para iniciar la exposición técnica, argumentando que un funcionario dimitente no debería ser pasible de destitución política y denunciando supuestas irregularidades en los plazos del debido proceso.
El trasfondo del escándalo y la presión en las calles
El detonante de la crisis institucional se originó tras la resolución del Banco Central del Paraguay (BCP) de intervenir y congelar los fondos de la entidad financiera, afectando masivamente a ahorristas y poniendo en evidencia millonarios descalces e irregularidades con fondos públicos y privados. La indignación ciudadana se tradujo en masivas movilizaciones en las inmediaciones del Congreso en Asunción, sumadas a paros sectoriales convocados por gremios docentes y cortes de ruta que mantienen en jaque al oficialismo.
En paralelo a la discusión legislativa, la Fiscalía General del Estado intensificó los operativos judiciales con allanamientos a propiedades vinculadas a la cúpula del banco, logrando la incautación de vehículos de alta gama, embarcaciones y aeronaves pertenecientes a los principales accionistas, mientras crecen las demandas sociales para que se depuren responsabilidades penales sin ningún tipo de impunidad.
Escenarios institucionales abiertos
Con el Partido Colorado habiéndole retirado el respaldo político a Peña y exigiendo una salida ordenada que garantice la paz social, las miradas apuntan al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien se perfila constitucionalmente para asumir la primera magistratura una vez que se destrabe formalmente la situación jurídica y política del actual mandatario en el Congreso.
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