La puesta en marcha de la planta hidrógeno Paysandú atraviesa semanas determinantes tras la decisión del gobierno de Yamandú Orsi y la multinacional Hif Global de prorrogar el cronograma de acuerdos. Lo que inicialmente debía sellarse el pasado 31 de marzo, ahora tiene como fecha límite el 30 de junio, en un intento por salvar la que se proyecta como la inversión privada más grande en la historia de Uruguay: USD 5.300 millones destinados a la producción de combustibles sintéticos.
Esta extensión del plazo no es un simple trámite administrativo, sino el reflejo de una negociación compleja donde los números aún no cierran para ambas partes. El proyecto, que prevé exportar combustibles a Europa y Asia a partir de 2029, se encuentra en un punto donde la viabilidad financiera choca con las tarifas energéticas estatales.
El desafío del precio energético en la planta hidrógeno Paysandú
El punto de fricción, definido por la propia empresa como un “cuello de botella”, radica exclusivamente en el precio al que la estatal UTE venderá la energía eléctrica a la multinacional. Hif Global ha puesto sobre la mesa una cifra de USD 40 por megavatio hora (MWh), un valor que, según fuentes del Ministerio de Industria y Energía, todavía está lejos de las expectativas del Estado uruguayo.
Para la compañía, el costo de la energía no es un detalle menor, ya que representa aproximadamente el 70% de sus costos operativos totales. En un mercado global de hidrógeno verde que recién comienza a dar sus primeros pasos, cada dólar de diferencia en la tarifa eléctrica puede determinar el éxito o el fracaso del cierre financiero, previsto para finales de este 2026.
Competencia regional y plazos financieros
Martín Bremmerman, CEO de Hif Global, ha sido claro en sus recientes exposiciones ante la prensa: Uruguay compite en un escenario global donde otros países de la región ofrecen condiciones más agresivas. Mientras la propuesta de Uruguay se debate en torno a los USD 40, Paraguay ofrece energía a USD 25, Chile a USD 32 y Brasil a USD 36.
Esta brecha de precios es la que mantiene en vilo la decisión final de inversión. La empresa necesita tener definidos todos sus costos operativos al menos seis meses antes del cierre financiero de diciembre para poder salir a buscar los fondos necesarios en el mercado internacional. Si para junio no hay un acuerdo firme sobre la tarifa de UTE, la ventana de oportunidad para que Paysandú reciba esta inversión podría comenzar a cerrarse en favor de otros destinos.
Conflictos ambientales y presión diplomática
A la complejidad económica se le suma un frente diplomático y social en el litoral. La ciudad argentina de Colón, vecina a Paysandú, ha manifestado su preocupación por el posible impacto ambiental en el río Uruguay. Los colectivos sociales de la zona han intensificado sus protestas, argumentando riesgos en el uso de los recursos hídricos para la producción a gran escala.
Esta inquietud ha escalado a nivel político, con advertencias desde la Gobernación de Entre Ríos sobre posibles acciones legales ante la Corte Internacional de La Haya, un escenario que evoca viejos conflictos diplomáticos entre ambos países por plantas de celulosa. El gobierno uruguayo, sin embargo, mantiene la confianza en que los estudios de impacto ambiental y los diálogos bilaterales permitirán avanzar sin contratiempos mayores en este ámbito.
El contrato de inversión que se espera firmar en junio es el paso previo y necesario para que la multinacional comunique su decisión final en diciembre. Por ahora, el «cuello de botella» energético es el principal obstáculo que separa a Uruguay de consolidarse como un nodo exportador de energía limpia en el Cono Sur.
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