El Parlamento Europeo ha instado este martes a fortalecer la cooperación entre las autoridades fiscales de los Estados miembro para luchar contra el fraude del IVA. En particular, se busca intensificar el intercambio de información y reforzar el control sobre transacciones sospechosas en operaciones comerciales dentro de la UE. Estas prácticas, según estimaciones del propio Parlamento, generan pérdidas anuales de entre 12.500 y 32.800 millones de euros.
Uso de Inteligencia Artificial para Detectar el Fraude
El informe aprobado por el pleno, con 357 votos a favor, 271 en contra y 31 abstenciones, propone el uso de herramientas de inteligencia artificial para identificar irregularidades en tiempo real. Los eurodiputados abogan por fortalecer los recursos de los organismos europeos contra el fraude y clarificar las obligaciones para recuperar y devolver al presupuesto comunitario el dinero ilegalmente obtenido.
Tratamiento del Fraude Carrusel
Una de las principales inquietudes es el llamado fraude del IVA en cadena o ‘fraude carrusel’. Este mecanismo permite que varias empresas compren y vendan mercancías entre países de la UE, eludiendo el pago del impuesto. La Eurocámara considera que es crucial mejorar la coordinación entre las administraciones nacionales para identificar estas transacciones fraudulentas antes de que se pierda el dinero.
El documento sugiere que los países compartan rápidamente datos sobre compraventas a través de Eurofisc y que incorporen inteligencia artificial en sus sistemas de análisis para detectar movimientos sospechosos entre compañías de diferentes Estados miembro.
Acceso a Información Clave para Investigaciones
Además, se propone asegurar que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía Europea tengan acceso a la información necesaria sobre el IVA y los pagos para sus investigaciones, todo dentro del respeto a las competencias de cada organismo.
Reforzar Recursos y Control del Dinero Recuperado
Por otro lado, los eurodiputados sugieren que el próximo presupuesto de la UE para 2028-2034 contemple suficientes recursos para prevenir y perseguir estas prácticas. También, abogan por introducir garantías que eviten el mal uso de los fondos comunitarios, incluyendo la identificación de los destinatarios finales de las ayudas y sus propietarios reales.
La resolución aboga por establecer normas comunes para coordinar a los entes encargados de combatir las irregularidades y crear un sistema de notificación unificado apoyado en herramientas digitales que faciliten las investigaciones. Asimismo, se solicita una revisión de la legislación europea para definir responsabilidades precisas y garantizar un intercambio de información eficaz entre la OLAF y la Fiscalía Europea.
Finalmente, el Parlamento insta a que los bienes y montos confiscados por la Fiscalía Europea sean devueltos, total o parcialmente, al presupuesto comunitario y que se lleve un seguimiento del dinero efectivamente recuperado.
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