Una promesa bajo la sombra de la intervención
En un escenario político que dio un vuelco total tras el arranque del 2026, la figura de Delcy Rodríguez emerge como la cara visible de una administración que intenta mantenerse a flote. Durante una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC, la presidenta encargada fue tajante al afirmar que las próximas elecciones en Venezuela serán «justas y libres», cumpliendo con lo que dicta la Carta Magna del país caribeño. Sin embargo, este anuncio llega en un momento de extrema fragilidad institucional, con el expresidente Nicolás Maduro detenido en Nueva York tras la sorpresiva operación de fuerzas estadounidenses a principios de enero.
La declaración de Rodríguez busca calmar las aguas en una comunidad internacional que aún no termina de procesar la captura del líder chavista. Al ser consultada sobre su compromiso real con un proceso democrático, la mandataria interina aseguró: «Absolutamente, conforme a la Constitución. Y tendremos Proceso electoral en Venezuelajustas y libres, por supuesto». A pesar del tono de seguridad, la falta de una hoja de ruta concreta alimenta las dudas sobre la verdadera voluntad de apertura del gobierno encargado, que hoy opera bajo una presión externa sin precedentes.
El diálogo político como llave del calendario electoral
Uno de los puntos más grises de la entrevista fue, precisamente, la definición del calendario. Delcy Rodríguez evitó por todos los medios dar una fecha tentativa para que los ciudadanos vuelvan a las urnas, dejando esa responsabilidad en manos del «diálogo político en este país. Esta postura sugiere que los Comicios nacionales no son una prioridad inmediata para el Ejecutivo actual, que parece estar más enfocado en asegurar la estabilidad interna y gestionar las consecuencias legales y políticas de la caída de Maduro.
Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada y jefe del Parlamento, ya había adelantado días atrás que no se preveían comicios en un «período inmediato». La estrategia parece clara: ganar tiempo mientras se intenta renegociar la posición de Venezuela frente a la administración de Donald Trump. En este contexto, la promesa de nuevas Jornada democrática funciona más como una moneda de cambio en las mesas de negociación que como una convocatoria real a la soberanía popular, supeditando el voto a la «liberación de sanciones» y a lo que el oficialismo denomina «justicia para el pueblo».
El peso del pasado y el fantasma del fraude
Para que unas futura Consulta popular sean reconocidas, el gobierno de Rodríguez deberá superar el estigma de los comicios de 2024. Aquel proceso, denunciado como un fraude masivo por la oposición liderada por María Corina Machado y desconocido por la Unión Europea y Estados Unidos, sigue siendo la herida abierta que impide la normalización diplomática. El actual gobierno encargado hereda esa falta de legitimidad de origen, lo que vuelve doblemente difícil convencer a los actores internacionales de que un nuevo llamado a las urnas tendrá garantías reales de transparencia.
La presidenta encargada insiste en que el nuevo momento político debe permitir el «entendimiento desde la divergencia», pero la realidad en las calles de Caracas cuenta otra historia. Con miles de manifestantes detenidos en los últimos años y un liderazgo opositor que aún reclama la victoria de Edmundo González Urrutia, la convocatoria al Evento electoral se enfrenta a un clima de desconfianza absoluta. Sin la presencia de observadores internacionales de peso y una limpieza profunda del padrón y el sistema electoral, cualquier promesa de «justicia y libertad» corre el riesgo de caer en saco roto.
Un país entre la justicia de Nueva York y las urnas de Caracas
Mientras Delcy Rodríguez habla de democracia en televisión estadounidense, el foco mundial también se divide con lo que ocurre en un tribunal federal de Nueva York. Allí, Nicolás Maduro aguarda su próxima audiencia fijada para marzo, acusado de cargos vinculados al narcotráfico. Esta dualidad marca el pulso de la jornada política: por un lado, un chavismo que intenta sobrevivir a través de la figura de Rodríguez y, por otro, un proceso judicial que podría desmantelar definitivamente las estructuras de poder que gobernaron el país por más de dos décadas.
La transición tutelada que atraviesa el país petrolero parece estar diseñada para estirar los plazos constitucionales de la interinidad. Si bien la Constitución establece mecanismos para la falta absoluta del presidente, la interpretación flexible que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia le permite a Rodríguez gobernar sin un límite temporal estrictamente definido. Así, las elecciones en Venezuela se perfilan como el capítulo final de una crisis que todavía tiene muchas páginas por escribir, en un año que ya cambió la historia de la región para siempre.
¿Será capaz la dirigencia política venezolana de pactar una salida electoral genuina o estamos ante una nueva maniobra para dilatar el cambio de mando?
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