En defensa del país: Salle exige explicaciones por Solaria

En una entrevista con el canal de YouTube de Gonzalo Sualina, el diputado Gustavo Salle lanzó fuertes críticas al proyecto de Solaria anunciado por el gobierno. Puso en duda la capacidad financiera de la empresa, cuestionó la supuesta reserva de información y advirtió sobre un eventual compromiso de largo plazo con UTE.

La discusión sobre la transparencia de una inversión que involucra al Estado es legítima. Pero el tono y la contundencia de las acusaciones de Salle chocaron con una admisión clave del propio legislador: dijo que no tiene certezas sobre la negociación y que necesita seguir investigando. Esa diferencia entre las sospechas que plantea y la evidencia que presenta atraviesa toda la entrevista.

Una comparación financiera que no alcanza para probar incapacidad

Salle afirmó que el Poder Ejecutivo anunció una inversión de 5.700 millones de dólares y comparó esa cifra con una capitalización bursátil de Solaria que, según él, sería de 2.063 millones. A partir de esa relación sostuvo que el proyecto “no cierra” y lo calificó como “demencial”.

La comparación puede ser un punto de partida para pedir explicaciones, pero por sí sola no demuestra que la empresa carezca de capacidad para llevar adelante el proyecto. En la entrevista no se detalló cómo se financiaría la inversión, si se ejecutaría por etapas, qué socios participarían ni qué parte correspondería directamente a Solaria. Sin esos datos, la diferencia entre el valor bursátil mencionado y el monto anunciado no permite concluir, por sí misma, que exista una irregularidad.

Salle presentó esa discrepancia como un indicio de sospecha, pero no aportó documentación que permitiera comprobar sus cifras ni explicar con precisión qué relación tienen con el financiamiento previsto.

Acusaciones graves y pocas precisiones

El diputado también aseguró que Solaria habría sido denunciada penalmente en España y México por conductas que describió como “aparentemente criminales”. No identificó en la entrevista las causas, las fechas, los juzgados ni el estado de esas denuncias. Tampoco presentó documentos que permitieran determinar si se trata de investigaciones abiertas, denuncias archivadas o acusaciones sin resolución judicial.

La falta de esos datos importa: una denuncia no equivale a una condena, y mencionar procesos sin precisar su estado puede instalar una sospecha sin ofrecer al público elementos para evaluarla.

El punto más delicado llegó cuando Salle afirmó: “Si es secreto, es sospechoso de coima”. La frase asocia una eventual reserva de información con un delito, aunque el propio legislador aclaró más adelante que no tiene certeza de que haya existido un acto ilegal. “Yo no tengo certeza ninguna”, dijo, y describió su postura como una “sospecha general”.

Esa aclaración debería ocupar un lugar central en cualquier cobertura del tema. Salle formuló una acusación de enorme gravedad, pero en la entrevista no mostró pruebas de coimas ni afirmó contar con evidencia directa de un delito. La crítica a la falta de transparencia puede sostenerse sin presentar como indicio criminal aquello que todavía no se ha probado.

Un acuerdo que, según Salle, todavía está en etapa previa

Durante la conversación, Salle sostuvo que UTE compraría la energía generada por Solaria durante 20 años, con una opción por otros 20. A la vez, describió el documento como un memorándum prenegocial o precontractual y señaló que aún no conoce sus términos completos.

La diferencia es sustancial. Si la negociación sigue en una etapa previa, no corresponde presentar como una obligación ya consolidada aquello que el propio entrevistado describe como un compromiso aparente o pendiente de conocer. Salle cuestionó que el país pudiera quedar atado durante cuatro décadas, pero reconoció que no sabe cuál sería el precio de la energía ni cómo se repartirían los costos de infraestructura.

También admitió que las condiciones de cada negocio pueden variar y que no está en condiciones de establecer quién debería pagar cuánto. Esa cautela contrasta con el lenguaje categórico con el que calificó el acuerdo y anticipó perjuicios para el país.

Transparencia: un reclamo atendible, acompañado de afirmaciones no demostradas

Salle dijo que la diputada Nicole Say presentó siete pedidos de informes a organismos y ministerios, y anunció que Identidad Soberana evalúa organizar una movilización y eventualmente juntar firmas. Esos pasos pueden contribuir a que se conozcan los documentos y las condiciones de la iniciativa.

La exigencia de información pública es especialmente relevante cuando intervienen empresas estatales y se anuncian inversiones de gran magnitud. Sin embargo, el reclamo pierde fuerza cuando se mezcla con afirmaciones que el entrevistado no respalda en pantalla. Salle también aseguró que los gobiernos de distintos signos políticos han actuado con “ineptitud y negligencia”, y se atribuyó haber protegido al país de pérdidas millonarias en casos anteriores. En la entrevista no presentó documentación que sustentara esos cálculos.

Algo similar ocurrió al hablar de empleo. Salle calificó como cuestionables las cifras de puestos de trabajo asociados al proyecto y afirmó que los centros de datos funcionan con poco personal. Pero no ofreció un análisis propio, datos sectoriales ni una estimación que permitiera contrastar las cifras anunciadas por el gobierno.

El debate necesita documentos, no solo sospechas

La entrevista deja planteadas preguntas relevantes sobre el costo, el financiamiento, el vínculo con UTE, la infraestructura necesaria y la cantidad de empleos. También deja claro que Salle no conoce todavía varios de los elementos que permitirían responderlas.

Por eso, el paso más útil es obtener y examinar los documentos de la negociación, las evaluaciones de solvencia, las proyecciones de empleo y las condiciones energéticas. El gobierno debe dar explicaciones verificables sobre una iniciativa que presenta como estratégica; quienes la cuestionan, a su vez, deben distinguir con cuidado entre hechos, dudas y acusaciones.

Salle tiene razón al reclamar que el interés público no se resuelva con anuncios. Pero su entrevista no prueba que exista una maniobra criminal ni que el acuerdo vaya a perjudicar al país. Mientras falten documentos, las sospechas deben seguir siendo eso: sospechas.