Tensión institucional en Colombia: la emergencia económica de Petro entra en vigencia

El panorama político en Colombia dio un vuelco dramático este lunes con la firma del Decreto 1390, mediante el cual se formaliza la emergencia económica de Petro en todo el territorio nacional. La medida surge como una respuesta directa al naufragio de la reforma tributaria en el Congreso, un revés legislativo que dejó al Ejecutivo sin los 16,3 billones de pesos colombianos necesarios para financiar el presupuesto del próximo año. Con esta decisión, el mandatario busca facultades extraordinarias para dictar normas con fuerza de ley, evitando el debate parlamentario tradicional en un clima de extrema polarización.

La declaratoria de la emergencia económica de Petro tendrá una duración inicial de 30 días, período en el cual el gabinete ministerial podrá implementar ajustes impositivos de manera unilateral. Según el documento oficial, el país enfrenta una crisis fiscal que ha adquirido un carácter de «grave e inminente», poniendo en riesgo la prestación de servicios básicos y el pago de obligaciones estatales inaplazables. Para el Palacio de Nariño, el archivo de las iniciativas fiscales en el legislativo no dejó otro camino que apelar a estos mecanismos de excepción previstos en la Constitución.

Decreto 1390 Del 22 Del Diciembre de 2025 by yospin

Las causas detrás de la emergencia económica de Petro en Colombia

El gobierno ha enumerado una serie de factores técnicos y sociales que, combinados, hicieron estallar la caja de la Tesorería. Dentro de los fundamentos de la emergencia económica de Petro, se destacan las presiones presupuestales derivadas del sistema de salud y una abultada deuda por sentencias judiciales que asciende a los 1,5 billones de pesos. A esto se le suma el deterioro del orden público y los costos inesperados de la ola invernal, variables que, según el Ejecutivo, superan cualquier margen de maniobra financiera ordinaria bajo la actual regla fiscal.

Otro punto de fricción que justifica la emergencia económica de Petro son las obligaciones contractuales vencidas y las deudas con las víctimas del conflicto armado. El Estado colombiano se encuentra, según sus propias palabras, en una «incapacidad de garantizar el goce efectivo de derechos fundamentales» si no se logra cerrar el bache financiero de forma urgente. Esta acumulación de gastos rígidos, sumada a las restricciones para el endeudamiento público, terminaron por precipitar una decisión que ya genera fuertes cruces con la oposición política y los gremios empresariales.

Nuevos impuestos bajo el paraguas de la emergencia económica de Petro

Aunque el decreto marco no detalla cada artículo de las futuras leyes, sí marca la hoja de ruta de lo que se viene para el bolsillo de los colombianos. La emergencia económica de Petro priorizará impuestos directos e indirectos sobre los sectores con mayor capacidad contributiva, con un foco especial en el sector financiero y el patrimonio de las personas naturales. También se anticipan ajustes en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), evaluando tarifas diferenciales que podrían encarecer determinados bienes y servicios que hasta ahora gozaban de beneficios.

La intención del Ejecutivo bajo la emergencia económica de Petro es fortalecer los llamados «impuestos saludables» y los tributos verdes, gravando con mayor fuerza el consumo de bebidas alcohólicas, vaporeadores y la extracción de combustibles fósiles. Se menciona, además, la posibilidad de elevar el gravamen a los movimientos financieros, una medida que ya genera resistencia en el sector bancario. La rapidez con la que se expidan estos decretos legislativos será clave para determinar si el gobierno logra recaudar los fondos antes de que termine el ejercicio fiscal.

El control de la Corte sobre la emergencia económica de Petro

A pesar de la fuerza del decreto, el camino no está despejado para el mandatario colombiano. Todas las medidas dictadas durante la emergencia económica de Petro deberán pasar por el filtro de la Corte Constitucional, que tiene la potestad de anularlas si considera que no existe una relación directa entre la crisis y las soluciones propuestas. El máximo tribunal podría incluso convocar a sesiones extraordinarias durante la vacancia judicial de fin de año para tratar este tema de urgencia nacional, evaluando si realmente se agotaron todas las vías democráticas antes de recurrir al estado de excepción.

¿Será capaz este mecanismo excepcional de estabilizar las finanzas colombianas o terminará profundizando la grieta institucional en un momento de fragilidad económica?